La Ley de Pago a 30 días es, sin dudas, un proyecto fundamental para las pymes, dado que su objetivo es disminuir la ventana de tiempo entre la entrega de sus servicios o productos y la recepción del pago correspondiente.

Hace unos días, además, las perspectivas respecto de su tramitación han mejorado, luego que el ministro de Economía, José Ramón Valente, afirmara en entrevista a Pulso que "debiera salir aprobado completamente este año".

Si bien esta iniciativa está alineada con mejorar las condiciones de las pymes-ayudándolas a poder cubrir el capital que fue requerido para la entrega del servicio o producto a sus clientes-, está generando una importante incertidumbre porque podría empeorar mucho la situación actual de ellas.

¿Por qué? La iniciativa obligará a los deudores a cumplir un plazo de pago desde la emisión de la factura, pero según ha trascendido, recién dentro de un año se obligará a la emisión de guías de despacho electrónicas.

Por lo tanto, no se estaría midiendo el plazo entre la entrega del servicio o producto y la fecha de emisión de la factura, lo que podría generar un incentivo a que los deudores posterguen la autorización para emisión de las facturas, y ese sí sería un grave problema para las pequeñas y medianas empresas, ya que éstas ni siquiera contarían con la factura para obtener capital.

Actualmente, si las pymes tienen las facturas, las pueden factorizar y obtener el adelanto de su capital con un descuento. En caso de no tenerlas, no pueden conseguir el monto en cuestión y si obtienen un crédito será a tasas mucho mayores que el factoring. Eso ya sucede hoy, pero con la nueva ley podría aumentar.

¿Por qué eso es relevante? Muchos de estos emprendimientos tienen grandes potenciales de crecimiento, pues sus servicios y/o productos comienzan a penetrar en nuevos segmentos.

El problema es que al no contar con capital, éstos no pueden abarcar tanta demanda, quedándose con la cantidad de clientes que a la fecha tenían. Es decir, tienen actualmente una incapacidad de expandir sus operaciones.

Asimismo, las pymes ponen mucha importancia en cuidar su relación con las grandes empresas, después de todo son sus clientes. Entonces, si éstos demoran por cualquier motivo en autorizar la emisión de la factura, posiblemente no reclamarían. Por esto, como país se corre el riesgo de que la ley no tenga el efecto esperado.

En conclusión, lo que hay que controlar no es el plazo de pago de la factura, si no el plazo desde la entrega de producto o servicio hasta el pago. Esto es mucho más importante que bajar el plazo de pago de las facturas de 60 a 30 días.

De igual manera, no se establece ninguna forma de medir el cumplimiento de la ley, ni tampoco existe un canal para que las pymes puedan reclamar en forma anónima, y de esta manera no pierdan a sus clientes.

Además, esto permitiría tener un ranking de los clientes que le generan más problemas a sus proveedores, para que algún organismo del gobierno, que se defina en su momento, los controle. Y estos eventualmente tengan mayores incentivos a realizar sus pagos y formalidades con más eficiencia.