El gobierno ha anunciado que está preparando un plan de subsidio al empleo, una de las variables más golpeadas por la actual crisis sanitaria. De hecho, en un año se han perdido 1,8 millones de plazas laborales y otros 700 mil trabajadores están acogidos a la Ley de Protección del Empleo.

Si bien este plan se viene trabajando desde julio, durante estas últimas semanas los equipos de Hacienda y Trabajo han intensificado las reuniones para terminar de afinar el contenido del plan y ver la mejor estrategia para anunciarlo durante la próxima semana.

En este punto, uno de los temas que ha retrasado la presentación es la decisión de enviarlo vía proyecto de ley o bien firmar un decreto a través del Servicio Nacional de Capacitación (Sence).

De acuerdo con fuentes del gobierno, el Ejecutivo se inclina porque sea por decreto, ya que eso evitaría la discusión parlamentaria que podría retrasar la puesta en marcha de esta medida. En la evaluación que hacen en La Moneda está todo lo que demoró en aprobarse el perfeccionamiento a la Ley de Protección al Empleo. Sin embargo, ese camino todavía no es una decisión tomada por el problema político que podría ocasionar.

En cuanto al contenido del plan, quienes han trabajado en la propuesta afirman que el monto del subsidio equivaldrá a entre el 40% y 50% del salario mínimo, es decir, un máximo de $161 mil si se considera los de $322 mil que se discute en el Congreso. Más allá del monto final que se adopte para el subsidio, se pretende entregar el máximo a la contratación de mujeres, puesto que han sido las más afectadas por la pandemia. En este caso sería el 50%.

Según la última encuesta de empleo del INE, en el trimestre móvil mayo-julio se perdió casi un millón de plazas laborales en un año y poco más de 900 mil desde que comenzó la pandemia. Además, la tasa de participación bajó del 50%. Para el resto de los trabajadores se establecerá un porcentaje mejor.

El subsidio será tanto para la contratación como para la retención, enfocado en los trabajadores que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, que en el último reporte de la Superintendencia de Pensiones ascienden a 736.075 (aunque el Ministerio del Trabajo dice que hoy son cerca de 520 mil). Y se evalúa poner requisitos a las empresas que quieran contar con este beneficio, como acreditar una caída del 30% en sus ventas.

Los recursos comprometidos ascienden a US$2.000 millones y el plazo mínimo sería de 6 meses, ya que consideran que ese es el piso para esperar que la economía tome vuelo y le permitirá al sector privado recuperarse y poder sostenerse por sí mismo. El universo de beneficiados será del orden de un millón de personas.

Jorge Hermann, de Hermann Consultores, señala que “los US$ 2.000 millones no alcanzan si se entrega un subsidio de ese tipo para contratación y mantención dentro del mercado laboral, por lo que hay que focalizar en grado de vulnerabilidad del trabajador y caída de ventas de las empresas”.

Los economistas concuerdan en que los montos y los plazos que se consideran son los adecuados para paliar el efecto en el empleo e incentivar la contratación.

Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, afirma que “me parece que el porcentaje es el adecuado, porque si es muy elevado, puede generar que una vez finalizado el período, esos contratos no se mantengan y surjan solo como una forma de aprovechar un subsidio transitorio”. En cuanto al período en que se extenderá el plan, la economista subraya que también le parece razonable”. Sin embargo, agrega que el retiro del subsidio debería ser gradual a partir del cuarto mes”.

El académico de la Universidad Alberto Hurtado, Mauricio Tejada, comenta que “hay evidencia de que los más golpeados por la pandemia en el mercado laboral son los más vulnerables, de bajos ingresos y con una serie de carencias en términos de redes asistenciales sociales. En muchos casos, estas personas ganan el mínimo”. Por tanto, acota que “los montos envueltos con 40% o 50% del salario mínimo, con la cantidad de desempleados que tendremos no son despreciables. Así, me parece que a medida que las empresas recuperen su actividad, el subsidio puede ayudar a incentivar la creación de vacantes a menor costo, no costo cero, pero menor”.

Respecto a si tiene que ser por proyecto de ley o decreto, los economistas se inclinan porque sea a través de una iniciativa legislativa. “La ventaja del decreto es que se evita la discusión legislativa, pero eso podría ser mal visto desde el punto de vista político”, comenta Cifuentes. Mientras que Tejada acota que “no soy experto, pero la intuición me dice que por los montos de dinero envueltos en un programa de este calibre, debiera ir por el Congreso”.

Un nuevo dolor de cabeza llegó al Ministerio de Hacienda, luego que la Comisión de Trabajo de la Cámara rechazara por 7 votos contra 6, en general, el proyecto que proponía un reajuste nulo del salario mínimo.

Desde la instancia decidieron que la iniciativa se vaya inmediatamente a sala; sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), le envió un mensaje al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para que intente salvar el proyecto: “Es positivo que se haya rechazado este reajuste indigno. El gobierno tiene que asumir que su propuesta de reajuste cero tiene alto riesgo de que sea rechazada por la sala. Pero si el ministro hace una contrapropuesta concordada con la CUT que incluya un cierto porcentaje de reajuste, lo podríamos ver el lunes en Hacienda. Eso dependerá del gobierno”.