Pacto tributario: Hacienda pone sobre la mesa cambios a la norma antielusión, denunciante anónimo y medidas para reducir la informalidad

Hacienda sigue con la meta de presentar una propuesta antes de fin de mes para lograr un consenso que permita insistir en el Senado con la reforma tributaria. Y para ello ha intensificado las reuniones con los distintos sectores. Si el lunes se volvió juntar con las pymes, este martes llegaron Hasta Teatinos 120, los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Y dado que ya se termina el plazo autoimpuesto, el jefe de las finanzas públicas, Mario Marcel, puso sobre la mesa 28 medidas que modifican la propuesta inicial presentada en el proyecto de ley, que en julio del año pasado inició su tramitación legislativa en el Congreso y que fue rechazado en marzo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Las modificaciones consisten en cambios de diseño respecto de materias como la Norma General Antielusión (NGA), tasaciones y reorganizaciones empresariales, secreto bancario considerando las recomendaciones de la Corte Suprema y otros actores, IVA a exportadores y denunciante anónimo. Además, se incorporan otros ajustes a normas contra la evasión y elusión.

En el primer caso, Hacienda detalla que se propone la creación de un consejo asesor consultivo -compuesto por personas externas con trayectoria en materia impositiva- del director del Servicio de Impuestos Internos (SII) que deberá emitir una opinión acerca de los casos de la NGA presentados a su conocimiento. Para su composición se tomarán como base el consejo consultivo de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) y otras instancias de similar naturaleza impulsadas anteriormente.

Respecto de las tasaciones, se propuso un perfeccionamiento de la norma que determina que las operaciones que dan paso al potencial pago de impuesto se realicen en “condiciones de mercado” atendiendo siempre las particularidades de la operación, y se regularían de mejor forma los procesos de reorganización empresarial (nacional e internacional) en los cuales la administración tributaria no puede aplicar la tasación.

Otras de las modificaciones apuntan al denunciante anónimo. En este caso se busca crear esta figura legal que según el gobierno “ha presentado resultados positivos en otras jurisdicciones como Estados Unidos y Reino Unido”. Esto para el gobierno permitirá que “quienes aporten información a la administración para la persecución de delitos tributarios, sean premiados con una parte de los montos recaudados. No obstante, para evitar mal uso, se incorporan sanciones a las denuncias falsas”.

Además, se propuso la modernización de los procedimientos ante organismos fiscalizadores como la Tesorería General de la República, los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el Servicio Nacional de Aduanas y el SII.

En materia de tipificación de delitos se plantean cuatro modificaciones a los diferentes delitos penales de evasión, con el objetivo de permitir su correcta aplicación y obtención de sentencias efectivas. Estos cambios son incrementar las sanciones, y perfeccionar la descripción del delito para quienes presenten declaraciones de impuestos falsas; se amplía el delito para hacer efectiva la clausura de establecimientos, incorporando como causal, por ejemplo, no enviar los documentos electrónicos al SII.

Adicionalmente se busca avanzar en una Ley de Beneficiarios Finales, con énfasis en aquellas entidades que reciben fondos públicos en calidad de aportes, licitaciones, adjudicaciones, contratos, concursos o similares.

También se agregan medidas tendientes a reducir la informalidad, como el fin de la exención del IVA a importaciones de bienes por hasta US$ 41 -ya anunciado el la reunión anterior y que fue criticada por la organización de consumidores Conadecus, pero apoyada por empresarios del comercio-, lo que generaría un incentivo a la subvaloración de los productos, y el establecimiento de medidas cautelares que permitan a la administración asegurar el cumplimiento cuando el contribuyente persista en delitos tributarios como el embargo de bienes y congelamiento de activos financieros.

Y se planteó eliminar otras dos materias que estaban en el proyecto original. La primera de ellas es que no habrá cambios a la aplicación del IVA en inmuebles, concretamente se mantiene el artículo 27 bis de la Ley de IVA que establece la devolución del crédito fiscal en la adquisición o construcción de propiedades. La segunda, deja sin efecto los cambios al tratamiento del gasto en caso de exceso de endeudamiento.