Pensiones: Hacienda excluye de la contabilidad del balance fiscal costo del préstamo para no afectar deuda pública

Uno de los puntos clave de la reforma previsional es la sostenibilidad fiscal. De hecho, se anticipa como uno de los principales nudos a resolver durante la tramitación de las indicaciones que fueron ingresadas este miércoles a la Comisión de Trabajo del Senado.

Junto con ingresar las indicaciones, se presentó el Informe Financiero. En él se proyecta que el mayor gasto total de esta reforma en régimen, es decir, al 2050, son US$3.200 millones. De ese total, el mayor desembolso estará radicado en el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con un monto de US$1.400 millones. Luego le sigue el préstamo solidario que equivale a US$1.000 millones, mientras que el aumento de las cotizaciones es de US$778 millones.

En un comienzo, el aporte al fondo solidario recién significará gasto en 2027 de US$111 millones, y de allí en más irá subiendo hasta llegar al 2050 a registrar gastos por US$1.000 millones.

Una de las dudas que existía entre los especialistas era cuál sería la fórmula que Hacienda elegiría para contabilizar los gastos del préstamo solidario. Esa duda se comenzó a resolver este miércoles, puesto que el Ejecutivo explicó que “el Fondo de Seguro Social con sus ingresos, gastos, compromisos de deuda y activos serán registrados separadamente del Gobierno Central, y no se consolidarán en el Tesoro Público, en consonancia con los estándares y manuales establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

En ese sentido, se explicó que “los compromisos se registrarán como pasivo contingente y se incluirá en los informes anuales de la Dirección de Presupuestos. Sin perjuicio de ello, el Fondo del Seguro Social estará sujeto a las máximas exigencias de transparencia, publicidad, integridad, auditoría y rendición de cuenta”.

De esta manera, los expertos afirman que con esta fórmula Hacienda busca que ni afecta el balance fiscal y la deuda pública asegurando que, al menos, por este concepto la deuda pública no escalará hasta el 45% del PIB.

“Me parece una fórmula prudente. Es importante separar este fondo de la contabilidad que se lleva en el Tesoro Público, ya que son exclusivamente para mejorar las pensiones de los chilenos y no deben confundirse, en ningún caso, con otras materias de gasto”, afirmó el director ejecutivo de Horizontal, Juan Obach.

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de a Univesidad San Sebastián y exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Alejandro Weber, añadió que “esta fórmula es similar a cómo se contabiliza, por ejemplo, la deuda de las empresas públicas: no está considerada dentro de los 42% PIB de deuda del gobierno central”.

Weber explica que “como los fondos que se usarán del Fondo de Reserva previsional para complementar el aporte del Estado deberán ser restituidos en un plazo de 20 años, se contabilizaría como una operación bajo la línea, sin afectar el patrimonio del Estado y sin representar mayor gasto fiscal”.

Mencionó que “este es un instrumento posible y que se utiliza en la política fiscal, pero debemos tener claridad que aun cuando se marque de esa forma la deuda existirá de facto y comenzará a aumentar cuando se tengan que restituir a los trabajadores los fondos que prestaron al Estado”. En una minuta que difundió Hacienda, se detalla que “el Fondo de Seguro Social recibirá, además, un aporte fiscal predeterminado en función de las necesidades de suficiencia y sostenibilidad del Fondo, el que, en cualquier caso, no excederá el equivalente a los recursos liberados en la mantención de la cobertura de la PGU en 90% de los pensionados y el financiamiento de la gestión de fondos mediante una comisión de cargo del trabajador”.

Y se informó que este fondo “será objeto de una evaluación regular de sostenibilidad, la que se iniciará una vez concluido todo el proceso de transición de aportes y beneficios y se repetirá cada tres años. Estas evaluaciones tendrán carácter público y podrán incluir recomendaciones de ajustes de aportes y beneficios, las que deberán ser sometidas a las autoridades, con la opinión del Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Fiscal Autónomo”.

Otro de los ejes fiscales de este proyecto es el financiamiento del aumento de la PGU a $250 mil. Según detalló Hacienda se incorporará “a todos los beneficiarios en un plazo de 24 meses, contados a partir de 6 meses de la entrada en vigor de la ley, dando prioridad a los pensionados y pensionadas de mayor edad”.

Así, una vez que la PGU se incremente a $250.000 al primer grupo de pensionados, “se reajustará su valor de acuerdo con la variación del IPC con las modalidades establecidas para el beneficio. Durante los primeros 5 años será el único incremento del valor nominal del beneficio”.

También se explica que “el Consejo Consultivo Previsional evaluará, cada tres años, la suficiencia del beneficio en base a antecedentes socioeconómicos y del mercado del trabajo y podrá proponer ajustes por encima del IPC. En caso de que ello ocurra, el Consejo Fiscal Autónomo evaluará la sostenibilidad fiscal de dicho incremento. Las opiniones fundadas de ambos organismos serán públicas y se entregarán a los ministros de Hacienda y Trabajo para su consideración y eventual propuesta legislativa”.

Se confirma también que “el mayor gasto fiscal permanente que implica el fortalecimiento de la PGU se financiará con los recursos provenientes de la implementación de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias”, más conocida como antievasión y que comenzó a regir en octubre.

Para Obach, “la única manera de alivianar la presión fiscal sobre la PGU es aumentar el ahorro de nuestro sistema previsional”, puesto que “es una política cara, por lo que es importante ponerle bordes. Solo el incremento propuesto por el Gobierno cuesta USD 1.400 millones en régimen”.