Pacto fiscal: Hacienda propone a partidos políticos gradualidad de cuatro años para aumento de la recaudación

La última reunión del pacto fiscal se realizó este jueves. En doble jornada, Hacienda abordó primero la última temática que tiene relación con el eje de cumplimiento tributario e informalidad. Esta incluye medidas para control de la evasión y elusión, e incentivos para la formalización. Y por la tarde, presentó a los representantes de los partidos políticos los puntos donde hubo acuerdo y las materias donde se podrían incorporar algunas propuestas de las colectividades.

Uno de los temas que definió Hacienda es la gradualidad en el aumento del gasto público, considerando que la meta del gobierno es recaudar 2,7% del PIB, unos US$8.000 millones. De ese total, 1,2% es para financiar pensiones, 0,9% del PIB para salud, 0,3% para protección social y 0,3% para seguridad pública.

En ese sentido, de acuerdo a la presentación que hizo la cartera que dirige el ministro Mario Marcel, la gradualidad para llegar a los 2,7% del PIB sería de cuatro años. Así, el primer año la necesidad de gasto asciende a 0,5% del PIB; el segundo año es de 1,1%; el tercer año de 1,5%, y ya el cuarto año se entraría en régimen, completando el 2,7% del PIB.

Según se mostró en la exposición del gobierno, hubo un respaldo transversal a gastos contemplados en el pacto, sin embargo, en este punto según se detalló, hay espacios, como el hecho de designar educación como sector estratégico, que requiere mayor financiamiento, y considerar perspectiva territorial en la incorporación de necesidades de gasto, especialmente en el ámbito de seguridad, dado que existen expresiones del crimen organizado en regiones.

En el eje de reformas al Estado hubo acuerdo en la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, que debiera ser colegiada y con independencia técnica, y cuyas evaluaciones tengan incidencia en el ciclo presupuestario. En cuanto a las medidas de descentralización, hay un acuerdo en avanzar en descentralización fiscal, pero fortaleciendo los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia a los cuales deban ser sometidos los gobiernos regionales.

También hay acuerdo, pero espacios de mejora, en el fortalecimiento de Acuerdos Regionales de Inversión (ARI), con mayor estandarización y coordinación entre los niveles nacional, regional y comunal. Lo mismo en avanzar en mayor transparencia de la información del empleo público y regular cargos de confianza en el Estado.

En el eje de crecimiento, se detalló acuerdos en temas como la eliminación de la categoría de Permisos Ambientales Sectoriales, establecer criterios de proporcionalidad en la tramitación de permisos de inversión, eliminar instancia del Comité de Ministros para permisos ambientales y reemplazarlo por un órgano de carácter técnico, además de adelantar las consultas, incluir tipologías de ingreso de proyectos de inversión, realizar reforma legal a permisos de concesiones marítimas, fortalecer la gestión de los permisos ligados al Consejo de Monumentos Nacionales, avanzar en modernización de las direcciones de Obras Municipales y analizar casos para la aplicación del silencio administrativo.

Además se acordó expandir e incorporar a las pymes en la Ley de Beneficios Tributarios de I+D, en la implementación de incentivos tributarios de carácter transitorio, como depreciación semiinstantánea y reducción del impuesto de timbres y estampillas, y hubo una evaluación positiva de la Ley de Beneficios Tributarios para las inversiones con efecto multiplicador.

En otro eje se produjo acuerdo con espacios de mejora en temáticas como la agilización de concesiones: En este caso, se evaluarán mecanismos para reactivar obras de infraestructura y viales que estén paralizadas, elaborar un Plan de Infraestructura Nacional y diseñar una propuesta legislativa que extienda responsabilidad de las empresas con sus subcontratistas. Asimismo, se fortalecerá la infraestructura y gestión hídrica. Al respecto, se propone complementar el proyecto de ley de regulación de las desaladoras con una iniciativa que permita el ordenamiento territorial de la industria.

También se generarán criterios que orienten la inversión pública para disminuir inequidades entre territorios, lo que deberá ser incorporado al Sistema Nacional de Inversiones.

De acuerdo a los presentes, ahora Hacienda elaborará un documento que resuma los temas abordados, los acuerdos y los espacios de mejora. Ese texto será socializado con los diputados y senadores, para luego terminar de analizar cómo se sigue adelante en cuanto a la priorización de los proyectos de ley que se ingresarán al Congreso.