Pacto fiscal: los primeros reparos de la oposición y el empresariado al proyecto antievasión y elusión

Su primera semana de discusión legislativa cumplió este miércoles el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. Este es la primera propuesta tributaria del pacto fiscal que comenzó a analizar la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y dice relación con medidas antievasión y elusión.

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El debate se inició a casi un año de que la Cámara rechazara la idea de legislar la reforma tributaria, lo que llevó al gobierno a reestructura su propuesta impositiva y ampliarla en cuanto a temáticas, en lo que hoy se conoce como pacto fiscal.

La iniciativa en discusión tiene siete ejes, pero algunos ya se anticipan más conflictivos en el trámite legislativo y son precisamente los que los legisladores de oposición y el sector empresarial han levantado durante estos tres días de discusión.

Entre ellos están la creación de la figura del denunciante anónimo, que el nuevo peso de la prueba de la norma antielusión esté bajo el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la creación de un consejo asesor con opiniones no vinculantes. Esto, porque la propuesta de Hacienda traslada a sede administrativa la iniciativa para abrir un caso de norma antielusión y establece la obligatoriedad de que el SII consulte a una comisión técnica de siete integrantes que emita una opinión sobre esa conducta y la acción que realizará, pero sin ser vinculante. Otro eje que también ha recibido críticas es el levantamiento del secreto bancario para casos de evasión y elusión, entre los principales.

El diputado Miguel Mellado (RN) pone su foco de atención en la aplicación de la norma antielusión. Resalta que esta norma se aprobó en la reforma de 2014 y que, por lo mismo, se debe esperar un plazo más amplio para evaluar su aplicación antes de modificarla.

“El 2022 hubo seis requerimientos y en 2023 hubo 17. Es una norma que está recién empezando y, por ello, estamos reformando algo que recién está empezando funcionar. Es prudente esperar antes de volver a cambiarla”, puntualizó.

No obstante, en cuanto al contenido propiamente tal, Mellado sostiene que si se creará un consejo asesor, este “tiene que ser vinculante y remunerado, porque tal como está, es de juguete”. También plantea sus dudas sobre la multijurisdicción y su aplicación en zonas aisladas del país.

La diputada Sofía Cid, integrante de la bancada de RN, complementa la visión de Mellado señalando que “el hecho de que la norma general antielusión sea calificada por el SII, por supuesto que genera dudas. Esto, porque la tramitación que existe actualmente para calificar una conducta como elusiva, requiere del pronunciamiento administrativo y una declaración judicial, lo que es una garantía para el contribuyente, que desaparece con este proyecto de ley”.

La legisladora acota que “en el caso de que se mantenga en el SII, la opinión del consejo tiene que ser vinculante y con miembros que sean remunerados, porque el proyecto, solo contempla remuneración para el director”.

Desde el partido Republicano, el diputado Agustín Romero afirma que “las normas antielusivas están desde el año 2015, es decir, el SII ha tenido las herramientas desde hace años para ponerlas en práctica. El hecho que no lo haya aplicado de modo contundente, ha significado ocho años en que los Tribunales no han generado jurisprudencia que permita hacer madurar y guiar en Chile esta materia”. Agrega que “recién ahora, bajo el actual director, hemos visto mayor actividad, llevando casos puntuales a los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Tal vez podemos perfeccionar el procedimiento, pero es importante que el SII actué a través de un Tribunal”.

Romero también tiene dudas con respecto a cómo está planteada la prescripción en las normas de elusión. “Si consideramos que el SII puede calificar la norma antielusión siendo en la práctica juez y parte, podríamos no tener prescripción en materia elusiva, cuestión que ni siquiera ocurre en materia penal, produciéndose una incerteza brutal”, sostiene.

Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez subraya dónde buscarán hacer cambios en el debate. Menciona que entre los temas que les “generan dudas” está el denunciante anónimo, ya que “hay incentivos para hacer denuncias sin demasiados fundamentos”. Por ello, añade que “quieren conocer bien el detalle de la legislación”. Otro de los temas que plantea el diputado es el levantamiento del secreto bancario. “Queremos ver bien cómo funciona la legislación comparada. Tenemos dudas sobre cómo se aplica en otros países”.

Y con respecto a la norma antielusión, indica que se amplía la discrecionalidad del SII, lo que atenta contra la certeza jurídica. Sostiene que en caso que prospere esta propuesta, la opinión del consejo asesor tiene que ser vinculante.

Desde el sector empresarial, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, enfatizó que se debe combatir la elusión y la evasión tributaria, pero reiteró que no está de acuerdo con levantar el secreto bancario y las atribuciones que tendría el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Esto de levantar el secreto bancario por levantarlo la verdad es que no parece, porque el contribuyente queda a merced del funcionario de Impuestos Internos”, dijo en entrevista con Radio Infinita.

En cuanto al proyecto de impuesto a la renta, el cual todavía está en fase de elaboración y trabajo prelegislativo, Mewes anticipó su rechazo a la idea de elevar el gravamen a las personas que tienen un ingreso desde los $3,2 millones. “Eso es prácticamente la clase media de nuestro país que se va a ver afectada(...) El gobierno está apuntando a los que siempre han pagado y no está apuntando a los que no pagan, que es donde está la informalidad”, aseveró.