Pacto Fiscal: gobierno mantiene meta de recaudar 2,7% del PIB y se concentra en elusión-evasión y personas de altos ingresos

Es probable que la discusión del pacto tributario y por ende el seguimiento de los distintos proyectos y medidas administrativas estén presente durante 2023 y buena parte de 2024. Es que la magnitud de los temas y los plazos que se plantean no son acotados, sino que, todo lo contrario, de largo aliento.

En concreto, lo que contenía el proyecto rechazado por la Cámara de Diputados se dividió en dos: mejoramiento de la eficiencia de la fiscalización y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, donde se incluyen medidas para controlar la evasión y elusión; y la reforma a la tributación a la renta donde estarán radicadas las alzas de impuestos.

En su conjunto, las propuestas buscan recaudar unos US$8.000 millones, que equivalen a 2,7% del PIB, la misma estimación que se tenía con el proyecto rechazado. De ese total 1,5% vendrán de las medidas de mejor cumplimiento tributario. El 1,2% del PIB restante de lo que se recaude con los cambios al sistema de impuesto a la renta y el mejor gasto público.

Su ingreso a la discusión legislativa no es inminente, pero hay alguna definición. La primera propuesta que se trabajará –junto a las propuestas procrecimiento, pero en proyectos separados- será la que buscar un mejor control impositivo.

En este eje, dijo, habrá modificaciones que buscan incrementar la recaudación fiscal sin que necesariamente conlleven un aumento de impuestos, “como ocurre con todas aquellas medidas que modernizan la administración tributaria para lograr una mejor justicia y equidad tributaria”. Y también un segundo grupo de modificaciones tributarias que “producen una menor recaudación mediante la introducción de beneficios tributarios o reducciones de impuestos”.

Acá estarán también las medidas contra la evasión y elusión, donde también se incluirán políticas para reforzar al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Servicio Nacional de Aduanas y para los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA).

Una de las principales medidas apunta a perfeccionar la norma general antielusión. De acuerdo a lo que ha señalado Hacienda, en las presentaciones con los gremios, se implementará un consejo asesor consultivo que deberá emitir una opinión de los casos que se presenten a su conocimiento. Para la composición del consejo se tomarán como base el consejo consultivo de la Defensoría del Contribuyente y otras instancias de similar naturaleza impulsadas anteriormente, y sus miembros deberán ser personas con experiencia en materia tributaria. El funcionamiento del consejo estará contenido en un reglamento.

Para la evasión se creará la figura del denunciante anónimo que, a juicio del gobierno, ha presentado resultados positivos en otras jurisdicciones como Estados Unidos y Reino Unido. De acuerdo a lo que se presentará, quienes denuncien, “siempre que la información aportada permita a la administración la persecución de delitos tributarios, serán premiados con una parte de los montos que sean recaudados. Para evitar mal uso, se incorporan sanciones a las denuncias falsas. Se considerará en especial todo el trabajo legislativo realizado en el proceso anterior”.

En informalidad, se propone eliminar la exención IVA en importación de bienes por hasta US$41, ya que eso genera un incentivo a la subvaloración de bienes. A ello se suman medidas para incentivar la formalidad. Por ejemplo, se establecen medidas más favorables para pymes en cuanto a intereses y convenios de pago de las deudas tributarias. También se mejora el tipo penal y se aumentan sanciones a quienes ejerzan el comercio clandestino, en especial por medios digitales y se establece como delito tributario el transporte o almacenamiento de bienes que no han cumplido con sus obligaciones tributarias.

Se estima que estas medidas elevarían la recaudación tributaria en un 1,5% del PIB en términos netos. Si bien la propuesta rechazada tenía una proyección de ingresos de 1,6% del PIB, esa estimación fue en todo momento cuestionada por los expertos, quienes consideraban complejo lograr esa recaudación.

¿Qué cambió ahora que sí se podrá lograr el 1,5% del PIB?, ante este pregunta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que “hemos estado trabajando en una serie de medidas que no estaban consideradas en el proyecto anterior, por ejemplo, en una fórmula bastante distinta para aplicar la norma antielusión que busca resolver esta tensión entre la aplicación en sede judicial o administrativa”.

También dice que se sumaron algunas propuesta de los gremios empresariales, como eliminar el monto exento “por las importaciones de US$41 que existe hoy. Es decir tenemos una composición que es bien distinta, donde además van acompaña de medidas para reducir la informalidad, lo que tampoco estaba en el proyecto anterior, entonces diría que este 1,5% neto que estimamos tiene un mayor grado de certeza de recaudación que quizá lo que era las propuestas anteriores”.

En relación a los plazos, entre agosto y septiembre 2023 se prepararán y afinarán los detalles del proyecto sobre fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias para ser ingresado entre octubre y diciembre 2023. Si bien el ministro no especificó por donde ingresará esta propuesta, todo indica que sería por la Cámara de Diputados.

“El gobierno no tiene propósito de saltarse la institucionalidad, nos interesa tener una discusión sustantiva con los actores políticos”, dijo al ser consultado si esta propuesta podría tener algún problema de constitucionalidad, ya que fue parte de las ideas matrices de la iniciativa rechazada.

