Una de las normas que avanzó sorpresivamente en el Consejo Constitucional fue la que permite eximirse del pago de las contribuciones a las primeras viviendas. Esa enmienda propuesta por los representantes del Partido Republicano pasó la valla de la Comisión de Derechos Económicos y ahora deberá ser revisado por el pleno.
Y si bien a nivel de economistas existe un consenso mayoritario de que no sería una buena idea que se avance con esta propuesta, ya que es un impuesto que aplica a sólo el 23% de las viviendas, siendo progresivo en su aplicación, a nivel político el debate poco a poco se comienza a instalar.
Entre los parlamentarios de oposición hay coincidencia en que no es un tema para que esté incorporado en un texto constitucional y por ello, rechazan la enmienda de los Republicanos, sin embargo, plantean que se debe debatir a nivel de proyecto de ley, tal como otras materias impositivas. Por ello, tanto desde Evópoli, Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente (UDI) ven que será un tema que no podrán esquivar en un futuro cercano, puesto que existe una visión común de que este gravamen implementando en la década de los 60 se debe revisar.
Frank Sauerbaum, diputado y jefe de Bancada RN, afirmó que esta “materia es más bien propia de una ley que de la propia Constitución, por lo tanto, llamamos a no hacer de la Constitución un programa de gobierno, ni hacer algo identitario, ni hacer algo que sea más bien partisano, sino que representa a la gran mayoría de los chilenos”.
No obstante, añadió que “esta es una norma que compartimos, pero que creemos que puede ser más bien tratado en una ley. De hecho, Renovación Nacional presentó enmiendas dentro de la constituyente para poder hacer que la ley sea quien defina quienes finalmente van a tener este beneficio”.
Sauerbaum subraya que si bien el eximir del pago es un beneficio que es regresivo, son partidarios de que, por ejemplo, “haya sectores que estén exentos como los adultos mayores que están pensionados. Entonces, es discutible y por eso debe ser producto de una ley y no necesariamente de la Constitución”.
En la UDI, el jefe de Comité, el senador Gustavo Sanhueza, planteó que “se debe reconocer que este es un impuesto al patrimonio, y afecta principalmente a la clase media, además, se está tributando sobre uno de los bienes que es el principal motor de ahorro de las familias”.
Por ello, el legislador añadió que “nos abrimos a discutirlo, pero vía proyecto de ley, porque las constituciones tienen que ser minimalistas y no entrar en detalles de cada tema. Este es un tema que la ciudadanía demanda”.
En ese sentido, Sanhueza puntualizó que “este es un tema que se puede debatir en el marco del pacto fiscal. Es una demanda que está presente en las regiones, los ciudadanos nos plantean que se revise”. No obstante, considera que junto con analizarlo se deben buscar fórmulas alternativas para financiar a los municipios.
Desde Evópoli, el jefe de comité y senador Luciano Cruz Coke, es categórico al señalar que “por ningún motivo en la Constitución. Es absurdo, porque es un tema netamente legal”. El legislador acotó que “tengo reparos con las contribuciones. Se puede discutir, pero no en una norma constitucional”.
Planteó que “hoy día existe una rebaja a los adultos mayores. Hay que revisar si esto se debe cobrar trimestralmente o sobre aquellas personas que quieran vender sus viviendas. Puede ser una suerte de impuestos acumulables, que se hagan efectivos al momento de vender. Eso se debe revisar, tenemos que ver de qué manera buscar un sistema que sea justo”.
Y desde Republicanos, el diputado integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, apuntó que “el tema de fondo es que las municipalidades reciben ingresos a través del Fondo Común Municipal, y eso lleva a que limiten su esfuerzo para generar ingresos propios”. Esto, porque según señaló, “las municipales están esperando que les lleguen los recursos, del Fondo Común Municipal, pero ¿Cuál es el incentivo para que una municipalidad pueda buscar recursos propios a través de la entrega de patentes comerciales? Hoy día con esta norma las municipalidades tendrán que ponerse activas para acelerar los permisos comerciales o de proyectos de inversión. Es un cambio de paradigma”.
Romero explicó que “esta enmienda supone una aplicación práctica del ejercicio completo de la vivienda digna, y por lo tanto, los impuestos patrimoniales podría perturbar ese derecho”. En ese contexto, el legislador planteó que “las contribuciones no han dejado de ser injustas, porque ya pagaron todos sus impuestos”.
De acuerdo a datos entregados por la Tesorería General de la República, en el primer semestre de este año se recaudaron $1,1 billones por pago de contribuciones en todo el país, lo que equivale a unos US$1.300 millones aproximadamente. De ese total, $1,094 billones fueron al Fondo Común Municipal, es decir, unos US$1.280 millones.
Del total de recaudación, el 55,4% provino de las 20 comunas de mayores ingresos de Chile, mientras que casi un tercio, el 28,8%, fue aportado sólo por los municipios de Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura y Providencia.
