Pacto fiscal: expertos advierten por recaudación de proyecto de elusión y evasión, que es la base de nueva propuesta de Hacienda

El fin del camino para conocer el detalle del pacto fiscal se acerca. El 31 de julio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, revelará cuál será el contenido definitivo y el cronograma legislativo que se seguirá. En ese marco, uno de los temas que más detalles ha entregado en las mesas de trabajo con las micro, pequeñas y medianas empresas y con los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se relaciona con las normas para combatir la elusión y evasión.

En este eje, Hacienda se ha abierto a realizar modificaciones a la propuesta original. Entre las principales se propone la creación de un consejo asesor consultivo -compuesto por personas externas con trayectoria en materia impositiva- del director del Servicio de Impuestos Internos (SII) que deberá emitir una opinión acerca de los casos de la Norma General Antielusión (NGA) presentados a su conocimiento. Para su composición se tomarán como base el consejo consultivo de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) y otras instancias de similar naturaleza impulsadas anteriormente.

Respecto al denunciante anónimo se creará esta figura legal que, según ha detallado Hacienda, permite que quienes aporten información a la administración para la persecución de delitos tributarios, sean premiados con una parte de los montos recaudados. No obstante, para evitar mal uso, se incorporan sanciones a las denuncias falsas.

Si bien los expertos tributarios ven que los cambios mejoran el texto original, las dudas están centradas en el denunciante anónimo y, principalmente, en la recaudación que se pretende lograr con estas medidas antielusión y antievasión, que es además la base para lograr mayores recursos, dado este nuevo escenario. De acuerdo a los cálculos que ha hecho Hacienda, con estas medidas se quiere lograr recursos de 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB), unos US$5.600 millones.

Quien tiene una visión positiva es Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien afirma que “en general, me parece bien en avanzar hacia reducir y desincentivar la evasión y la elusión, no solo por motivos de recaudación, sino que especialmente porque rompe la equidad tributaria horizontal: dos personas que ganan los mismo no pagan los mismo en impuestos si una de ellas evade o elude”.

Con respecto a los cambios al denunciante anónimo, a Agostini “le parece una buena medida que en Estados Unidos y en Inglaterra ha funcionado muy bien”. En ese sentido, añadió que “si se ponen los resguardos para sancionar las denuncias falsas, no veo ningún problema. A los empresarios que no evaden impuestos no debería preocuparles, ya que no hay razones para que los denuncien y si se presentan denuncias falsas van a ser sancionados quiénes las hagan”.

Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal, acota que, si bien le “parece positivo, en términos generales, que exista un esfuerzo de parte de Hacienda en combatir la elusión ilícita y la evasión tributaria, en la medida que pueda entenderse que dichas acciones sustituyen la posible alza de impuestos o creación de nuevos tributos”, considera que “la figura del denunciante anónimo siempre me ha parecido nociva, porque no estoy de acuerdo con establecer un incentivo económico para la denuncia de infractores en materia tributaria”.

Hugo Hurtado, socio Líder, Tax and Legal en Deloitte, ve de buena manera los cambios, ya que “van por el camino correcto como el poner multas a un denunciante anónimo que hace una acción sin fundamento”. Valora también el hecho de que se cree un consejo consultivo para determinar si aplica o no la Norma General Antielusión y que no quede sólo a discreción del Servicio de Impuestos Internos.

Otro que también cree que los ajustes mejoran el texto original es Javier Jaque, socio de Consultoría Tributaria CCL AC Auditores Consultores, quien señala que el hecho de que exista “un consejo consultivo le da un equilibrio para la aplicación de norma, pero debe ser vinculante en su opinión y no quedarse solo en las recomendaciones”.

Este eje para el gobierno es lo central para lograr allegar recursos, principalmente, porque son materias que generan mayor consenso a nivel político, que incluso en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cuando se discutió el proyecto original contó con votos de Renovación Nacional. Sin embargo, es uno de temas donde se generan mayores dudas sobre la recaudación que estas medidas podrían generar y que apunta, según el gobierno, a 1,6% del PIB.

De hecho, en enero pasado ya fue advertido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), comentaron que “la experiencia de la Asistencia Técnica del FMI sugiere que las reformas de la administración tributaria sólo ocasionalmente rinden más del 0,5% del PIB, aunque el rendimiento exacto depende de las medidas específicas y de la capacidad de la administración tributaria”.

Para Agostini “es irresponsable dar una cifra, porque ni siquiera sabemos cuánto es la evasión en la mayoría de los impuestos, solo conocemos la del IVA, así que es difícil estimar en cuánto se puede reducir si ni siquiera sabemos cuánto es”.

Misma línea tiene Andrés Ossandón, abogado socio y director del área tributaria de Arteaga Gorzigli, sostiene que “es sumamente complejo cuantificar la evasión y elusión tributaria, toda vez que implica medir conductas, que, por una parte, suponen un incumplimiento tributario activo, y por el otro, incumplimientos motivados por el error o desconocimiento, o bien conductas que perfectamente podrían enmarcarse dentro de la legitima opción del contribuyente de organizar sus actividades y negocios de una manera tributariamente eficiente dentro de las alternativas contempladas en la Ley tributaria”.

Hurtado se suma a estas visiones: “Tenemos dudas sobre qué cambios profundos se están haciendo para lograr recaudar 1,6% del PIB. Eso no se ve y por ello, tenemos una preocupación de esos cálculos”. Para Bustos “es un cálculo optimista, pero podría ser efectivo si es que se fiscalizan con fuerza sectores informales que no están tributando en la actualidad”.

Este jueves a las 14:30 horas finalmente se efectuará una reunión entre Hacienda y los representantes del gran empresariado quienes le presentarán su propuesta de pacto fiscal. Esta considerará los ejes que se abordaron en las reuniones que han sostenido con Hacienda y que se dividen en cuatro: los capítulos se dividen en: evasión y elusión; gasto público y modernización del Estado; crecimiento y medias pro inversión y aspectos generales para el incentivo al ahorro; y la reducción de los permisos para los proyectos de inversión.

El viernes, en tanto, el turno será con los dirigentes de las micro, pequeñas y medianas empresas. La cita será a las 12 horas. Ese mismo día también está contemplada una reunión con los representantes de la Democracia Cristiana.