¿Qué tiene que pasar para que Essal pierda su concesión?

La crisis sanitaria que enfrenta la sanitaria Essal, empresa controlada por Aguas Andinas, en la ciudad de Osorno, ha llevado a diversos actores a pedir el término de la concesión de la compañía, dados los severos efectos en la población generados por los cortes de agua en esa ciudad, que se atribuyen a una mala gestión por parte de la firma.

Pero, ¿es posible que una sanitaria pierda la concesión? Legalmente existe tal opción, pero las opciones son bastante acotadas. Para ello, el gobierno tiene que emitir un decreto supremo, que recoge la opinión técnica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y que debe considerar el historial de cumplimiento, el tipo de infracción normativa y el detalle de las causales legales para declarar la caducidad de la concesión, entre otros.

"La ley contempla esta opción. De hecho, se ha efectuado en un par de casos, pequeños sí. Es una opción compleja porque implica que, como el agua tiene que seguir, atenderse todos los días, hay que establecer una forma de administrar esta empresa a través de in interventor y eso al final significa que la Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene que pasar a tener una función para la cual no está preparada, que es administrar una empresa", explicó al respecto esta mañana el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en entrevista con Radio Universo.

En un prospecto comercial, la propia Essal indica que este es uno de los riesgos a los que podría enfrentarse y, además, detalla qué se hace después de que esto ocurre. "Una concesión puede ser caducada antes de su puesta en marcha, como después que haya comenzado, bajo diversas situaciones según lo establece la ley chilena (…). Una vez que la concesión ha sido caducada, es puesta en manos de un administrador provisional del servicio, quien tendrá todas las facultades del giro de la empresa cuya concesión ha sido caducada, que la ley o sus estatutos señalan al directorio y a sus gerentes, quien ejercerá sus funciones hasta que se designe un nuevo concesionario, conforme a la licitación pública que convoque la SISS para tal efecto".

Según el exdirector General de Aguas y socio de Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, la situación actual derivará en una sanción severa, pero difícilmente en una caducidad del servicio.

""Esto más bien lo veo como un episodio puntual, por lo menos es mi percepción, que va a traer aparejado una sanción, pero no lo veo como una sanción que incurra como causal de caducidad de la concesión, como ha ocurrido en otras ocasiones", agrega el exdirector General de Aguas, Rodrigo Weisner. En su opinión, esto podría ocurrir cuando no se hacen las inversiones comprometidas en el programa de desarrollo, siendo esta una causal grave para que quiten una concesión. En ese caso se hace una investigación, se formulan cargos, la empresa hace sus descargos, y luego la SISS emite una resolución.

¿Se puede judicializar? "Una empresa tiene recursos ante los tribunales ordinarios de justicia para cuestionar el acto administrativo. Pero normalmente como las situaciones de pérdida de la concesión sanitaria son por cuestiones tan graves, que los tribunales podrán en el fondo encontrar la razón a la administración del Estado, pero son por circunstancias muy graves", agrega Weisner.