Personas en insolvencia económica registran nueva alza en febrero y tocan máximo de casi 3 años

La situación financiera de un sector de la población en Chile no atraviesa por un buen momento. Eso es lo que muestra el informe mensual de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y es que si en enero hubo 285 solicitudes de quiebras de personas, lo que se tradujo en un incremento de 57% en 12 meses, en febrero ese número subió a 322 solicitudes de quiebras, su registro más elevado desde mayo de 2021 y que significó un incremento de 71,3% versus igual mes de 2023.

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Los expertos afirman que unas de las razones que ha acrecentado esta situación es que la creación de empleo no ha logrado absorber la demanda por puestos de trabajo, lo que ha impactado en los ingresos de la gente. Pero no es lo único, puesto que el cambio en la legislación, que simplificó los requisitos para iniciar los procesos de liquidación y renegociación de quienes tienen deudas, generó una fuerte alza de las personas en estado de insolvencia, en este inicio de 2024.

Una situación similar es la que muestran las cifras para las solicitudes de renegociación de deuda, las que subieron 154%, llegando a 135, su mayor número mensual desde febrero de 2020. En enero la cifra fue de 124 procesos.

Ricardo Ibáñez, abogado, socio fundador de Defensadeudores.cl, sostiene que “la incapacidad de miles de chilenos para pagar sus compromisos financieros se está reflejando en las cifras de renegociación de deudas”.

El abogado entrega otro argumento que explica este fenómeno: “Desde agosto de 2023 pueden acceder a esta posibilidad las personas que emiten boletas de honorarios, y que antes eran consideradas empresa. La renegociación se amplió a personas que antes lo tenían prohibido”.

También menciona que la realidad del año pasado demostró que, “pese a las señales de un mercado laboral en mejoría, las remuneraciones de los trabajadores no han tenido un incremento real. Muchos se ven obligados a optar por la decisión más extrema, la liquidación voluntaria o quiebra, porque sus sueldos apenas cubren las necesidades de subsistencia y no permiten enfrentar el endeudamiento”.

Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados, añade que, “existe un efecto de temporalidad, es decir, el crecimiento, estancamiento o retroceso en la economía no va en paralelo a los registros de solicitudes de liquidaciones. Por ello, existe un desfase de al menos tres meses entre uno y otro”.

Asimismo, subraya que “con la entrada en vigor de la nueva ley de agosto de 2022, el órgano fiscalizador, que es la Superintendencia y otras entidades, difundieron ampliamente las nuevas reglas, por ende, se trata de una alternativa más conocida, a la que cualquier persona puede optar ante dificultades económicas, y es un procedimiento más accesible”.

Andrés Del Real, director del área de Solución de Controversias y Arbitrajes de Arteaga Gorziglia pone como factor central el cambio en la legislación y el conocimiento que las personas tienen de lo que dicha ley les permite. En ese escenario, sostiene que “desde septiembre de 2023 al día de hoy, en cuanto a renegociación solo se ven alzas y números nunca antes vistos, y más moderadamente también se aprecia un aumento desde septiembre de 2023 en las liquidaciones de personas. Esto habla de cierta conciencia y sensación de accesibilidad a estos procedimientos, que antes no se tenía”.

Desde la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento recalcan que este incremento se debe, en primer lugar, a la entrada en vigencia de la Ley 21.563 desde el 11 de agosto de 2023, puesto que otorga mejores condiciones para que las personas renegocien sus deudas.

Esto, debido a que con esta modificación legal personas que han emitido boletas de honorarios previo a la solicitud, que antes eran consideradas empresas por la antigua ley, ahora pueden acceder a la renegociación, cumpliendo con los requisitos que establece la nueva ley.

En cuanto a las solicitudes de insolvencias de empresas, estas cayeron 34%, totalizando 35. “La modificación legal de agosto de 2023 creó más procedimientos, estableciendo reglas más favorables y accesibles para reorganizar el pasivo de las empresas, y a la vez con condiciones mucho más exigentes para que una firma se someta a un procedimiento de liquidación”, afirma Eguiguren.