Por cantidad de medidas que propone el gobierno en el pacto fiscal no se queda. A las 11 que tiene el eje de modernización del Estado, las 30 que tiene el eje de crecimiento e inversión, ahora se suman 27 relacionadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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En una nueva reunión que sostuvo Hacienda con los representantes de los partidos políticos, se presentaron ocho medidas se relacionan con la modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA ); once propuestas en materia de justicia y equidad tributaria; el proyecto de ley para elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que incluirá las normas para combatir la informalidad; seis medidas para fortalecer a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon); y un incentivo a la regularización de situaciones de incumplimiento tributario, aplicable por una sola vez y en un plazo acotado.
“Vamos a poner un énfasis bastante mayor que el del proyecto original de reforma tributaria, particularmente en el fortalecimiento de las instituciones responsables de la cobranza, del giro y la fiscalización de impuestos”, enfatizó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien estuvo acompañado por la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner, el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, y el coordinador de políticas tributarias de la cartera, Diego Riquelme.
Entre las propuestas centrales están los cambios que el Ejecutivo propone para algunas materias que estaban incorporadas en el proyecto original de la reforma tributaria y que fue rechaza por la Cámara de Diputados.
En este punto, y a diferencia de lo que se presentó el año pasado, ahora al introducir la figura del Denunciante Anónimo Tributario se considera la experiencia en la regulación del mercado de valores (CMF), considerando sanciones en el caso de denuncias maliciosamente falsas. Y se suma la creación de la figura de la colaboración sustancial en la persecución de delitos tributarios.
Además, se introduce un nuevo delito a quien sin justificación económica disminuya artificialmente su patrimonio con el objetivo de frustrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
También se actualizar la norma sobre tasación dotándola de criterios más objetivos para establecer si la transacción se realiza en condiciones normales de mercado siempre en relación a operaciones comparables considerando las circunstancias especiales de la operación analizada.
Otro de los temas que generó bastante discusión y críticas de la oposición fueron los cambios propuestos a la Norma General Antielusiva. Por lo mismo, de acuerdo a lo señalado por Hacienda a los representante de los partidos, se propone introducir modificaciones que permitan esclarecer la correcta interacción entre las normas especiales antielusivas y la norma general de forma de regular la aplicación de estas a las diferentes situaciones que se pueden dar, evitando soluciones contradictorias y eliminando espacios de elusión.
Asimismo, y dado que no había una solo mirada al respecto, la definición sobre la aplicación administrativa o judicial de esta norma, quedará entregada a la discusión legislativa. “En caso de ser administrativa se propone incorporar un comité externo consultivo, que entregue una opinión objetiva sobre la razonabilidad económica de la o las operaciones analizadas antes que el SII tome la decisión de aplicar o no la norma. Si su aplicación se mantiene en sede judicial, se establecerán modificaciones destinadas a aclarar el procedimiento en materias relevantes como notificaciones, audiencias entre otras”, señala el informe preliminar de Hacienda.
Esto marca un cambio en relación a la propuesta original, puesto que Hacienda era partidario de que la aplicación fuera a través del SII.
Otro de los ejes es la modernización de la administración tributaria y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). En este punto se propone implementar la multijurisdicción permitiendo que el SII distribuya de mejor forma el trabajo de fiscalización considerando criterios de eficacia y eficiencia (cargas de trabajo, complejidad u otros).
También se establece el domicilio electrónico como el procedimiento general de notificación por parte del SII, TGR, Aduanas y los Tribunales Tributarios Aduaneros, en línea con la implementación de la ley de transformación digital.
Otro punto es modificar el procedimiento de levantamiento del secreto bancario, de forma que sea el contribuyente quien deba oponerse a través de un procedimiento judicial, modificando el procedimiento en el caso de requerimiento de administraciones internacionales para adecuarse al estándar internacional en la materia.
Hacienda incluye el crear un marco de “rehabilitación de contribuyente” para el tratamiento de las deudas tributarias, que incluye: reducir la tasa de interés de deudas tributarias y fijar un procedimiento de determinación a partir de tasas de mercado (publicadas por la Comisión para el Mercado Financiero — CMF) más un spread de 3,5%. Y permitir que los convenios de pago ante TGR por pymes con un plazo de hasta 18 meses puedan ser con un pie del 5% de la deuda y con condonación de intereses y multas.
Otro aspecto que se agregó en este pacto es el realizar un fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de Aduanas. Junto con realizar todas las mejoras necesarias para que el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería puedan cumplir con las obligaciones y objetivos que emanan del Proyecto de Ley de cumplimiento tributario.
Se propone fortalecer la Defensoría del Contribuyente agregando dentro de sus funciones la enseñanza y difusión del cumplimiento de las obligaciones tributarias. También se reconocerá la posibilidad de realizar estudios en el ámbito de su competencia y ampliar las facultades para la representación ante el SII a todo tipo de peticiones administrativas u otro tipo de actuaciones de fiscalización, entre otras.
