Es un proyecto que ha tenido un largo y lento transitar por el Congreso. Se ingresó en septiembre de 2021 por el anterior gobierno. En agosto de 2022, Hacienda ingresó un primer paquete de indicaciones, sin embargo, no avanzó. La iniciativa se encuentra ahora en segundo trámite legislativo en la Comisión de Hacienda del Senado.
Pero ahora está teniendo un nuevo impulso debido al pacto fiscal, ya que, en su eje de reforma al Estado para elevar la eficiencia y calidad del gasto público, se incluyó este proyecto de responsabilidad fiscal.
Por lo mismo, para reactivarlo el gobierno ingresó un nuevo set de indicaciones que apuntan a potenciar la institucionalidad del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y aumentar la transparencia del gasto público.
Como primer eje de estas indicaciones, se le dan mayores responsabilidades al CFA. De acuerdo a Hacienda, “se amplían las funciones de evaluación y monitoreo del CFA respecto del cálculo del ajuste cíclico, de las proyecciones de los indicadores que guíen las reglas fiscales vigentes, y de los Activos Financieros del Tesoro Público, tanto para el año en ejecución del presupuesto como para el siguiente y para el mediano plazo, incluyendo los escenarios alternativos”.
Además, se propone incluir dentro de las atribuciones del CFA “manifestar opinión ante eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas fiscales establecidas y, en esos casos, proponer medidas de mitigación”.
Otro eje que incluyó el Ejecutivo es que se aumentan a 10 las reuniones mensuales máximas consideradas en su remuneración para el CFA y se propone ajustar la remuneración del presidente del Consejo.
Pero junto con mayores atribuciones, se incorporan incompatibilidades adicionales con la labor del consejero, entre ellas no puede ejercer el cargo de director o ejecutivo principal de empresas o sociedades públicas o del Estado, prestar servicios al Ministerio de Hacienda o a sus servicios dependientes o relacionados.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacó que “con estas nuevas indicaciones, que recogen propuestas del Consejo Fiscal Autónomo, estamos reconociendo como Ejecutivo las mayores labores del Consejo, y también una serie de contribuciones que nos han propuesto. Este paquete de modificaciones contribuirá a reforzar aún más la predictibilidad, credibilidad y sostenibilidad de la política fiscal”.
Otra de las modificaciones que se presentan es generar una mayor transparencia fiscal. Para ello se incorporan obligaciones permanentes de entrega de información por parte de Hacienda y la Dipres a la Cámara de Diputados y el Senado, sobre materias referidas a la eficiencia del gasto.
Según señaló Hacienda, se explicita que los informes financieros que acompañan los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo deberán incluir análisis de largo plazo cuando su implementación tenga un impacto significativo en la proyección de los ingresos y/o gastos.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, puntualizó que “la responsabilidad fiscal es uno de nuestros principales compromisos, junto con el crecimiento económico y el progreso social, razón por la cual forma parte integral del Pacto Fiscal”.
Para el secretario de Estado con estas indicaciones “se están eliminando eventuales interpretaciones respecto de la regla fiscal, pues en la medida en que se hace más explícita y se cumple con rigor, gana credibilidad y da sostenibilidad a las políticas públicas. Asimismo, se refuerza la transparencia para afianzar la credibilidad ciudadana en este instrumento”.
De acuerdo a lo detalla por Hacienda, este proyecto junto con estas últimas indicaciones responde a un compromiso del Ejecutivo con el Congreso y son parte del eje de Reforma del Estado del Pacto Fiscal.
Estas indicaciones complementan a las que se ingresaron en 2022, entre ellas, la que establece una regla dual del Balance Estructural que agrega una medida de deuda bruta como porcentaje del PIB, para el período de la administración de un gobierno.
También en ese entonces, se consideró una cláusula de escape que permitirá a futuros gobiernos desviarse de la meta de balance fijada, por un plazo acotado, hasta por dos años de las metas fiscales de Balance Estructural, ante eventos extraordinarios y transitorios. Esta fórmula empezará a regir en 2026.