Por primera vez se está votando sobre pensiones en la Convención Constitucional. En concreto, la Comisión de Derechos Fundamentales este martes empezó a votar en general sobre las iniciativas que se han presentado en la materia, pero solo alcanzaron a ver algunas, quedando pendiente la mayoría para una próxima sesión.

Ahí los convencionales decidieron rechazar, en general, la iniciativa popular de norma que logró más firmas entre todas las que ingresaron para ser debatidas por la Convención. Se trata de “Con mi plata no”, que consiguió 60.852 adherentes.

En paralelo, los convencionales aprobaron en general la iniciativa popular impulsada por la coordinadora NO+AFP, aunque rechazaron el artículo transitorio que ahí se proponía. Esta propuesta contó con 24.110 apoyos de la ciudadanía.

Justamente, ambas propuestas anteriormente habían generado un amplio debate en dicha comisión, donde los convencionales manifestaron diferencias importantes en este ámbito de la seguridad social.

Así, pese a que no estaba permitido hacer comentarios durante la votación de este martes, ya que las deliberaciones finalizaron el lunes, de todas maneras hubo dos convencionales de Vamos por Chile que quisieron marcar un punto.

La convencional Rocío Cantuarias, al momento de votar la iniciativa popular “Con mi plata no” comentó: “Porque la norma protege la propiedad de los fondos de pensiones de los chilenos, voto a favor secretario”. Al segundo, el coordinador de la instancia, convencional César Valenzuela, salió a poner orden: “Estamos en votación convencional Cantuarias, por favor”.

Una vez finalizada la votación, el conteo quedó así: 8 a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. La convencional Teresa Marinovic pidió la palabra, y el coordinador Valenzuela, pensando que era por un punto del reglamento, se la otorgó. “Coordinador, solo señalar que respecto de la propiedad, se están pasando las normas ciudadanas por el Arco del Triunfo”, señaló Marinovic.

El coordinador en ese segundo la interrumpió, y mientras Marinovic intentaba seguir hablando, Valenzuela dijo que este no era espacio para deliberación, porque eso había terminado el lunes. “Les importa nada la ciudadanía”, fue lo último que se le escuchó decir a Marinovic.

Los votos en contra correspondieron a los convencionales Damaris Abarca, Benito Baranda, Luis Barceló, Adriana Cancino, Roberto Celedón, Aurora Delgado, Javier Fuchslocher, Dayyana González, Natalia Henríquez, Bastián Labbé, Elsa Labraña, Francisca Linconao, Janis Meneses, Valentina Miranda, María Rivera, Mariela Serey, Tatiana Urrutia y César Valenzuela.

En tanto, por aprobar la iniciativa se inclinaron los constituyentes Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Gaspar Domínguez, Teresa Marinovic, Katerine Montealegre, Alfredo Moreno, Manuel José Ossandón y Bárbara Rebolledo.

Se abstuvieron Patricio Fernández, Lidia González, Giovanna Grandón, Felipe Harboe, Isabella Mamani, Matías Orellana y Fernando Tirado.

Luego se aprobó en general la iniciativa de No+AFP, sin su artículo transitorio, con 20 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención. El resultado sacó aplausos de los convencionales.

Ahí los que aprobaron fueron los convencionales Damaris Abarca, Benito Baranda, Luis Barceló, Adriana Cancino, Roberto Celedón, Aurora Delgado, Javier Fuchslocher, Dayyana González, Giovanna Grandón, Natalia Henríquez, Bastián Labbé, Elsa Labraña, Francisca Linconao, Janis Meneses, Valentina Miranda, Matías Orellana, María Rivera, Mariela Serey, Tatiana Urrutia y César Valenzuela.

Por su parte, rechazaron los convencionales Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Gaspar Domínguez, Lidia González, Felipe Harboe, Isabella Mamani, Teresa Marinovic, Katerine Montealegre, Alfredo Moreno, Manuel José Ossandón, Bárbara Rebolledo y Fernando Tirado. Asimismo, se abstuvo el convencional Patricio Fernández.

En concreto, la iniciativa “Con mi plata no” señalaba que “el Estado deberá tutelar preferentemente el derecho a la seguridad social. La ley creará un sistema de seguridad social que asegure el acceso de todos los chilenos en edad de retiro a una Pensión Básica Universal, cuyo financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general”.

El articulado agregaba que este sistema también incluirá una pensión financiada con la cotización obligatoria que haga cada persona, dinero que siempre será de su propiedad, con fondos que tendrán carácter de heredables.

Además, planteaba que las personas siempre podrían elegir quién administra sus fondos, ya sea una empresa privada, estatal o mixta. “La ley velará para evitar pensiones diferentes entre hombres y mujeres cuyos fondos previsionales ahorrados sean idénticos en su monto, respetando las modalidades elegidas por cada cual”, añadía.

En paralelo, la propuesta de la coordinadora No+AFP establece que “el Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento”.

Ahí se agrega que “la definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias”.

Además, indica que “la gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”.

También dice que “la seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, de dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas”.

Lo que se votó por separado y fue rechazado por 4 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención, es el artículo transitorio que ahí se proponía, donde se establecía que en el plazo de un año desde que se aprobara la nueva Constitución, se debían adecuar las leyes a estos nuevos estándares.

También establecía que una vez “expirado dicho plazo, asumirá de pleno derecho la recaudación, pago y gestión de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones, el Instituto de Previsión Social, que se regirá hasta tanto se dicten las leyes”.

Además, agregaba que las AFP debían traspasar “los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al referido Instituto dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional”.