Para este año, el panorama que entregó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (Ipom) no fue auspicioso: un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,25% a 2,75%, una inversión cayendo 0,8% y un crecimiento del consumo privado bajo 2%. Además, proyectó una mayor inflación para 2024 pasando de 4,2% a 4,5%.

Pero el escenario sombrío que delineó el ente rector no solo fue para el corto plazo, sino que también para el mediano: un crecimiento tendencial de 1,8% en promedio hasta el 2034, por debajo del 1,9% que previó en diciembre pasado.

En su mensaje al Senado, la propia presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, levantó la alerta: “Crecer a las tasas de mediano plazo que proyectamos no permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones, entonces es algo de lo que debemos hacernos cargo. Enfrentar este desafío y superarlo requiere de políticas públicas bien diseñadas, requiere de la creatividad y esfuerzo tanto del sector privado como del público. Requiere de instituciones sólidas”.

En ese sentido, Costa dijo que existen oportunidades, pero ello “exige prepararse en forma oportuna”, pues “enfrentamos desafíos ante avances tecnológicos que requieren capacidad de adaptación. Es necesario mejorar la calidad de nuestra educación, destinar recursos a proyectos que permitan aumentar la productividad, avanzar en iniciativas que favorezcan la inversión, fomenten la competencia, la profundidad de los mercados financieros, y por cierto aprovechar las ventajas que se nos presentan”.

Si entre 1995-2004 la economía creció 5%, entre 2005 y 2014, bajó a 4,3% y entre 2015 a 2024 siguió descendiendo hasta 2%. Y ahora entre 2025 y 2034 la proyección apunta a una expansión de 1,8%.

El PIB tendencial es la capacidad de crecimiento de mediano plazo que tiene la economía sin generar efectos adversos como la inflación. En el largo plazo, las tasas de crecimiento potencial y tendencial convergen al mismo número.

Esta fuerte desaceleración de la actividad económica ha impactado un indicador que sirve para cuantificar qué tan cerca o lejos está el país de alcanzar ingresos de naciones desarrolladas, como es el PIB per cápita (el PIB dividido por la población).

Un efecto directo sobre las personas es precisamente ese: si se considera la proyección oficial del INE de un crecimiento de la población del 0,5% por año, el PIB per cápita del país se expandiría a una tasa levemente por encima del 1% (1,3%), lo que para los economistas es insuficiente para mejorar la calidad de vida de las personas.

Los analistas coinciden que una de las principales implicancias de crecer bajo 2% en la próxima década es no poder satisfacer las demandas sociales como salud, educación, seguridad pública y pensiones. A ello se suma la desigualdad y la pobreza.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, lo explica así: “El problema del bajo crecimiento es mucho más complejo que, simplemente, tratar de invertir un poco más o aumentar algo la productividad, ya que está involucrado el sistema político, la educación, la regulación laboral, etc. Desde esta perspectiva los que dicen que el país se jodió con la reforma tributaria de Alberto Arenas, están siendo reduccionistas. Ven solo una parte del problema y este viene de mucho antes y se agrava después”.

Hermann González, coordinador Macroecómico de Clapes UC y socio de Valtin Consulting, se suma al análisis y menciona que “en el marco de la regla fiscal vigente en Chile, un bajo crecimiento tendencial limita las posibilidades de expansión del gasto público de forma responsable. Esto implica que necesidades no cubiertas de la población en materia de educación y salud pública, vivienda o seguridad, tendrán que esperar más tiempo para ser satisfechas, con el potencial riesgo de aumentar el malestar social”. Otra implicancia entrega el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann: “El sueño de alcanzar estándares de país desarrollado, como planteábamos hace pocos años atrás, es hoy, bajo las actuales condiciones estructurales del país, inalcanzable”.

Y Tomás Flores, economista de LyD, apunta que “un crecimiento de 1,8%, que supera levemente el aumento de la población, genera una condición en donde tras una década prácticamente no se observará ningún progreso en bienestar, ya que el crecimiento per cápita tan reducido solo mantiene los niveles de ingresos actuales”.

