Fue en 2019 que el gobierno laborista neozelandés aprobó una legislación climática histórica que planteó el compromiso de reducir las emisiones netas de carbono a cero para el 2050. Dicha política nacional estableció, entre otros compromisos, que los futuros gobiernos detallen cómo se cumplirá con las metas de reducción de gases de efecto invernadero hacia una transición neutral en carbono.

En ese contexto, el gobierno de coalición -conformado por el centroderechista Partido Nacional y otros dos aliados de menor peso, además del libertario partido ACT y el populista Partido Primera-, publicó el pasado miércoles su primer borrador enfocado en la reducción de emisiones.

El escrito ahonda en diferentes cifras que apuntan a que el país está en vías a definir su primer y segundo presupuesto de emisiones, que abarca entre los años 2022 al 2030. Sin embargo, se proyecta que se excederá el tercer presupuesto y el objetivo a largo plazo definido para el 2050 no se cumplirá.

Si bien diferentes expertos hasta hace poco proyectaban que Nueva Zelanda estaba preparada para cumplir con su tercer presupuesto, esas estimaciones se han actualizado ante la inexistencia de nuevas políticas climáticas fuertes luego de que fueran desechados diferentes planes de reducción de carbono por parte del gobierno laborista.

A lo anterior se suma un reciente acuerdo de suministro entre el gobierno y la fundición de aluminio de Tiwai Pont que le permitirá seguir operando hasta el 2044. Todo esto ha llevado a que los especialistas en la materia modifiquen sus proyecciones y estimen que el país continuará emitiendo 5 millones de toneladas netas para el 2050

Según consigna al medio inglés The Guardian, tras la publicación del borrador, el ministro de Cambio Climático neozelandés, Simon Watts, aseguró que el gobierno está comprometido con el objetivo general de 2050 y que “comprende la necesidad de actuar en materia de cambio climático”, pero enfatizó que el Ejecutivo “no aceptaría cerrar sectores productivos de la economía para cumplir los objetivos de emisiones”.

El secretario de Estado puntualizó que en vez de eso, se adoptará un “enfoque basado en la tecnología para permitir que la producción aumente a medida que nuestras emisiones disminuyan” y agregó que el gobierno utilizará los recursos en investigación y desarrollo.

Todo lo cual ocurre en un escenario donde hay consenso en que el aporte total de Nueva Zelanda a las emisiones globales es bajo, aunque sus emisiones brutas per cápita son elevadas y cerca de la mitad de las emisiones provienen de la agricultura.

El ministro Watts, además, ha recalcado que los agricultores necesitan herramientas para poder reducir sus emisiones, pero en ese sentido aseguró que “la simple implementación de un régimen de precios sin esas herramientas no es un mecanismo viable para ayudar a nuestro sector agrícola, que es la columna vertebral de esta economía”.

Por otra parte, el gobierno ha planteado que se busca intensificar la plantación de árboles, argumentando que es una forma asequible de reducir las emisiones. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la comisión climática de 2023, lograr una reducción neta de las emisiones a través de la plantación de árboles sería imposible de sostener en el largo plazo.

Diferentes estrategias contempla el plan climático publicado a inicios de mes por el gobierno.

Este incluye políticas para duplicar la energía renovable, incrementar la disponibilidad de cargadores públicos de autos eléctricos, disminuir las emisiones agrícolas, invertir en la recuperación de recursos a través del fondo de minimización de desechos e invertir en la captura y utilización de carbono, entre otras.

Sin embargo, expertos del clima y grupos conservacionistas advirtieron que hay otras políticas impulsadas por el gobierno que serían “antagónicas” con la protección del medio ambiente. Entre ellas destacan que se revirtió la prohibición de la exploración de petróleo y gas en alta mar.

También ha generado preocupación una legislación que podría anular las protecciones ambientales para posibilitar proyectos de infraestructura como minas. Por otra parte, se ha cuestionado otra norma que implicaría eliminar los incentivos financieros para los compradores de automóviles eléctricos y reducir la financiación para ciclovías y transporte público.

Si bien en un principio el 2025 era la fecha de inicio para fijar el precio de las emisiones agrícolas, este se postergó hasta 2030.

Por otra parte, en mayo el gobierno anunció importantes recortes a los proyectos de acción climática en su primer presupuesto, sin que se contemplen nuevas inversiones de relevancia en cuanto a protección ambiental o políticas para hacer frente a la crisis climática.

De esta forma, el borrador del plan publicado esta semana no ha amainado las preocupaciones de los científicos, entre quienes se piensa que se está sobredimensionando la relevancia de la tecnología no desarrollada. En lugar de eso se están compensando las emisiones, en lugar de ponerles fin.

Es lo que dijo al medio The Guardian Ralph Sims, profesor emérito de energía sostenible y mitigación del clima en la Universidad de Massey, quien criticó que “muchas de sus políticas hasta la fecha darán como resultado mayores emisiones anuales que no se compensarán ni con la plantación de árboles ni con el plan de reducción de emisiones”.

El académico además opinó que existe una dependencia del gobierno “de las tecnologías inmaduras que pueden o no algún día reducir significativamente el metano de los rumiantes (metano del ganado), o tal vez podrían retener algo de carbono mediante sistemas de captura y almacenamiento en las próximas décadas”.

Sin embargo, Sims aseguró que lo anterior implica un alto riesgo debido a que tal vez esas propuestas tecnológicas “nunca sean comercialmente viables”, y que podrían demorar muchos años en “evolucionar”.

También cuestionó el escrito emitido por el gobierno la organización Lawyers for Climate Action NZ, donde plantearon que el borrador genera “preocupaciones significativas” en cuanto a si Nueva Zelanda logrará sus objetivos.

Esto cuando les estimaciones indican que habrá un déficit para que ese país alcance su primera Contribución determinada a nivel nacional bajo el Acuerdo de París. Esta última establecería la obligación de comprar créditos de carbono internacionales. En comentarios que entregó al citado medio Jessica Palairet, directora ejecutiva de Lawyers for Climate Action NZ, “este déficit tendrá un costo financiero significativo para el gobierno, y aún no está claro cuál es el plan para cubrirlo”.