Un marcado deterioro en la situación económica de las personas en Chile y una disminución en las quiebras de empresas al cierre de septiembre de 2024 son los principales resultados que revelan las cifras de la plataforma de estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

El organismo autónomo, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, informó que entre enero y septiembre del presente año, 453 empresas iniciaron un procedimiento de liquidación de sus activos, ya sea mediante un proceso de liquidación forzosa, voluntaria o refleja.

Ese número de empresas que cerraron sus operaciones es un 52% menor al registrado en el mismo período del año anterior, cuando 937 compañías se declararon en quiebra, en medio de cuantiosas deudas con el sistema financiero bancario. Esta disminución coincide con la implementación de la Ley Nº 20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, que ha jugado un rol fundamental en este cambio.

Sin embargo, el mayor impacto en las cifras provistas por la entidad, bajo la dirección del superintendente Hugo Sánchez, se observa en el número de personas que iniciaron un procedimiento de reorganización de sus pasivos.

Entre enero y septiembre, 1.395 personas solicitaron la renegociación de sus deudas, lo que contrasta significativamente con las 478 registradas en el mismo período del año anterior. En el último año, el número de personas que recurren al procedimiento concursal para reorganizar sus deudas con entidades bancarias y comerciales se ha triplicado.

Simultáneamente, las cifras de la plataforma de la Superir muestran que el número de personas declaradas en quiebra se duplicó en el último año. Entre enero y septiembre de 2024, 3.323 personas se sometieron a un proceso de liquidación, cifra que supera ampliamente las 1.716 personas que atravesaron esta situación en el mismo período del año anterior.

Desde septiembre pasado, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) ajustó la forma en que publican los resultados, facilitando un acceso más práctico y detallado a las cifras desde 2014 hasta la actualidad. El nuevo Reporte de Cifras Relevantes ofrece información sobre los casos iniciados en los Procedimientos Concursales tramitados por la Superir desde el 8 de octubre de 2014, reemplazando los antiguos boletines estadísticos mensuales y proporcionando una visión más clara y accesible de la evolución de estos procedimientos.

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda y Pino, comentó que “la tendencia de liquidaciones de personas naturales probablemente responde a las modificaciones que se han hecho a la ley, lo que ha facilitado el acceso a este proceso, reduciendo a su vez la sanción social. Esta tendencia debería disminuir hacia finales de este año o en 2025. En cuanto a las reorganizaciones, efectivamente han disminuido debido a que, en meses anteriores, hubo un leve repunte de la economía, con mayor crecimiento y una baja en las tasas de interés. Esto permitió que algunas empresas pudieran recuperarse, aunque considero que estos ‘brotes verdes’, como se les ha llamado, no son muy sostenibles debido a la grave crisis institucional que enfrenta el país.”

Expertos en derecho concursal consideran que las cifras reflejan un mayor conocimiento por parte de la población sobre las herramientas que ofrece la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, pero también evidencian un deterioro en las condiciones económicas de las personas.

La liquidadora Loreto Ried, socia de Ried & Camus, cree que detrás de las últimas cifras hay múltiples factores relacionados con la economía interna del país y los obstáculos a los proyectos de inversión. “No existe una única razón para la actual situación de quiebras e insolvencia. Claramente, hay problemas con los permisos, y tenemos una tasa de cesantía del 8,5%, aunque creo que el número real es mucho mayor si consideramos una mayor formalidad en el empleo”, explicó. “Antes, en los remates, se lograba vender todo en la primera o segunda ocasión; hoy en día, es necesario realizar hasta cinco remates para poder vender. La gente ya no quiere invertir y pretende pagar solo un tercio del valor real de los bienes”, añadió.

La liquidadora y veedora concursal, Valeria Cañas sostuvo que “el aumento de las liquidaciones de personas en Chile se estima se encuentra relacionado con varios factores tanto económicos, como financieros. En primer lugar, la inflación ha aumentado los costos de operación para muchas empresas, lo que ha impactado tanto a grandes como a pequeñas empresas. Al mismo tiempo, el consumo se ha visto disminuido debido a la menor capacidad adquisitiva de los hogares, lo que ha reducido las ventas. Otro factor clave se considera es el aumento de las tasas de interés, que ha encarecido el acceso a financiamiento para las empresas y personas; particularmente a aquellas que dependían del crédito para el normal giro de sus operaciones”.

Por su parte, Cristián Gandarillas, socio de GDM, explicó que “se ha observado un aumento en las reorganizaciones y mayor flexibilidad por parte de los acreedores para llegar a acuerdos con los deudores, debido a la difícil situación económica que atraviesa el país”. Gandarillas agregó: “Hoy, más que ver a las personas enfrentando dificultades, lo que creo es que, finalmente, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento está empezando a permear tanto en las empresas como en las personas. Evalúan como una posibilidad concreta solicitar su reorganización o incluso su liquidación frente a una situación de falta de liquidez, algo que antes era impensable debido al gran estigma que esto generaba”.

Gonzalo Barceló, abogado senior del equipo de Reestructuración e Insolvencia de Bofill Mir Abogados, señaló que “del análisis de los procedimientos concursales iniciados en los últimos meses se desprende una conclusión interesante: empresas de sectores como el automotriz, telecomunicaciones, minería, salmonicultura, venta de ropa y proveedores de insumos médicos están enfrentando situaciones de estrés financiero, casi al mismo nivel que los sectores de la construcción y la industria manufacturera, que según datos de la Superintendencia, siguen siendo los más críticos”.