La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) salió a responder la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de visar la ley de delitos económicos sin revisar las dudas que argumentó el empresariado con la presentación de un “téngase presente”.
En una declaración pública, sostuvo que esperan que luego de que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional y se promulgue la ley, “se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica, como son la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros”.
En ese sentido, dijo que “en la CPC nos parece fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medioambiente”. Y por ello, agregó, “se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se preste para ninguna ambigüedad ni discriminación”.
En su comunicado explicó que la presentación al Tribunal Constitucional de un “Téngase Presente”, se debe a que, si bien “comparten el objetivo del proyecto de ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, consideramos que no cumple del todo con estos principios, pues vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, creemos que requiere de una revisión en algunas materias”.
Y por ello defendió el requerimiento: “Cuando se pasan a llevar principios y derechos, nos parece absolutamente legítimo y necesario usar la institucionalidad y las herramientas que nos entregan la Constitución y las leyes, para defenderlos y presentar nuestros puntos de vista”.
Por último, enfatizó que condenan “tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública”. Y por ello, subrayó que “cada uno de estos delitos debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.
