Pacto fiscal: Hacienda reduce a la mitad monto que aspira a recaudar con aumento de impuestos, a unos US$2.000 millones

El 1 de agosto el gobierno anunció un nuevo esquema para reimpulsar la reforma tributaria rechazada en marzo de este año. Bajo el nombre de pacto fiscal, el gobierno comenzó una serie de reuniones con distintos actores como empresarios, sociedad civil, académicos y partidos políticos.

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A diferencia del proyecto original, el pacto fiscal puso un mayor énfasis en crecimiento económico y mejor gasto público y, por lo mismo, convocó a una comisión de expertos para que calculara el aporte de las medidas procrecimiento en la recaudación fiscal y a la vez un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para determinar cuál era el espacio que existía para que el gasto público sea eficiente.

Con esas cifras clara, se iba a tener una mayor certeza del aporte en la recaudación por esa vía. A ese esquema se sumaba la proyección de recaudación con el proyecto de cumplimiento tributario que el propio Ejecutivo cifró en 1,5% del PIB. Con esos datos sobre la mesa, el gobierno iba a tener certeza de cuánto era lo que se necesitaba recaudar vía alza de impuestos, a través de cambios al sistema a la renta, para completar la meta de recaudación fijada en 2,7% del PIB, lo que sería una cifra sobre US$9.000 millones con cifras proyectadas a 2024.

Y ahora, después de cuatro meses, se puede afirmar que la primera etapa del pacto fiscal está entrando en su recta final. Esto porque Hacienda reveló este jueves varias cifras que son claves para determinar cuánto es lo que se necesitará recaudar con los cambios impositivos al sistema de renta.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que considerando los resultados de los informes tanto del comité de expertos para el cálculo del aporte del crecimiento como el de la OCDE para una mayor eficiencia del gasto público, para el período 2025-2028 se requiere en promedio 0,6% del PIB en ingresos adicionales a los que se podría obtener por el mayor crecimiento, eficiencia del gasto, y complimiento tributario.

¿Por qué se fija ese periodo? Porque la recaudación proyectada de 2,7% tendrá una gradualidad de cuatro años. Así, el primer año la necesidad de gasto asciende a 0,5% del PIB; el segundo año es de 1,1%; el tercer año de 1,5%, y ya el cuarto año, es decir, en 2028, se entraría en régimen, completando el 2,7% del PIB.

Ese año un 0,5% se recaudará por las medidas de impulso al crecimiento, 0,13% por eficiencia del gasto, 1,5% cumplimiento tributario, lo que suma 2,1% y la diferencia para completar el 2,7% será alza impositivas que estarán incluidas en el proyecto de rentas que se presentará en marzo de 2024.

El 0,6% del PIB es la mitad de lo que se pretendía recaudar con la reforma rechazada en marzo. En ese proyecto la estimación era de 1,2%. El 0,6% del Producto equivale a unos US$2.000 millones considerando cifras de proyecciones para 2024.

El ministro subrayó que el 0,6% como aumento neto de recaudación “no es trivial, pero es menos exigente que cuando teníamos el doble o el triple de esta cifra”. Marcel precisó que es una recaudación “neta porque hay varias medidas que se han estado discutiendo en el pacto fiscal que reducen la recaudación”.

Sobre este punto, el secretario de Estado dijo que para que se cumplan estas proyecciones “hay que implementar las medidas de crecimiento, las medidas de mejora de eficiencia, de reforma del Estado. Eso requiere apoyo legislativo. No es suficiente que el Ejecutivo elabore un proyecto, sino que tiene que aprobarse. El pacto fiscal como acuerdo político es necesario para que se le pueda dar prioridad a este tipo de reformas”.

El ministro ya ha anticipado que no habrá alza de impuestos a las empresas, tampoco estará incluido el impuesto al patrimonio, ni a las utilidades retenidas. Por ello, los cambios que podrían mantenerse es el alza en los impuestos a las personas que recaudaría 0,23% del PIB, el sistema dual con una recaudación de 0,15%. Por ello, se deberán buscar nuevas opciones de gravámenes para completar el 0,6% del PIB que se necesita.

Sobre ese punto, el titular de las finanzas públicas sostuvo que “debería estar expresado en un solo proyecto de ley que se ingrese en marzo próximo. Sólo con impuesto a la renta debería ser suficiente”, dijo.

En esa línea precisó que “hay que decir que ese aumento de impuestos a la renta se debería dar fundamentalmente por el lado de renta personal, porque lo que está por el lado de renta corporativa lo que está planteado es reducir la tasa general del impuesto de primera categoría”.

La OCDE dio a conocer el informe “Revisiones Selectivas del Gasto en Chile: Plan de acción”, solicitado por el Ministerio de Hacienda. El informe calculó el ahorro que podría generarse tras la revisión de gasto en determinados ítems presupuestarios, además de proponer seis recomendaciones con once acciones para el proceso.

De acuerdo a lo informado por Hacienda, en base a la recomendación de la OCDE, se identificó cuatro áreas potenciales en las que realizar Revisiones de Gastos Selectivas (RSG): gastos operativos, gastos en tecnologías de la información (TI), bienes raíces y un porcentaje del gasto en personal.

Para identificar el gasto en cada una de esas áreas, la Dirección de Presupuestos (Dipres) identificó en el Presupuestos 2022 gastos que han sido parte de RGS llevadas a cabo previamente por otros países de la OCDE, tales como mantenimiento y reparaciones, servicios generales, arriendos de inmuebles, servicios técnicos y profesionales, y equipos y programas computacionales.

De esta manera, la Dipres ponderó el gasto incurrido durante 2022 en cada una de las áreas anteriormente señaladas por el ahorro porcentual identificado en las RGS implementadas en países de la OCDE, para usarlas como referencia. Este ejercicio estimó un ahorro potencial de entre el 0,11% y el 0,13% del PIB en total a mediano y largo plazo, que se materializaría en el marco de una programación plurianual.

“Este informe tiene relación con buscar componentes susceptibles de ahorrar, una manera de dimensionarlo es compararlo con la parte que no es discrecional -subvenciones, gastos comprometidos por ley- y la discrecional que aproximadamente es el 15% del Presupuesto. Si uno lo calcula, equivaldría a un 3% de ahorro de ese gasto discrecional” explicó Marcel.

Para conseguir esos resultados y avanzar en las “Revisiones Selectivas del Gasto en Chile: Plan de acción” y que permanezca como una política anual, la OCDE propone seis recomendaciones en su informe, las que se desglosan, a su vez, en once acciones.

Entre ellas, definir claramente las funciones para llevar a cabo Revisiones de Gasto Selectivas, lo que supone buscar un mandato oficial, determinar las responsabilidades de cada actor y establecer acuerdos formales de gobernanza.

Luego, propone definir los mecanismos de gobernanza para llevar a cabo las Revisiones de Gasto Selectivas a través de una utilización de términos de referencias estandarizados para establecer objetivos claros en cada revisión; contar con reglas de trabajo explicitas para la implementación de las Revisiones de Gasto.

Además, la OCDE señala que se deben presentar los resultados de cada revisión de manera similar, utilizando un formato estándar para los informes de Revisiones de Gasto Selectivas. Asimismo, recomienda garantizar un vínculo claro con el proceso presupuestario, y con ello asegurar que los resultados de las Revisiones de Gasto Selectivas se puedan utilizar para reasignar recursos dentro del año fiscal o se consideren como parte de las próximas negociaciones presupuestarias, entre otras.