En el marco de la demanda que presentaron en 2017 accionistas de Empresas Masvida en contra de los ex ejecutivos de la firma por delito de estafa, el Fiscal Adjunto de Concepción, Nelson Vigueras Camaño, solicitó al Juzgado de Garantía de esa ciudad una autorización para poder entrar y registrar las dependencias de la Clínica Universitaria de Concepción y Centro Médico de la misma y, de esta forma, poder hacer la incautación de los registros contables y documentación física y virtual de la contabilidad, correspondiente tanto a la ex Isapre Masvida, como a las otras empresas vinculadas del mismo grupo.
El jueves pasado el juzgado autorizó la operación, y al día siguiente la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Concepción, acompañados de personal Lacrim y Cibercrimen de la PDI, llevaron a cabo la diligencia.
La incautación la hicieron en el patio trasero de la Clínica Universitaria de Concepción, por el sector de estacionamientos, donde hay un contenedor bodega que tenía la información contable de la ex isapre Masvida y las otras empresas del grupo: Empresas Masvida, Infovida, MV Financial Service Group, MV Financial Gestión, MV Clinical e Inmobiliaria CUC Hualpén; así como la documentación física y virtual sobre el origen y destino de los fondos de inversión privados en que dichas empresas o sus ejecutivos tenían participación o vinculación desde el año 2012 a la fecha.
Todo ello en el marco de la querella que presentaron accionistas contra los ex ejecutivos de la compañía, entre ellos el ex presidente Claudio Santander, por delito de estafa en perjuicio de los médicos socios por pagos que habría efectuado la isapre por asesorías a empresas del holding, las cuales no habrían sido efectivamente prestadas, según reclama la demanda.
Enredados con el SII
Los problemas para la antigua administración de Masvida aún no terminan. No sólo se enfrentan en tribunales contra los accionistas de la empresa, también lo hacen contra el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Sin ir más lejos, a fines de 2017 el SII presentó ante el Juzgado de Garantía de Concepción una querella criminal por delitos tributarios contra los ex ejecutivos por no pago de IVA, la presentación de declaraciones impositivas falsas o incompletas y la facilitación de documentación tributaria falsa, vinculada al pago irregular de bonos a ejecutivos del conglomerado empresarial. Todo ello, evalúa el SII, habría ocasionado un perjuicio fiscal que asciende a unos $15.000 millones.
