En momentos en que los efectos de la “guerra arancelaria” comienzan a golpear las proyecciones de actividad en Chile y en el mundo, los expertos coinciden en que eliminar las barreras internas que impiden un mayor crecimiento se vuelve un imperativo. En un intento por “ponerle números” a la discusión sobre la denominada “permisología” en el país, el Centro de Estudios Públicos (CEP) realizó un profundo estudio donde estima que el costo económico de la burocracia en Chile, entendida como aquella regulación que las empresas reportan que inhibe de forma muy importante su crecimiento, es del 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

La investigación -realizada por Nikolas Dejbord, consultor senior en Deloitte US, y Gabriel Ugarte, investigador del CEP- precisa que este valor corresponde a una pérdida de eficiencia agregada por mala asignación del capital y subinversión, que ascendió a aproximadamente US$22 mil millones en 2022.

“El crecimiento económico es clave para responder a las crecientes demandas sociales y mejorar la calidad de vida en el país. Sin embargo, las proyecciones de bajo crecimiento, sumadas a un contexto internacional incierto, plantean un desafío urgente: enfrentar la excesiva burocracia que hoy opera como un freno a la inversión y favorece una asignación ineficiente del capital. La llamada ‘permisología’ erosiona la competitividad de Chile frente a otras economías, y tanto los resultados de este estudio como diversos indicadores internacionales confirman que estamos en clara desventaja”, concluye Gabriel Ugarte.

De hecho, el estudio destaca que de lograrse una reducción íntegra de las trabas regulatorias que reportan las empresas, el beneficio máximo proyectado sería un incremento del 0,7% en la tasa de crecimiento anual del PIB durante los próximos 10 años. “Para lograrlo, no bastan ajustes marginales: se requiere una transformación profunda en la forma de diseñar y aplicar las regulaciones, avanzando con decisión hacia un sistema más simple, coherente y eficaz, que funcione de manera integrada y no sectorial”, añade Ugarte.

Los bemoles de la burocracia

Utilizando una metodología desarrollada por Pellegrino y Zheng (2023) y en base a los datos de la última Encuesta Longitudinal de Empresas realizada por el INE, que recoge información representativa para el año 2022, la investigación permite identificar aquella regulación que actúa como un “impuesto implícito” al capital y que está afectando la inversión en el país.

“Este estudio utiliza una metodología innovadora, que primero emplea información de encuestas para estudiar el impacto de la burocracia en las decisiones de inversión empresarial y, luego, ajusta un modelo macroeconómico para cuantificar la magnitud de la pérdida total en Chile”, explica Nikolas Dejbord.

El estudio muestra también el porcentaje de empresas que informan que el marco regulatorio de Chile es una restricción muy importante para el crecimiento. “En promedio, un 28% de las firmas señalan estar afectadas por ello. En línea con las conclusiones del Comité de Expertos sobre el Espacio Fiscal y las Tendencias de Crecimiento (2023), son las empresas de los sectores de energía (53%) y minería (36%) las que reportan verse mayormente afectadas por la burocracia”, describe la investigación del think tank. Sin embargo, las empresas del sector de hoteles y servicios de comida también están al tope de la tabla, con un 40% (ver infografía).

A su vez, las compañías que manifiestan mayores complicaciones con las regulaciones son las de mayor tamaño. “Al analizar la intersección entre sector económico y tamaño, los grupos más afectados por la burocracia son las grandes empresas en general, aunque especialmente aquellas de suministros de electricidad, gas y agua (EGA), minería y construcción. Mientras que por el lado de las pequeñas y medianas empresas destacan especialmente los sectores de hoteles y servicios de comida, transporte y EGA”, añade el estudio.

Del más de 7% del PIB de pérdida total económica en las empresas producto de la burocracia, una parte relevante se deriva del factor subinversión (-5,5%), que corresponde a una menor acumulación de capital debido al encarecimiento artificial de su uso. Sin embargo, precisa el reporte del CEP, también hay una parte relevante que responde a una mala asignación del capital (-1,95%), la que surge cuando estas trabas no afectan a todas las firmas por igual, desviando recursos desde empresas más productivas hacia otras menos eficientes.

“Consistente con los resultados de Pellegrino y Zheng (2023), tanto la mala asignación como la subinversión contribuyen significativamente a la pérdida del PIB en Chile, siendo la subinversión responsable de más del doble de la pérdida en comparación con la mala asignación del capital”, complementa el estudio del CEP.

