Paula Benavides y propuestas técnicas por isapres: “No son un perdonazo”

La Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado consiguió terminar un documento de consenso entre expertos del más amplio espectro político respecto de cómo implementar el fallo que dictó la Corte Suprema en noviembre de 2022 sobre la tabla de factores, sin dejar caer el sistema de isapres.

Sin embargo, la duda es si la propuesta es políticamente viable para que este documento se traduzca en indicaciones que ingrese el gobierno este viernes en la ley corta de isapres, día en que vence el plazo, y que luego sean aprobadas por los parlamentarios. De hecho, los senadores oficialistas de la Comisión de Salud han anticipado que incorporarán cambios al informe que presentaron los técnicos y las mismas señales han entregado desde el Ejecutivo. Al respecto, los dos nudos políticos principales están en el monto de la devolución que calcularon los técnicos y el plazo para dicho pago. De hecho, algunos parlamentarios del oficialismo han insinuado que se trataría de un “perdonazo” para las isapres.

Los técnicos estimaron que la devolución que tendrán que hacer las isapres por la sentencia del máximo tribunal es un tercio de lo que calculó inicialmente la Superintendencia de Salud, ascendiendo a US$451 millones, versus los US$1.400 millones del regulador. Los expertos proponen que ese monto se devuelva en diez años, y que en ese periodo en que siga vigente la deuda, las isapres no puedan hacer retiro de utilidades.

La economista Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público, fue una de las comisionadas integrantes del ente técnico que redactó la propuesta. Acá defiende el informe en el que la Comisión Técnica trabajó por poco más de tres meses y llama a buscar una solución de manera rápida, antes de que se genere una crisis.

¿Es este un “perdonazo” para las isapres?

-La comisión técnica entregó propuestas para una implementación efectiva y apegada de los fallos, resguardando la sostenibilidad del sistema de salud. Las propuestas no son un “perdonazo”, al contrario, buscan otorgar certeza jurídica sobre la forma de implementar la tabla única de factores y la rebaja de primas GES que mandató la Corte Suprema, resguardando que se cumpla esa jurisprudencia y considerando medidas de política pública para la sostenibilidad del sistema. Esto es fundamental, porque una eventual crisis sería grave y con impactos sistémicos, incluyendo a prestadores y afectando al sistema público.

¿Cómo se explica entonces la gran diferencia de cálculo del monto a devolver con el de la Superintendencia de Salud?

-Los fallos no definieron montos a restituir. De hecho, en sus considerandos señalan que no es posible, por esa vía, determinar la existencia de eventuales cantidades a devolver y su monto. Por ello se mandató a la Superintendencia a disponer medidas para que, en el evento que de la aplicación de la tabla única se determine un precio final inferior al cobrado, las cantidades recibidas en exceso sean restituidas como excedentes. Entonces, cabe dar certezas sobre cuánto fue recibido en exceso por las isapres, ya que esto no fue resuelto expresamente por la Corte.

El informe busca aportar a la certeza jurídica proponiendo una forma de implementar esa jurisprudencia, considerando que existe una condicionante de orden legal -la cotización del 7% para salud- por la que los fallos no deberían reducir la cotización bajo ese límite legal, y que la determinación de las cantidades recibidas en exceso por las isapres debe ser sistémica y no a nivel individual, por tratarse de un seguro. La diferencia con la estimación de US$1.400 millones se debe a esos dos factores, que se recomendó queden establecidos en la ley corta.

¿El informe de los técnicos cumple con el fallo de la Suprema o podría estar en el límite?

-El informe es consistente con los fallos y con la jurisprudencia previa. Cuando las sentencias afectaban solo a los intervinientes, las cortes no ordenaban restituir las cantidades cobradas en exceso. Luego, al definirse efectos sobre todo el sistema, se ordenó restituir las eventuales cantidades cobradas en exceso, las que deben ser estimadas sistémicamente. Bajo esos criterios, se determinó un monto de deuda de US$451 millones, comparable al total de utilidades acumuladas entre los años 2012 y 2020. Además, se planteó que, durante el período con deuda, las isapres no podrían hacer retiro de utilidades, lo que es una medida importantísima para darle tranquilidad a los afiliados y legitimidad a la ley corta.

¿Hay personas a las que les subirá el plan y a otras a las que les bajará? ¿Midieron cuántas personas están en cada uno de esos casos?

-Por un lado, la aplicación de la tabla única, el no cobro por menores de 2 años y los ajustes de la prima GES, significarán rebajas en el precio final. Por otro lado, la condicionante de la cotización legal de 7% y los ajustes al precio base y prima GES irían en el sentido opuesto. En el neto, algunas personas tendrán rebajas, principalmente las mujeres y los mayores, mientras que en otros casos habrá alzas. En la comisión se vio a nivel agregado.

¿Por qué decidieron poner fin a los excedentes? ¿Esta medida podría hacer que los jóvenes prefieran irse a Fonasa, y por consiguiente, se verían disminuidos los ingresos de las isapres?

-Lo primero, es que la ley reconoce la obligación de cotizar un 7% de salud. Los excedentes están pensados como algo más excepcional, en el margen. Por ejemplo, cuando aumenta el salario una vez contratado un plan. Pero en la práctica se dan habitualmente, porque no se obliga a actualizar los planes. Con los fallos esto se agravaría. Por eso, velando por la sustentabilidad, se propuso que se ajuste el valor de los planes a la cotización legal, debiendo las isapres ofrecer planes alternativos que se aproximen. Y, hacia adelante, se propusieron perfeccionamientos a la regulación de los excedentes. Los traspasos a Fonasa van a depender de la solución integral a la que se llegue, más que de la regulación de excedentes. De hecho, en Fonasa estos no existen, se cotiza el 7%, lo que es consistente con un régimen de seguridad social.

Hay varias voces que hablan de que el plazo de pago de las devoluciones es demasiado largo. ¿Es imposible acortar dicho plazo sin que caiga el sistema?

-El comité elaboró un conjunto de propuestas para cumplir su mandato, las que pueden ponderarse de distinto modo, pero eso tiene efectos. Mientras menor el plazo, mayores son las alzas del precio base para evitar quiebras, lo que impactará a las personas y al sistema completo. Eso no debería minimizarse, porque la crisis es de gran magnitud. Incluso hay varios efectos que el informe no alcanzó a incorporar, como los traspasos que se darán ante aumentos de precios y la magnitud y forma de los efectos retroactivos del fallo GES, que pueden ser muy relevantes.

Si no se adoptan medidas adecuadas y oportunas, la posibilidad de una quiebra con impactos sistémicos es concreta, escenario en el que no habrá devoluciones ni rebajas de precios. El fin último debe ser resguardar la protección de salud de las personas, y lo que busca la propuesta es proteger de un colapso general, donde no solo se verían afectadas las isapres y sus afiliados, sino que también los prestadores que atienden a afiliados de Fonasa y que contribuyen a aliviar las listas de espera del sistema público.

¿Existen vías para una solución?

-Existen, pero hay que reconocer la magnitud de la crisis que enfrentamos, tener el mayor sentido de urgencia y abordar las soluciones con mirada sistémica. Los plazos son acotados. Por ejemplo, la prórroga hasta ahora no se refiere al fallo sobre primas GES, que en cualquier momento deberá implementarse. Además, junto con viabilizar en el más breve plazo la implementación de los fallos, se requieren compromisos concretos para ir construyendo respuestas a los problemas estructurales del sistema. Pero la preocupación por resolver esos problemas, desde hace años pendientes, no puede arriesgar que se desencadene una crisis. En esto el compromiso de nuestra clase política es fundamental.