Transitamos durante los últimos 30 años del realismo del expresidente Patricio Aylwin, de “avanzar en la medida de lo posible” a “hacer lo posible por no avanzar”. Y quizás la reforma que lo sintetiza mejor es la de pensiones, donde cumpliremos una década sin poder acordar un aumento en la tasa de cotización.

José Piñera, el ideólogo del sistema de capitalización individual, en el 2019 ante las sucesivas críticas de las bajas pensiones, señaló que el sistema de capitalización individual era como un “Mercedes Benz” por su calidad de diseño. “Si al auto no le ponen bencina, no podrá llegar a su destino”, aludiendo a las lagunas previsionales. La respuesta del entonces candidato el diputado Gabriel Boric no tardó en llegar para refundar el sistema de capitalización individual. Señalando en su programa que iba a “terminar con la administración privada y el mercado de las AFP”, reforzando el rol del Estado (pág. 44). A fines del 2022 cumplió su promesa, presentando una reforma que estatizaría de facto nuestro sistema de pensiones.

Transcurrido casi dos años de tramitación, el peso de la evidencia se ha impuesto por sobre propuestas con carga ideológica y refundacionales. El gobierno paso del slogan “ni un peso más para las AFP” a proponer que 3 puntos de la tasa de cotización adicional vayan directamente a las cuentas individuales (“más bencina”). El realismo del gobierno se refleja en que constató que es difícil encontrar una experiencia exitosa de reforma a las pensiones en democracia, sin la condición previa de haber alcanzado un acuerdo político transversal. Lo que no significa, por cierto, renunciar a sus ideales.

Podemos seguir esperando a que una de las dos “soluciones esquina” de distribución de la cotización adicional (6-0 o 0-6) se imponga. Si se hubiera impulsado en 1990 cualquiera de ellas, aún no tendríamos un acuerdo. Porque las materias previsionales no sólo se requiere la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, sino que también el quorum necesario en parlamento y esas dos condiciones no se han cumplido.

La principal motivación para alcanzar un acuerdo en la gran mayoría de las reformas fue una situación fiscal insostenible de los países, también conocido como el “costo del statu quo”. ¿Cuál es el costo del statu quo para Chile? El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) estima en 30 puntos del PIB de mayor deuda pública, como el costo de aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) del expresidente Piñera, para mantener las tasas reemplazo, en ausencia de una mayor tasa de cotización. Porque la política puede dilatar la reforma, pero no permitirá la caída abrupta en las tasas de reemplazo.

Asimismo, implica un menor ahorro e inversión respecto de un escenario con reforma, lo que se traduce según ha estimado el Banco Central (2017) y Hacienda (2022) postergar un aumento en torno a un 1,0% de crecimiento del ingreso per cápita en el largo plazo.

Un mercado de capitales más profundo permitirá recuperar aceleradamente la profundidad previo a los retiros, que significa mayor acceso y que las tasas de interés de largo plazo retornen a sus niveles previos. Por ejemplo, en el sector construcción que está pasando hoy por momentos complejos, desde el año 2022 a la fecha, la caída del stock de créditos hipotecarios acumula US$ 9.000 millones, equivalente a 55 mil viviendas de 4 mil UF.

A veces pareciera que la historia se repite. En enero de 2021, la oposición de entonces, actual oficialismo, tuvo en sus manos la posibilidad de cerrar un acuerdo en pensiones, donde se destinaban más de 3 puntos a un sistema de reparto de forma permanente. Pero optaron por seguir el camino del maximalismo y “hacer lo posible por no avanzar”. Hoy, seguramente miran con nostalgia aquella propuesta, cuyo rechazo además motivo a que el entonces expresidente Piñera impulsará la mayor reforma al pilar solidario creando la PGU.

La principal responsabilidad de mejorar sustancialmente el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara es del Ejecutivo, tanto en el pilar contributivo como en los cambios en la industria. Y la oposición debe evaluarlas en su mérito, porque el statu quo tiene costos, procurando avanzar “en la medida de lo posible” en todas aquellas propuestas que logren mejorar las tasas de reemplazo de forma sostenible y promuevan la competencia en la industria, descartando el resto. Porque si bien la historia no es la misma de aquel enero del año 2021, ¡pucha que rima!

Investigador Asociado CIES-UDD, Instituto Libertad.