Lideró el equipo económico de Sebastián Sichel. Fue el principal vocero en los distintos debates y criticó fuertemente la idea de reducir los impuestos que tenía en su programa inicial el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Pero todo eso fue en la contienda de primera vuelta. Ahora Patricio Rojas fue uno de los ocho coordinadores que realizaron los cambios a las principales propuestas económicas del abanderado republicano. De partida, ya no habrá reducción de impuestos de ningún tipo, y solo se avanzará en esa dirección si es que el crecimiento los acompaña y, por ende, la situación fiscal del país mejora.
A un día de las elecciones, Rojas detalla cuáles son las prioridades para los primeros 100 días de gobierno y los proyectos que esperan aprobar en el primer año de gestión en caso de llegar a La Moneda.
Defiende, además, el financiamiento del programa y descarta que haya una sobreestimación de lo que se pueda recaudar por crecimiento económico. De acuerdo con el economista de la Universidad Católica, el plan de gobierno tiene un costo del 2,55% del PIB, lo que equivale a US$ 7.800 millones. De ese total, US$ 3.000 millones vendrían del aumento del crecimiento tendencial, lo que ha sido puesto en duda por los representantes de la candidatura de Gabriel Boric. Pero para Rojas, este cálculo es perfectamente plausible. De hecho, dice que son proyecciones conservadoras.
En caso de que José Antonio Kast gane las elecciones de este domingo, ¿cuál es la señal o el principal mensaje que debería enviar al mercado?
-El primer mensaje que debe enviar es uno de estabilidad macroeconómica y fiscal. Que las medidas que se impulsarán irán en línea con la mantención de los equilibrios fiscales, de una institucionalidad fuerte. Esa es una señal de tranquilidad hacia los inversionistas. El segundo mensaje es que nuestro plan de gobierno es realista y factible de realizar sin comprometer los equilibrios en el corto plazo, porque se financia de manera responsable.
El candidato ha dicho que con su plan de gobierno atraerán más inversión. ¿Eso es realista dado el ciclo que delineó el Banco Central en el IPoM?
-Lo primero que debemos decir es que los años 2022 y 2023 serán bastante complejos para la economía. El Banco Central hizo una proyección compleja y preocupante por las bajas perspectivas para el crecimiento de la actividad, y el nulo crecimiento de la inversión. En ese contexto las señales que se entreguen serán claves. La idea nuestra es poder restablecer las confianzas desde un comienzo y en ese sentido, poder comenzar a implementar el plan de gobierno de manera responsable será clave. En 2022 será necesario seguir fortaleciendo las políticas proempleo, porque habrá que recuperar alrededor de 900 mil empleos que no se han recuperado.
¿Habrá que esperar hasta 2023 para ver si los cambios que se proponen tendrán efectos en la inversión y el crecimiento?
-Para que la inversión vuelva a retomar un crecimiento importante demorará un tiempo. Primero hay que sentar las bases para poder implementar de manera responsable el plan de gobierno. El 2022 será de transición y esperamos que en 2023 las políticas deberían empezar a responder y empezar a tener respuesta en materia de inversión. Tenemos un plan fuerte en materia de concesiones y por ello pensamos que eso puede repuntar en 2023 con inversión en el sector inmobiliario, inversión en concesiones. Además, en 2022 es bastante probable que se discuta la reforma previsional, que tiene impacto no solo en las pensiones, sino que también en el mercado laboral y en el mercado de capitales, que sobre todo tiende a afectar las decisiones de ahorro y de inversión. En la medida que no tengamos una definición clara sobre el tema de pensiones, también generará algo de incertidumbre, por lo tanto, esperamos que gran parte de ese tema esté zanjando en 2022 y en 2023 haya más claridad.
Dado lo complejo que se prevén los próximos años, ¿cuáles serán las primeras medidas económicas que implementará Kast en caso de llegar a La Moneda?
-Las medidas prioritarias estarán orientadas a la recuperación de la economía en 2022. Lo inmediato es fortalecer los planes de empleo, y lo otro es que se debe pensar en programas de capacitación para incorporar a trabajadores que han sido desplazados del mercado laboral por falta de capacitación. Un segundo elemento son medidas para que las pymes se puedan recuperar y reinsertarse.
Y en lo legislativo, ¿qué reformas económicas serán las prioritarias?
-En materia legislativa, la reforma de pensiones es una prioridad para el primer año. Eso es crucial. Esta es una reforma que se viene postergando hace tiempo. Además, como lo señalé, tiene impacto en las expectativas que tienen las personas, pero también afecta el mercado de capitales y laboral. Avanzar en este tema será crucial y ojalá se pueda definir rápido.
En ese sentido, para que pueda avanzar más rápido, ¿se ha analizado la opción de dividir el proyecto para que primero se pueda legislar la pensión básica?
-No se ha conversado en el grupo de economistas, pero claramente la reforma de pensiones es algo completo. Ojalá avance como un todo, pero esas decisiones son políticas. Pero lo óptimo es que avance todo en conjunto.
