El Gobierno dio a conocer los grandes lineamientos del proyecto de sala cuna universal, con el objetivo de poner fin a la discriminación negativa que afecta a la contratación de mujeres y, al mismo tiempo, permitir que más mujeres participen del mercado laboral, lo que supuestamente redundará en un mayor crecimiento de largo plazo.
Un viejo anhelo de varios sectores, incluyendo mujeres que participan en el sector privado. Es que esta iniciativa eliminará el límite de 20 mujeres para tener el beneficio, terminando así con una distorsión que impacta la contratación. Además, se convierte en una ayuda fundamental para que más mujeres puedan contar con la posibilidad de dejar a sus hijos bien cuidados y así ingresar al mercado laboral.
De acuerdo con estadísticas de la Dirección del Trabajo, apenas el 11,7% de las empresas tiene 20 o más trabajadoras, lo que ratifica esta discriminación.
Sin embargo, existen algunos puntos cuestionables. Respecto del beneficio económico a nivel agregado de la mayor incorporación de mujeres, no es del todo claro.
La teoría dice que una mayor participación laboral femenina tiene un impacto en el producto de largo plazo. No obstante, para que esa teoría se concrete y se pueda aprovechar todo el potencial de más mujeres buscando empleo, se requieren medidas adicionales que apunten a flexibilizar el mercado laboral, para que exista un incentivo real a elevar la contratación.
La fórmula de financiamiento también es un aspecto que preocupa. Al ser de costo del empleador, con el 0,1%-0,4% de los salarios, en la práctica es haber puesto un impuesto al trabajo, costo que si bien para algunos puede ser marginal, se suma a otros costos ya realizados y otros por venir, como el aumento de la cotización previsional en la futura reforma.
