El pacto fiscal está en sus horas decisivas. El gobierno presentará el 31 de julio la propuesta para tratar de destrabar la discusión legislativa. Y por ello ha intensificado las reuniones y el trabajo técnico interno. Este martes se reunieron con las micro, pequeñas y medianas empresas y el jueves a las 12 horas la cita será con los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Ese día el gran empresariado llegará a Teatinos 120 con su propuesta de pacto fiscal, que considerará los ejes que se abordaron en las reuniones que han sostenido con Hacienda. De acuerdo al presidente de la CPC, Ricardo Mewes, el documento que presentarán tendrá cuatro ejes. Y si bien aclara que todavía está en fase revisión y de afinar detalles, los capítulos se dividen en: evasión y elusión; gasto público y modernización del Estado; crecimiento y medias pro inversión y aspectos generales para el incentivo al ahorro; y la reducción de los permisos para los proyectos de inversión.
“Hemos estado analizando y recogiendo los temas que Hacienda nos ha entregado. Entre ellos las 36 medidas de crecimiento, los temas de gasto fiscal y modernización del Estado, elusión y evasión y otros temas que nos parece que son importantes que queden y formen parte de esta conversación, como temas de infraestructura hídrica, concesiones y agilización de los trámites para desarrollar proyectos de inversión”, afirmó Mewes.
Mewes subrayó que se están “afinando los temas”, y por ello, espera que este miércoles el documento sea socializado al resto de los presidentes de las ramas del gran empresariado integrados por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cámara Nacional de Comercio (CNC), Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Sociedad Nacional de Minería.
Para Mewes el principal tema que tendrá su propuesta es el que aborda los procesos de permisología. “Esa es la principal traba que tiene hoy la inversión. Todo el proceso burocrático de los permisos para hacer proyectos, eso es algo que estará puesto en mayúscula y destacado en el documento. Eso para nosotros es la piedra de tope. No se trata de no cumplir con las normas medioambientales ni nada que se les parezca, pero el Estado como tal tiene que tener mecanismos que sean ágil y eficientes, no puede ser que proyectos se demoren 10 años en su aprobación. Para nosotros ese tema será lo principal”.
Según detalla el presidente de la CPC, si bien en el documento no habrá una eje que aborde el sistema de impuesto a la renta, ya que eso no se conversó en las reuniones con el ministro - dada la negativa que mostró el empresariado a subir impuestos- plantea que para ellos es “mejor no innovar y mantener el sistema semi integrado para las grandes empresas, tal como estamos, pero ese no es el foco de nuestra propuesta, sino que es algo que puede estar en la discusión una vez que el gobierno presente las temáticas que incluirá en el pacto fiscal”.
En este punto, los asesores técnicos de la CPC le recomendaron a los dirigentes gremiales que el sistema dual no incentiva la inversión, ya que las sociedades deberán tributar de manera independiente, (empresa y socios), por ello, dicen que “eso sería inconveniente y haría que el sistema sea más costoso y eso fomenta la evasión. Ese afecta a las pymes como a los grandes porque el sistema será más caro para todos”.
Desde la CPC, los técnicos que estuvieron presentes en las reuniones con Hacienda, afirman que si bien el gobierno se ha mostrado receptivo, hay varias materias que siguen generando dudas, especialmente algunas relacionadas con la norma antielusión y el funcionamiento del denunciante anónimo.
Ahí unos reclamos apuntan a que, para la CPC, el hecho de que el gobierno insista en que calificación de la norma antielusión esté en sede administrativa y que sea facultad del Servicio de Impuestos Internos (SII), “y nosotros planteamos que se debe mantener como está, en los tribunales como ente independiente”, comentan un experto.
Si bien Hacienda planteó que la creación de un consejo asesor consultivo del director del SII, que estará integrado por personas externas con trayectoria en materia impositiva para que emita una opinión acerca de los casos de la norma general antielusión, no deja tranquilos a los empresarios.
Otra de las dudas que existe es la creación de la figura del denunciante anónimo. “Todavía no tenemos el detalle de funcionaria el denunciante anónimo, pero más que todo nos preocupa las sanciones, que se hagan denuncias anónimas temerarias y eso no tenga sanción”, comentó Mewes.
Las propuestas que Hacienda ha puesto en la mesa
Hasta el momento las modificaciones que Hacienda ha mostrado consisten en cambios de diseño respecto de materias como la Norma General Antielusión (NGA), tasaciones y reorganizaciones empresariales, secreto bancario considerando las recomendaciones de la Corte Suprema y otros actores, IVA a exportadores y denunciante anónimo. Además, se incorporan otros ajustes a normas contra la evasión y elusión.
En el primer caso, Hacienda detalla que se propone la creación de un consejo asesor consultivo -compuesto por personas externas con trayectoria en materia impositiva- del director del SII que deberá emitir una opinión acerca de los casos de la NGA presentados a su conocimiento. Para su composición se tomarán como base el consejo consultivo de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) y otras instancias de similar naturaleza impulsadas anteriormente.
Respecto de las tasaciones, se propuso un perfeccionamiento de la norma que determina que las operaciones que dan paso al potencial pago de impuesto se realicen en “condiciones de mercado” atendiendo siempre las particularidades de la operación, y se regularían de mejor forma los procesos de reorganización empresarial (nacional e internacional) en los cuales la administración tributaria no puede aplicar la tasación.
Otras de las modificaciones apuntan al denunciante anónimo. En este caso se busca crear esta figura legal que, según el gobierno, “ha presentado resultados positivos en otras jurisdicciones como Estados Unidos y Reino Unido”. Esto para el gobierno permitirá que “quienes aporten información a la administración para la persecución de delitos tributarios, sean premiados con una parte de los montos recaudados. No obstante, para evitar mal uso, se incorporan sanciones a las denuncias falsas”.
Además, se propuso la modernización de los procedimientos ante organismos fiscalizadores como la Tesorería General de la República, los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el Servicio Nacional de Aduanas y el SII.
En materia de tipificación de delitos se plantean cuatro modificaciones a los diferentes delitos penales de evasión, con el objetivo de permitir su correcta aplicación y obtención de sentencias efectivas. Estos cambios son incrementar las sanciones, y perfeccionar la descripción del delito para quienes presenten declaraciones de impuestos falsas; se amplía el delito para hacer efectiva la clausura de establecimientos, incorporando como causal, por ejemplo, no enviar los documentos electrónicos al SII.