El otro eje es una reforma de la tributación a la renta, tanto de empresas como de personas, y que estará centrada en elevar el aporte de los contribuyentes de mayores ingresos.

Esta segunda iniciativa “incluirá incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, así como beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño, para que la dueña del almacén, de la ferretería o el dueño de la panadería tengan una nueva normativa. Se estima que estos incentivos tendrán un costo fiscal de 0,5% del PIB”.

En el gobierno explican que para determinar los incrementos de impuestos necesarios para compensar esta menor recaudación y aportar al financiamiento de los gastos prioritarios, “se tomará en cuenta el aporte del crecimiento y los compromisos de reforma para fortalecer la eficiencia del Estado para generar espacio fiscal, de acuerdo con las magnitudes estimadas por los procesos de consulta técnica ya citados”.

En el gobierno destacaron que especial mención merece, dentro de la reforma a la tributación a la renta, la estructuración de un nuevo marco normativo aplicable a las empresas de menor tamaño. Este incluye un aumento del límite del actual régimen tributario pyme por volumen de ventas; la creación de un sistema ultra simplificado de monotributo para empresas nacientes o en proceso de formalización; un mecanismo de rebaja total y parcial de IVA durante dos años para extender los incentivos a nuevas empresas formales; la eliminación de requisitos y ampliación de estímulos al régimen de tributación transparente, y la incorporación de normas para una transición más gradual al régimen general a las empresas que crecen.

Sobre este eje, el titular de las finanzas públicas despejó el hecho de que no estarán incluidos el impuesto a los altos patrimonios ni tampoco para las utilidades retenidas. Ambas medidas fueran ampliamente rechazadas por los sectores de centro derecha y por el empresariado. También descartó cualquier alza de impuestos a las empresas.

“Lo que está planteado es aumentar la tributación de las personas de mayores ingresos. Para eso hay varios mecanismos posibles, pero lo que quisiera enfatizar a estas alturas es que este es un tema que queremos trabajar con distintos actores económicos y políticos. No queremos imponer una fórmula”, puntualizó Marcel.

Asimismo, aseveró que “necesitamos generar una recaudación adicional, que venga de sectores de mayores ingresos, que ayude a compensar la menor recaudación que generan los incentivos y regímenes especiales que se están creando para las pymes”. Y añadió que “la ecuación es diferente y queremos dejar un espacio para que distintos sectores entreguen su aporte, no queremos aparecer imponiendo una fórmula, sobre todo que tenemos tiempo para trabajar en este proyecto”.

Este proyecto se comenzará a trabajar en este segundo semestre, aunque se detalló que la elaboración propiamente tal será entre octubre y diciembre 2023 para ser ingresado al Congreso Nacional entre marzo y mayo de 2024.

Las propuestas buscan recaudar unos US$8.000 millones, que equivalen a 2,7% del PIB. De ese total 1,5% vendrán de las medidas de mejor cumplimiento tributario. El 1,2% del PIB restante de lo que se recaude con los cambios al sistema de impuesto a la renta y el mejor gasto público.

En este punto el ministro no entregó detalles, puesto que el objetivo es esperar los resultados que entregue la comisión técnica independiente que analizará el espacio fiscal disponible a partir de los dividendos de crecimiento y eficiencia. El primero estará a cargo de un Comité de Expertos integrada por los economistas José Pablo Arellano, Ignacio Briones, José De Gregorio, Manuel Marfán, Andrea Repetto, Andrea Tokman y Rodrigo Vergara. Mientras que el segundo, será realizado por el grupo de presupuestos de la Ocde. “La diferencia entre el costo fiscal de las prioridades identificadas, y los dividendos de crecimiento y eficiencia, serán financiados por medio de una reforma tributaria.

Ahora bien, en el detalle de cómo se distribuirán los recursos, Boric dijo que el mayor porcentaje se destinará a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) con 1,2% del PIB; luego 0,9% del PIB irá para salud, principalmente destinado a la reducción de las listas de espera, fortalecimiento en la atención en consultorios; otro 0,3% del PIB para seguridad pública y 0,3% del PIB para protección social, donde se incluyen las políticas de cuidado y sala cuna universal. Se descartó que con estos recursos se vaya a financiar la deuda histórica de los profesores.

En el desglose de este gasto mencionó como una de las prioridades el aumento de las pensiones en la reforma previsional, elevar la PGU a $250 mil y reducir las listas de espera en salud.

También apuntó como necesidad de gasto el compromiso de incrementar en US$1.500 millones la inversión en seguridad ciudadana. Esto abarca “el mejoramiento de las condiciones y eficacia de las policías y de la administración de justicia. Vivir mejor también es combatir la delincuencia y por eso queremos hacer esta inversión histórica”.

Dentro de los gastos incluyó también el avanzar en “la reducción de las listas de espera en hospitales y el fortalecimiento de la atención en consultorios, así como el desarrollo de un sistema universal de cuidados de niños, adultos mayores, salud mental y personas con discapacidad, por dar algunos ejemplos”.