La emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos en las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos. Pandemias recientes (Ébola, Zika, SARS) han mostrado que es necesario incorporar las necesidades de las mujeres en el abordaje de la emergencia; de otra forma, se profundizarán las desigualdades con efectos de mediano y largo plazo que no será fácil revertir.

Hay al menos tres razones para que la crisis afecte más a las mujeres. En primer lugar, los sectores en los que trabajan. Crisis sanitarias previas han mostrado que el distanciamiento social y, en particular las cuarentenas, reducen significativamente las actividades económicas y de supervivencia de las mujeres. Previo a la emergencia, las mujeres que trabajaban remuneradamente se concentraban en los sectores comercio, hoteles y restoranes, y servicios sociales y personales; actividades que se han visto duramente golpeadas por la pandemia.

En segundo lugar, las regulaciones existentes. Las leyes no consideran la corresponsabilidad parental y solo dan derechos de cuidado a las mujeres encareciendo, además, su contratación. Algunos ejemplos son el posnatal, el fuero maternal, la sala cuna y la licencia por enfermedad grave de hijos menores de un año.

En tercer lugar, razones culturales. Las normas sociales que atribuyen el rol del cuidado a las mujeres afectan su participación laboral y limitan su acceso a empleos de calidad, generándose una mayor precariedad laboral, que se manifiesta con fuerza en estas emergencias. El cierre masivo de jardines infantiles y colegios aqueja en especial a las mujeres, porque son quienes se encargan -en mayor medida- del cuidado de los hijos. Un estudio de ComunidadMujer muestra que solo una de cada diez parejas heterosexuales, en que ambos trabajan fuera de la casa, comparten equitativamente el trabajo doméstico y de cuidado. Mientras que otro estudio de la misma institución, utilizando la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (INE, 2015), muestra que las mujeres trabajan más del doble de horas diarias que los hombres en tareas domésticas y de cuidado no remuneradas (5,9 versus 2,7 horas).

La Encuesta Nacional de Empleo del INE -que considera el trimestre móvil terminado en mayo- grafica esta situación. La tasa de desocupación femenina llegó al 11,5%, mientras que la tasa de participación laboral retrocedió más de 10 años; en el 2010 era un 47% y hoy es de 42,9% (en enero 2020 era un 53%). Esto es preocupante. Comparado con países de similar desarrollo, la participación femenina en Chile ya era baja, de hecho, tomó mucho tiempo superar el 50% de participación laboral.

En resumen, las mujeres parten en peores condiciones para enfrentar esta crisis, presentan una menor participación laboral, les afecta más el desempleo y este se concentra en sectores vulnerables y de baja productividad. Esta precariedad laboral las pone en mayor riesgo de que en el periodo de recuperación puedan quedarse sin ingresos, lo cual se agrava para las familias monoparentales, muchas de ellas (42,4% de los hogares) encabezadas por mujeres.

Por ello es que en el periodo de recuperación se requerirán medidas concretas para la reinserción laboral de las mujeres, particularmente aquellas que pertenecen a los grupos de mayor riesgo. Se necesitan medidas que faciliten su ingreso al mercado laboral, así como medidas que propicien la corresponsabilidad parental, por ejemplo, ampliando los derechos laborales de los padres trabajadores, así como la corresponsabilidad social, a través de un sistema nacional de cuidados que institucionalice el cuidado de niños, personas dependientes y adultos mayores.

Acelerar el desarrollo de instrumentos para asegurar que las políticas sociales y económicas no discriminen a las mujeres es importante y definirá la sociedad que surja de la crisis. No se trata de un favor hacia las mujeres. Se trata de no desaprovechar su talento y la complementariedad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, lo que tiene efectos positivos sobre la productividad y el crecimiento económico.

*La autora es Ingeniera Industrial del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile.