Paul Uriarte, gerente general de CruzBlanca: “El sistema de isapres está en jaque”

Es la principal aseguradora de salud privada o isapre del país. Con sus más de 725 mil clientes, que le significan más del 20% de participación de mercado tanto en cantidad de afiliados como en ingresos, CruzBlanca ha podido mantener su posición de liderazgo desde que fue comprada en 2014 por la multinacional inglesa Bupa, la que tiene presencia en más de 190 países y que ha invertido en la isapre chilena $15.000 millones en los últimos cinco años.

Uno de los gestores de la compra de CruzBlanca fue Paul Uriarte (35), quien era el director de estrategia y desarrollo de Bupa para los mercados de Chile, Perú y Colombia, antes de comprar la firma chilena. Una vez hecha la transacción, el ingeniero español desembarcó en Santiago y no se ha movido más. Primero, tomó las riendas como director de estrategia y desarrollo corporativo de Bupa Chile, luego asumió como director de finanzas de la isapre CruzBlanca y desde mayo de 2018 es su gerente general.

En su primera entrevista con un medio escrito, aborda la coyuntura de la industria de las isapres, que está iniciando una etapa de cambios profundos, los que se verán reflejados por completo cuando se legisle sobre la reforma a los sistemas de salud.

El ministro de Salud, e incluso otra isapre, han deslizado que la salud en Chile es una de las mejores a nivel mundial. ¿Le parece que es así?

-Decir eso es muy absolutista, es más complejo que eso. Lo que ha favorecido al sistema de salud en Chile es el acceso y la salud privada de primer nivel. Pero hay temas por resolver en términos de solidaridad, género y edad; además, que se pueda integrar mejor Fonasa. Chile tiene un reto muy grande en la gestión de los costos de salud y eficiencia clínica. Hacer una comparación con el resto del mundo en salud es complejo.

¿Cuál ha sido su sello en CruzBlanca?

-CruzBlanca y toda la industria de isapres han sufrido muchísimos cambios desde que llegué en 2014. Ha habido un sinceramiento muy claro sobre la necesidad de resolver algunas falencias que tenía el sistema de salud privado.

Nos hemos anticipado a cambios que recién ahora se están haciendo visibles en la industria, como simplificar los planes. A modo de ejemplo, casi el 80% de los planes que estamos vendiendo en la Región Metropolitana son solo dos, lo que le simplifica la vida al cliente. Son planes más efectivos, donde independiente del prestador al que se recurra, el afiliado sabe cuál es la cobertura que tendrá, incluso, sabe cuánto le costará, porque tenemos un servicio simulador en la web. En el bono digital fuimos innovadores, tenemos videoconsultas, atenciones a domicilio, cobertura en farmacias, atención dental con bonos y seguro de cesantía. Lo que se te ocurra en cuanto a trámites lo podemos hacer posible de forma remota, incluso contratar un plan de salud.

¿Por qué subieron las tarifas de sus planes 7,7% en 2019, por sobre el 5,2% del IPC de la salud y en mayor magnitud que el resto de las isapres?

-Adecuamos los precios por la realidad de la inflación de los costos, por lo tanto, cuando se quiere abordar el tema de las judicializaciones de las alzas, hay que tomar en cuenta el tema de los costos de la salud. En cuanto a la adecuación que hacemos es legal, no es arbitraria y responde a un análisis técnico profundo de lo que crecen los costos de la salud. Eso puede ser distinto entre una isapre y otra por cosas comerciales o técnicas, como por ejemplo, el mix de la cartera de afiliados (en cuanto a intensidad de uso de servicios) y un sinfín de variables que se combinan.

¿Qué les pesó más en el último año para tener un alza mayor que sus competidores?

-Los costos de salud suben porque cada vez hay más gente usando los planes de salud, con mayor frecuencia. A eso hay que sumarle la creciente cantidad de prestaciones que se le ofrece a los afiliados. El IPC de la salud pone por fin la discusión en los costos, pero aún existen ciertas contradicciones respecto a ese índice que hay que resolver.

¿Cómo cuáles?

-El índice no considera la inflación que tienen los insumos y los medicamentos. El propio INE reconoce que estos ítems han subido un 13,2% (...). Si ese incremento en el uso y en la frecuencia de los servicios de la salud uno no lo compensa con eficiencias en los costos de la salud, inevitablemente que se tiene que llevar a precio -que es lo que se hace con las adecuaciones-. El foco tiene que estar en qué mecanismos existen para favorecer la gestión de los costos de la salud por parte de las isapres, pero sin ninguna duda también de los prestadores y, en mucha medida, de la regulación. Hay que tener reglas del juego y actores alineados en la necesidad de eficientar la gestión clínica.

¿Les juega a favor estar integrados verticalmente, al ser dueños de una red de prestadores y clínicas?

-Uno de los retos del sistema es la gestión de los costos de salud. En ese contexto, la coordinación y la alineación de incentivos entre el prestador y el asegurador son clave para ofrecer el mejor precio/beneficio para el cliente. Es válido.

La isapre Nueva Masvida, que no está integrada a clínicas, indica que su condición es una ventaja para poder negociar convenios con cualquier grupo de clínicas. Justamente esa isapre no ha tenido alzas en sus planes últimamente. ¿Por qué ustedes, que sí están integrados, suben sus planes año a año y por sobre el promedio?

-Nosotros también tenemos la posibilidad de negociar con todos los prestadores, y lo hacemos. Me cuesta ver dónde hay un quiebre. El tener prestadores relacionados no es una limitación para poder negociar. No nos juega ni a favor ni en contra el tener prestadores relacionados para tomar la decisión de subir los planes. Por ahora, eso responde a la realidad de nuestra cartera y a la inflación de los costos de salud por la frecuencia con que se usan sus servicios.

¿Cómo proyecta este 2020 para el negocio de las isapres?

-El sistema de las isapres está en jaque. Los resultados que se vienen viendo apretados de 2019 no se debe a una cosa puntual del año, sino que estructuralmente hay cosas que están presionando al sistema. Por ejemplo, la falta de una reforma de salud, la judicialización de las alzas de los planes y la cantidad de regulación que ha habido.

Mientras no consigamos avanzar en gestión de costos de salud a la misma velocidad que está avanzando la regulación en otros factores, 2020 seguirá siendo apretado para la industria de isapres.

No creo que Bupa haya llegado a Chile con la expectativa de operar con pérdidas o con bajas utilidades año a año. Bajo las condiciones de la industria que describió anteriormente, ¿se ven todavía en Chile a largo plazo?

-Mi convicción no está puesta en las utilidades, sino que en ser capaz de ser más sostenible y de dar una buena salud a los afiliados. Estoy convencido de que eso se puede, y así se hará sostenible el negocio.

¿Qué le parece la regulación que permitirá que los afiliados puedan retirar en dinero efectivo su monto de excedentes que está en sus isapres?

-Los excedentes siempre han sido del usuario para financiar su salud. La isapre lo que hace es custodiar esos excedentes, por lo que devolverlos no es tan relevante para la industria. Lo que sí no es menos cierto es que, en términos de políticas de salud, devolverles los excedentes en efectivo a los afiliados puede llevar, eventualmente, a que una parte de la cotización del usuario no se destine a salud. Otro punto es que esto no contribuye a la solidaridad del sistema.

¿Qué echa de menos en la reforma que se plantea para el sistema isapres?

-La reforma para el sistema isapres es necesaria y urgente. La forma que se le dé a esto compete a los legisladores. No hay dos sistemas iguales en el mundo. Falta encontrar por parte de los legisladores un consenso de qué modelo de salud integral quiere Chile.

¿Pero en qué puntos echa de menos un consenso?

-Se puede tener un fondo de salud único administrado solo por entes públicos -como Inglaterra o España-, o bien fondos únicos solo administrados por privados -como Holanda y, en cierta medida, Francia y Suiza-. También hay casos donde existe un único fondo público, pero donde también hay aseguramiento privado complementario, donde en el fondo se puede pagar dos veces. Hay otros sistemas como el de Australia, donde hay una integración muy fuerte entre el sistema privado y el fondo único público, donde ambos pueden ser complementarios.

Con la experiencia que tiene en otros sistemas de salud, ¿qué modelo se amolda mejor a la realidad chilena? ¿Es viable, por ejemplo, una tarifa única?