Si bien la investigación intenta comparar los resultados de Chile con otros países de Europa, constata importantes diferencias en la metodología utilizada, cobertura y los periodos estudiados. “Es interesante notar que, aunque la pérdida estimada del PIB en Chile es casi dos veces mayor que en Francia, el porcentaje de empresas restringidas en Chile es poco más de la mitad que en ese país. Esto sugiere que una menor proporción de empresas en Chile experimentan una mayor distorsión debido a la burocracia. No obstante, es importante considerar las diferencias metodológicas entre los datos utilizados”, añade el estudio, el que precisa que la encuesta utilizada en Europa (Efige) se realizó en 2010 y se centra en el sector manufacturero, mientras que el sondeo nacional se hizo en 2022 para todos los sectores de la economía.

Las mejoras regulatorias

Pero el estudio va más allá y asegura que la pérdida económica en Chile no se debe simplemente a la existencia de regulaciones, sino que está presente la necesidad de mejorar los procesos regulatorios para aumentar la productividad. “Por ello, los responsables de políticas deben centrarse en mejorar la responsabilidad, transparencia y consistencia de los procesos regulatorios, lo que incluye reducir los tiempos de aprobación, mantener bases de datos regulatorias digitalizadas y actualizadas, y revisar periódicamente las regulaciones existentes”, plantea.

Cambios en este sentido, añade la investigación, se están discutiendo hoy en el Congreso a través del denominado proyecto de “permisología”, o de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), el que se ha transformado en la iniciativa símbolo para derribar las trabas burocráticas que impiden el desarrollo del país, y que tiene al gobierno y a la mayor parte del mundo político detrás de su pronta aprobación.

La iniciativa busca reducir los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sin bajar el estándar regulatorio, según el Ejecutivo. “Lo que hace nuestro proyecto de ley es que los tiempos se debieran reducir entre un 30% y un 70%”, ha afirmado el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien prevé una pronta aprobación del texto en el Parlamento.

“Sin embargo, el proyecto de ley, que se espera sea despachado en los próximos días, tiene importantes puntos débiles. En particular, uno de los más relevantes es su enfoque predominantemente sectorial, lo que limita la visión integral y las capacidades e influencia de la institucionalidad que implementará el nuevo sistema. El ámbito de aplicación de la LMAS deja fuera parte importante de los permisos, incluyendo aquellos pertenecientes a la normativa ambiental, lo que reduce de manera considerable el alcance y la eficacia del sistema propuesto”, repara el estudio.

Incluso, Nikolas Dejbord y Gabriel Ugarte, los autores del reporte, creen necesario incorporar mejoras a las regulaciones ambientales, lo cual no estaría siendo alcanzado satisfactoriamente por el proyecto “Evaluación Ambiental 2.0” del gobierno y que además esta semana el Ministerio de Hacienda dejó fuera de las 10 iniciativas prioritarias para el último tramo de la administración Boric. “Esta iniciativa mantiene las principales rigideces del modelo actual, sin avanzar en una evaluación ambiental más técnica, eficiente y menos sujeta a interferencias políticas o judiciales. Por el contrario, refuerza el rol del Servicio de Evaluación Ambiental y amplía la participación ciudadana, sin introducir reformas sustantivas a las autorizaciones ambientales ni mecanismos que aumenten la predictibilidad o reduzcan la discrecionalidad en la toma de decisiones”, sostienen los autores.

Para los investigadores, una buena regulación no solo es fundamental para el correcto funcionamiento de una economía, sino que cobra aún más relevancia en el contexto actual, marcado por el cambio climático y las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, que están transformando rápidamente la sociedad.

“Los marcos regulatorios bien diseñados, con procesos eficientes, son esenciales para fomentar la productividad y el crecimiento a largo plazo, al reducir las prácticas monopolísticas y las externalidades negativas que aumentan los costos operativos. Junto con lo anterior, para un país como Chile, que enfrenta preocupantes tendencias demográficas, con una población en declive y una fuerza laboral en disminución, resulta aún más crucial mejorar la productividad a través de inversiones en nuevas tecnologías. Los obstáculos para una mayor productividad afectarán negativamente las perspectivas de crecimiento económico sostenible del país en el futuro”, concluye el estudio del CEP.