¿Se ha estudiado la viabilidad política de esta reforma, considerando que el aumento del 4% que se propone va a capitalización individual?
-El principio básico es que cualquier cotización extra vaya a cuenta individual de los trabajadores. Estamos planteando un alza de cuatro puntos a cargo del empleador. Pero también dentro de la propuesta está la idea de que una parte de lo que gastan las personas en consumir, que se refleja en el IVA, vaya a las cuentas individuales. Con eso se aumentará en dos puntos adicionales. Así llegamos a 6 puntos.
¿Los cambios tributarios como la revisión de las exenciones y la reducción de la evasión y elusión también será un proyecto para impulsar el primer año?
-El propósito es que todo lo que tenga que ver con proyectos de ley se pueda discutir en el primer año de gobierno. Por la forma en que quedó conformado el Parlamento, se requiere negociación. Tiene que iniciarse rápido en 2022 y hacia el 2023 contar ya con esos recursos para ir implementado el programa.
En materia de exenciones, ¿cuáles son las que se revisarán?
-Hay acuerdo en las que el gobierno planteó para financiar la ley corta de pensiones, y que también fue propuesta por la comisión tributaria. Entre ellas está la renta presunta, IVA a la construcción, IVA a los servicios, tener algún grado de impuestos a las ganancias de capital. Todas tienen que ser analizadas.
En el último debate, su candidato dijo que se mantenía la idea de reducir el impuesto a los combustibles, ¿eso es factible en el corto plazo?
-En el corto plazo no está pensado reducir impuestos a las gasolinas.
En cuanto al costo del programa, es de 2,55% del PIB en régimen que equivale a US$ 7.650 millones. De ese total, el 1% del PIB, que equivale a US$ 3.000 millones, provendrían del crecimiento. ¿Es realista ese supuesto considerando el escenario actual y las perspectivas que entregó el Banco Central para los próximos dos años?
-Hoy nuestro PIB tendencial está entre el 2% y el 2,5%, y el programa apunta a que hacia fines del período se eleve en un 1%, situándolo entre el 3% y el 3,5%. Si podemos recuperar la inversión y aumentar la productividad, el lograr crecer en términos tendenciales en esos niveles parece un supuesto bastante razonable. Esto no es algo muy alejado de lo que teníamos un tiempo atrás. En régimen esto nos permitirá recaudar alrededor de US$ 3 mil millones.
Llegar a ese nivel de PIB tendencial incluye una serie de supuestos que no se sabe si se cumplirán. ¿Es responsable desde el punto de vista fiscal comprometer gastos permanentes basados en crecimiento?
-Nosotros tenemos un programa de gobierno donde queremos recuperar la confianza, volver a colocar a Chile como un país atractivo para la inversión. Hay una serie de medidas en el programa de José Antonio Kast para poder mejorar la productividad y que la economía logre crecer al menos 1 punto más en tendencia y ojalá al término del período de gobierno se pueda crecer más cerca del 4% que del 3%.
La última vez que el PIB tendencial estuvo en esos niveles fue en 2014, en 3,1%, y en 2013, en 3,8%. ¿Qué tan viable es que esto se cumpla y qué medidas puntuales tienen para mejorar el crecimiento?
-Estamos proponiendo una serie de medidas para aumentar la productividad, como el uso de tecnología, programas especiales para que las pymes puedan adaptarse a esas tecnologías. También vamos a incentivar que se retome la inversión en concesiones. Queremos recuperar la institucionalidad macroeconómica del país, la certidumbre para los proyectos de inversión. Todo eso ayuda a mejorar el crecimiento. Tenemos que avanzar en educación y en capacitación. El programa apunta fuertemente a elevar la productividad en Chile. Creemos que en 4 años podremos ser capaces de elevar en al menos un punto el PIB tendencial. Estamos siendo conservadores en esas proyecciones.
Otro ítem de financiamiento es la eficiencia del gasto, con el cual pretenden recaudar US$ 900 millones. ¿Cómo se logra, dado que todos los gobiernos han pretendido hacer esto mismo con escaso éxito?
-De acuerdo con un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, Chile tenía del orden de US$ 5 mil millones de gasto que era factible de recuperar con una mejor gestión. Nosotros estamos siendo conservadores, porque estamos considerando que, si somos capaces de tener más eficiencia, al menos lograr unos US$ 900 millones.
¿Puede asegurar que el programa está financiado?
-Sí, nuestro programa es realista y está financiado. Los desafíos que tenemos en materia de recaudación son prudentes y factibles de obtener.
¿Estos recursos cumplen con la máxima que dicen los economistas: a gasto permanente, ingresos permanentes?
-Cuando se propone eliminar exenciones, reducir la evasión, realizar reasignaciones, son recursos permanentes. Además, a medida que la economía logra crecer, generará un PIB que es mayor, lo que genera también ingresos permanentes.