Uno de los factores que explica el estancamiento de la expansión del PIB per cápita es el deterioro de los factores que están detrás del crecimiento potencial del país. Uno de ellos es que la tasa real anual de la inversión pasó de crecer 10% (2004-2013) a una expansión de 0,8% entre 2014 y 2023. Asimismo, la productividad está estancada desde hace más de una década.

Los expertos también mencionan que este escenario de menor crecimiento se explica por un deterioro del sistema político, el que califican como “polarizado, fragmentado” y ya no es capaz de lograr acuerdos en las reformas sociales y económicas necesarias para mejorar el bienestar de la población.

La pobreza en el país ha venido bajando de manera sostenida desde 1990 a la fecha. En la última medición, Casen 2022, la pobreza por ingreso se redujo a 6,5%. Esto, según los expertos, se debe principalmente al mayor crecimiento y las políticas sociales impulsadas por los distintos gobiernos, quienes lo han podido financiar gracias al mayor crecimiento de la economía.

“Uno de los riesgos de este bajo crecimiento es que se revierta parte de los avances alcanzados hasta ahora. La pobreza se ve impactada por el menor crecimiento del empleo y de los salarios reales, que implica un escenario como este, pero también por una menor capacidad del Estado de invertir en áreas que permitan apoyar a los hogares más vulnerables para salir de esta situación”, argumenta González.

Esa misma visión es complementada por Lehmann: “Con el crecimiento tendencial que hoy registramos, no lograremos avances relevantes en mejoras en la distribución del ingreso y reducción de la pobreza. Para ello, es necesario acelerar el crecimiento y abordar cuestiones de carácter estructural que hoy frenan el crecimiento y desarrollo de la economía”.

Fernández menciona que “se hace muy difícil reducirlas, porque la única forma es quitándole a los que están mejor en vez de aprovechar los beneficios del crecimiento, si este fuera más rápido. De hecho, se imposibilita reducirlas y, peor aún, es probable que ocurra lo contrario”.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y actual académico de la Universidad de Chile, argumentó que “lo principal es el impacto que tiene en el poder adquisitivo de las personas” Y lo ejemplifica así: un crecimiento hoy día de 1,8% de largo plazo dada nuestra tasa de crecimiento de la población es de 1,2% de crecimiento del PIB perca. Y si esto lo llevamos a los años 90, el crecimiento per cápita hubiera sido 0% por el mayor aumento de la población”.

Otro ejemplo: “Si hoy gano 100 pesos, de aquí a 10 años estaré ganando 120 pesos. Es un aumento, pero pobre. O una persona que gana $600 mil y en 10 años subirá a $$720 mil. Es poco el aumento en el bienestar que tendrán las personas y eso afecta a todas las personas. Esta debe ser una señal de alerta para la política, ya que puede generar frustración y tensión social”. Para Micco, parte del estallido social de octubre de 2019 se debió a que el “país no creció nada durante la última década, pese a que el Fisco gastó más en protección social, el país no creció”.

González acota que “en un país que crece menos existe menos movilidad social y el Estado tiene menos herramientas para reducir las brechas que hay entre sus habitantes, todo lo cual amplia las desigualdades existentes”.

Tomás Flores sostiene que “los motores del crecimiento son la inversión, el empleo y la productividad”. Sin embargo, dice que “no se observa una agenda consistente que busquen acelerar esos tres motores y de hecho en algunos casos la discusión pública lleva a ponerlos en reversa”.

Para Fernández, “hay que hacer muchas cosas más o menos al mismo tiempo, pero reformar el sistema político es imprescindible”.

Y González apunta a que “se requiere un Estado más ágil y eficiente, un sistema político menos fragmentado y más competencia en los mercados. Además, posiblemente, tendremos que generar incentivos tributarios y garantizar estabilidad de las reglas del juego para reencantar a los inversionistas nacionales y extranjeros con nuestro país”.