-Eso dependerá de lo que quiera el país. Está claro que se quiere un cambio. La opción del fondo único con un plan único, en opinión nuestra es una buena posibilidad, aunque hay otras. El GES es un plan único, por ejemplo, y no necesariamente es un fondo único. Esto último es más complejo, porque con un fondo único hay que evaluar cómo se financia el sistema, y ahí está la discusión si es que tiene que haber una tarifa única o no. Se habla de tarifa o cotizaciones, pero no de impuestos. Hoy Fonasa se financia en dos terceras partes con impuestos y una tercera parte con cotizaciones. Un fondo único requiere dar una solución a la financiación al sistema.

¿Sería bueno para CruzBlanca un fondo único?

-Si Chile quiere avanzar hacia un fondo único, estaremos disponibles para avanzar en esa línea y contribuir a cómo podremos tener el mejor fondo único del mundo.

¿Están a favor de un fondo de compensación interisapres para acabar con las discriminaciones por preexistencias y para fomentar la libre movilidad?

-Absolutamente de acuerdo. Eso es técnicamente posible y solamente hace falta que se regule. Si se quisiera sumar a Fonasa sería más complejo, porque son dos sistemas con esquemas de financiamiento diferentes. También hay voces que proponen un fondo único administrado por Fonasa, lo que también está muy bien.

La autoridad anunció la igualación de tarifas entre hombres y mujeres en los planes nuevos de las isapres, lo que tendría un costo de $30 mil millones anuales. ¿Cómo evalúan ese cambio?

-Por fin la regulación avanzó en la línea correcta. No era fácil entender que una discriminación de este estilo existiera en un sistema como las isapres en pleno 2020. Sin embargo, esta nueva regulación tiene un reto: ver en qué medida los hombres jóvenes y los demás afiliados de menor riesgo individual subsidiarán a los que tienen mayores necesidades de salud. En función de lo anterior, nosotros tenemos que ver cómo somos capaces de responder a la expectativa que genera una medida como esta. Hay que buscar solidaridad técnica, ser capaces de encontrar eficiencias si es que no se dan los subsidios cruzados o no se solidarizan los riesgos. Habrá que conseguir que las cosas cuesten menos, gestionar eficientemente los recursos de salud. Por eso yo me pregunto cuándo habrá una regulación que favorezca la búsqueda de eficiencias en los costos de la salud.

¿Las clínicas y prestadores están alineados con ustedes en bajar los costos de la salud?

-Los prestadores acompañan, pero no en el grado de intensidad que es necesario. Al regulador le pasa lo mismo. Las negociaciones entre las isapres y los prestadores pueden llegar hasta cierto punto. Luego de eso, hay que abrir los espacios con el regulador para poder hacer el sistema sostenible. Es muy simplista achacar a las isapres toda la responsabilidad de una medida sistémica como esta cuando no se cambian las reglas del juego y los otros actores siguen haciendo las cosas como siempre.

La judicialización de sus clientes por las alzas de los planes ha sido una piedra en el zapato para las isapres, ¿cuánto han pagado por estas demandas?

-La judicialización es un mal síntoma de la incapacidad de todos los actores por eficientar los costos de la salud. Además, este síntoma ha significado un costo adicional, donde nosotros como CruzBlanca hemos pagado por estos temas $12 mil millones en 2019 -alrededor del 20% de sus afiliados los han judicializado-, lo que permitiría resolver las necesidades de salud GES de 10 mil afiliados mensualmente.

¿Se hacen cargo de haber discriminado en planes por género y edad?

-Totalmente. La industria tendría que haberse anticipado en términos de solidaridad, transparencia y de haber contribuido proactivamente en su rol de seguridad social. Tendríamos que haber jugado un rol activo en modernizarnos, en vez de ser sujetos pasivos.

¿Han evaluado irse de Chile?

-El compromiso de Bupa es de largo plazo, firme y de dar respuesta a la necesidad de modernización que requiere el sistema de salud chileno.

¿Les complicará la discusión constitucional?

-El proceso constituyente es una oportunidad única y muy buena para restablecer un pacto social en Chile. La definición que se le quiera dar a la salud, que sea lo que Chile quiera. Conocemos cien modelos diferentes y nos adaptaremos. El aseguramiento privado tiene una contribución clave en el modelo de salud, sea cual sea este.