Pérdidas por incendios en la Quinta Región superarían los US$1.000 millones y costo fiscal bordearía los US$500 millones, según expertos

El balance preliminar lo entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El domingo pasado entrega su primer cálculo económico del impacto de la catástrofe que dejó el incendio en la región de Valparaíso y que tiene como saldo una cifra de más de 100 fallecidos.

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“En términos de pérdida completa de viviendas se registran cifras mayores (respecto de eventos anteriores) y, por lo tanto, se puede cifrar que las pérdidas económicas, no solo por el tema de vivienda, será de varios cientos de millones de dólares”, sostuvo el ministro ese día.

Asimismo, afirmó que existen la disponibilidad de recursos para enfrentar esta catástrofe: “Tenemos la capacidad suficiente para generar los recursos que se requieren, tanto para atender la emergencia como para las ayudas posteriores y la reconstrucción. Que los recursos no sean una restricción ni en lo cuantitativo ni en lo operacional para hacer todo lo que sea necesario”, planteó el ministro.

Dado este escenario de catástrofe los economistas comenzaron a cuantificar los efectos en términos económicos, que se pueden separar en tres: uno son las pérdidas totales en la región, lo que incluye las viviendas, infraestructura y el funcionamiento de las empresas; lo segundo es el costo fiscal que significará y un tercer elemento es su impacto en el índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) propiamente tal.

En lo primero, los economistas tienen una cifra preliminar que ronda los US$1.000 millones. “La pérdida de stock de capital de los incendios de 2023 fue estimada por la Dirección de Presupuestos en US$ 883 millones. En esta oportunidad, dada la magnitud del desastre, es posible que las pérdidas bordeen los US$ 1.200 millones”, calcula el economista de LyD, Tomás Flores.

Similar estimación tiene el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, quien menciona que “podríamos hablar de una cifra de entre US$800 millones a US$1.000 millones. Todo esto a partir de estimaciones que se han hecho en emergencias pasadas”.

Lo segundo es el costo fiscal que implicarán los incendios. Para Flores “la estimación vigente para reconstrucción de 15.000 viviendas afectadas podría implicar un costo fiscal de US$ 481 millones, tomando como referencia las 4 mil viviendas afectadas en el incendio anterior que implicaron un desembolso de US$ 160 millones. Esto involucra una gestión de varios años y basta recordar que la reconstrucción de Santa Olga, con US$ 43 millones, tomó cerca de 4 años”, puntualizó el experto.

Luis Gonzales, Coordinador Económico de Cambio Climático, Energía y Medioambiente de Clapes UC, suma elemento para el análisis: “Hasta el momento, el impacto está radicado en los sectores habitacionales, se habla de más de 40.000 personas afectadas y 15 mil viviendas dañadas, lo que hace presumir que ese nivel de daño es diez veces mayor a lo que hemos observado en el verano de 2023 y 2017″.

En ese sentido, añade que el 2023 se estimó un costo fiscal por encima de los US$300 millones, donde las viviendas afectadas fueron de 3.000. En este caso, estamos rondando en cifras preliminares en más de US$500 millones en pérdidas, solamente si consideramos el valor de las viviendas en construcción sociales”. No obstante, acota que “son cifras que van evolucionando con los reportes, aún preliminares”.

Juan Ortiz tiene una cifra similar del costo fiscal. Lo primero que menciona es que se debe considerar en el costo fiscal el impacto de los recursos asociados al combate contra el fuego, apoyo a la reconstrucción, apoyo a personas y sectores productivos, sumado al gasto tributario y menor recaudo. “Es difícil entran a cuantificar los costos fiscales finales de la emergencia, pero serán sin duda de cientos de millones de dólares. Por la escala de la tragedia y el número de personas afectadas, deberíamos estar viendo cifras superiores a los US$500 millones”.

Otra mirada entrega el economista de Gemines consultores, Alejandro Fernández, quien hace una mirada más cualitativa de la situación. “Dependerá de cuánto esté dispuesto a invertir el fisco en la recuperación. Es posible que una parte del gasto sea más o menos inmediata para resolver el problema de las familias que quedaron sin hogar y servicios y, eventualmente, el próximo año si se decide invertir en infraestructura, tanto en recuperación de parte de lo perdido como en obras complementarias que permitan una mayor defensa para futuras catástrofes”.

Para Fernández, “es probable que con reasignaciones presupuestarias se pueda enfrentar la mayor parte del costo y, por lo tanto, que haya poco impacto en las cuentas fiscales a nivel agregado”.

La tercera variable que podría verse afectada es la actividad medida en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec). A la hora de analizarlo, hay consenso entre los expertos de que el impacto será acotado.

“El efecto sobre la actividad económica de febrero debería ser moderado y con mayor preponderancia en el sector agrícola y de turismo”, subraya Flores.

Para Gonzales, “los daños principales van a ser de productividad. Hay un daño de partes industriales y muy importante es el daño al turismo que se tiene producto de la pérdida del parque botánico de Viña del Mar”.

Ortiz comenta que el Imacec se verá afectado en “el margen” como resultado de los incendios en la zona central del país. “La región de Valparaíso suma el 7,4% del PIB total del país. La emergencia tendrá incidencia en la actividad económica, asociado a la perdida de capital económico, especialmente asociado a empresas y turismo en la región. Este hecho sumado a la tragedia en vidas humanas y su impacto familiar también limitan la capacidad de producción en diversas zonas de la región”, explica el economista.

Y Fernández menciona que “dependerá de cuánto dure la emergencia y cuando se inicie la reconstrucción. También del monto de recursos que se utilicen para recuperar lo perdido. Con todo, los efectos van a ser principalmente focalizados y locales, sin que sea muy relevante en términos macro. Puede que para el turismo y el comercio de la región el impacto sea negativo, pero no tanto para el resto de las actividades”.