La intención era participar en la reunión de este jueves con Hacienda, pero desde un comienzo el partido Republicano había manifestado dudas sobre el formato que tenía la convocatoria que Hacienda había hecho para comenzar a detallar la propuesta de pacto fiscal.

Esto porque consideraban que al incluir a todas las fuerzas políticas con participación en el Congreso no habría espacio para poder generar un diálogo y hacer sus planteamientos. Y esa visión la confirmó este martes el diputado e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, quien señaló que no asistirán a la reunión, pero que al mismo tiempo solicitaron un encuentro bilateral y de esa manera poder tener un mejor diálogo.

“Preferimos una reunión que sean más bilateral. Dado el formato eso no nos acomoda a nosotros. Lo que entendemos por conversación no se ajusta a lo que quiere hacer el gobierno”, explicó Romero.

El legislador aclara que no se trata de estar “pateando la mesa”, sino que apunta a poder tener un trabajo más detallado donde se puedan intercambiar posiciones y poder entregar sus planteamientos.

Hasta el momento, los representantes de la UDI, RN, Evópoli, que integran la oposición mantienen su confirmación para el encuentro de este jueves. También asistirán Demócratas, Amarillos, Partido de la Gente, y los representantes del bloque oficialista: PS, PPD, Partido Radical, DC, Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes entre otros.

El objetivo de este encuentro es “presentarles nuestra propuesta de pacto fiscal, recibir sus primeras reacciones y establecer de trabajo en adelante”, señalaba la invitación.

La convocatoria finaliza diciendo que “esperamos contar con su presencia y disposición para avanzar en esta discusión tan importante para todos los chilenos y chilenas”.

Los ejes

La propuesta de pacto fiscal divide en dos el proyecto tributario original: uno es el mejoramiento de la eficiencia de la fiscalización y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, donde se incluyen medidas para controlar la evasión y elusión; y la reforma a la tributación a la renta, donde estarán radicadas las alzas de impuestos. A ello se suman proyectos de ley y medidas administrativas para mejorar el crecimiento económico y hacer más eficiente el gasto público.

En su conjunto, las propuestas buscan recaudar unos US$8.000 millones, que equivalen a 2,7% del PIB, la misma estimación que se tenía con el proyecto tributario rechazado. De ese total, 1,5% del PIB provendrá de las medidas de mejor cumplimiento tributario, y el restante 1,2% del PIB de lo que se recaude con los cambios al sistema de impuesto a la renta y el mejor gasto público.