Un año y 8 meses han pasado desde que se implementó la reforma laboral que modificó los artículos del Código del Trabajo relacionado con los derechos colectivos de los trabajadores.
Para algunos parlamentarios, el tiempo transcurrido aún es muy breve para hacer una buena evaluación de la política pública, para el gobierno es un plazo suficiente para hacer cambios.
Por lo mismo, desde el Ministerio del Trabajo ya se encuentran redactando el proyecto de ley que ingresaría durante enero de 2019 al Congreso y que modificará medidas adoptadas por la reforma laboral de la ex Presidenta Michelle Bachelet e introducirá cambios en algunos aspectos de los contratos individuales; algo que ha reiterado en diversas oportunidades el propio ministro de la cartera, Nicolás Monckeberg.
De acuerdo a fuentes del proceso, el proyecto del gobierno tendrá cuatro ejes principales: reposición de grupos negociadores, modificación en la prohibición del reemplazo en huelga, nuevo sistema de indemnización por años de servicio (pago por 4 o 6 años) y flexibilidad en las jornadas de trabajo, manteniendo las 45 horas semanales que hay en la actualidad.
En este contexto, los parlamentarios de la oposición adelantan que rechazarán las medidas que signifiquen "retroceder", es decir, que modifique lo ya aprobado en la reforma laboral de Bachelet.
La senadora del PPD e integrante de la comisión de Trabajo, Adriana Muñoz, señaló que "esto es una contrarreforma y una arremetida del gobierno para reponer aquellos temas que no pudieron integrar en la reforma anterior.
Esto es una señal para el empresariado, porque la reforma laboral lleva escasos años de implementación, entonces meterle tijeras hoy me parece inadecuado e inoportuno".
La parlamentaria además agregó que "revisar las indemnizaciones o discutir flexibilidad laboral en el marco de un debilitamiento absoluto de los derechos colectivos de los trabajadores, me parece que va a ser un debate inconducente".
Una visión que es compartida por el diputado socialista y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Gastón Saavedra, quien aseguró que la reforma que prepara el gobierno tiene sólo un propósito "ser pro empresarial", dijo.
En esta línea, el diputado sostuvo que "la reforma laboral lleva un tiempo tan corto de implementación, hay que dejarla que madure, pero claramente a este gobierno está más interesado en cumplir los compromisos de campaña con la clase empresarial del país".
Su par, el diputado DC Raúl Soto dijo que "existen diversos puntos que corregir en la reforma actual, luego de su paso por el Tribunal Constitucional, donde fue modificada; sin embargo, advertimos que el Gobierno está direccionando estos cambios en la dirección incorrecta".
Mirada técnica. Para los abogados laboralistas este nuevo proyecto laboral debe considerar aquellos aspectos ya fallados por los tribunales.
Para Nicolás Garrido, abogado asociado del Área Litigios de Moraga y Cia, lo que realmente importa "es analizar si esta legislación está incorporando o no las interpretaciones recientes de nuestras Cortes y Tribunales, que son los llamados en última instancia a revisar el último sentido de una particular normativa".
Al mismo tiempo, Claudio Sepúlveda, abogado y socio director de BS Abogados, indicó que "respecto de la flexibilidad laboral es importante tener en cuenta que flexibilidad no puede convertirse en arbitrariedad o en contratos que violen las garantías mínimas de los trabajadores".
