La responsabilidad de que la ley antievasión logré la recaudación que el Ministerio de Hacienda espera de US$1.200 millones en 2025 recae exclusivamente en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las medidas que adopten para conseguir reducir la evasión.
Y es por esto que el director (s) del SII, Javier Etcheberry, detalló cómo espera conseguir los US$1.200 millones que Hacienda ya tiene el bolsillo presupuestario del 2025. En régimen se prevé recaudar US$4.500 millones.
¿Puede asegurar que se logrará la recaudación proyectada para 2025? Ante esa pregunta, el director del SII dijo: “Nunca se puede asegurar. Llevo tres meses acá. Estoy bastante optimista, hay un margen de mejoras importante en la administración tributaria. Estamos trabajando muy bien”.
En cuanto al concurso que determinará al próximo director del SII definitivo, Etcheberry afirmó que “este mes se debe resolver. He estado en todas las entrevistas...no sé si seré ratificado, pero creo que este mes o a principios del principios del próximo, debería haber una determinación”.
El detalle del plan
Lo primero que dijo el director fue que “la institución utilizará con responsabilidad, pero con mucha decisión, todas sus facultades y atribuciones para combatir la evasión y el comercio ilícito, apoyando al mismo tiempo la lucha contra el crimen organizado, que tanto daño le hace al país”.
En su presentación señaló que la fiscalización se dividirá en tres ejes: grandes empresas, evasión e informalidad y crimen organizado.
En el primer eje detalló que la norma general antielusión permitió “fortalecer la norma ante planificaciones tributarias agresivas, haciendo más expedita la notificación y su sanción”.
Asimismo, mencionó la norma actual “sólo incluía rentas pasivas generadas por empresas en el extranjero entre personas relacionadas de manera patrimonial y con la ley se incorporan las relaciones familiares hasta segundo grado de consanguineidad.”.
En cuanto a los cambios para los precios de transferencia, Etcheberry dijo que “esta ley otorga mayores atribuciones para impugnar los precios, valores y rentabilidades declarados por los contribuyentes en operaciones entre partes relacionadas en el extranjero”.
Otro eje que destacó el director es el proceso de fiscalización de grupos empresariales. “El cuerpo legal permite una fiscalización unificada a todos los Grupos Empresariales, considerando sus características particulares, lo que podrá ser realizado por cualquier Dirección Regional del país”.
También destacó que la multijurisdicción es una norma que “permite especializar a grupos de fiscalizadores en temáticas de mayor complejidad, y también distribuir en forma eficiente las auditorías en los casos más relevantes”.
En cuanto al IVA exportador, afirmó que “la ley establece una nueva causal que permite un procedimiento especial previo de fiscalización de IVA exportador, para evitar abusos”.
En el segundo eje sobre evasión e informalidad, estuvo a cargo de subdirectora de Fiscalizaciones, Carolina Saravia quien detalló las medidas para hacer frente a esta problemática.
En ese sentido, uno de los temas que destacó que el IVA a la compra de bienes importados será a través de plataformas digitales. De esta manera explicó que “la plataforma extranjera se puede registrar en forma voluntaria en el SII y cuando la persona compre el producto se le recargará en esa compra el 19% de IVA y luego es la plataforma la paga el impuesto en Chile. Si la plataforma no se inscribe, la ley faculta al SII para hacer un cambio de sujeto, y eso quiere decir, que el SII irá a la tarjeta bancaria para que se recarga el 19% al comprador”. Así se aplicará la eliminación de la exención de US$41 que se incorporará a un sistema simplificado de pago de IVA de productos importados de hasta US$500, eliminándose los aranceles en este tramo para agilizar estas importaciones. Otro punto a destacar fue la exigencia de inicio de actividades y cumplimiento de sus obligaciones tributarias. “La administración del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades deben exigirlo a los contribuyentes con los que contraten algún producto o servicio, así como las plataformas digitales. Los proveedores de medios de pago electrónicos solo deberán exigir inicio de actividades”, sostuvo Saravia.
También resaltó la norma que hace que las instituciones bancarias deban entregar información sobre transacciones que involucran más de 50 abonos de personas distintas, a un mismo contribuyente, dentro de un mes, o de 100 abonos en 6 meses, informando el monto agregado abonado.
Otro punto relevante, según el SII es que se reforzarán las instrucciones administrativas para evitar la emisión de facturas a empresas por compras de consumo personal en supermercados y restaurantes.
Relevó la importancia de tener una mayor presencia en terreno para fiscalizar. “Se incrementará en forma sustantiva la fiscalización en terreno a lo largo de todo el país para combatir la evasión y la informalidad”.
Sobre este punto, que, en promedio, “son 700 funcionarios del SII quienes participan al mes en acciones de Cumplimiento Tributario en terreno, cuyo objetivo central es generar un cambio de comportamiento en el contribuyente, y en los de su entorno”. En cuanto al número de funcionarios que integran cada grupo de control en terreno, el SII dijo que “depende de la actividad específica a realizar, siendo un mínimo de dos personas, por ejemplo, para visitar un local comercial (control de emisión)”.
Sobre las medidas preventivas se mencionó, entre otras, que se se reactivará el control carretero en el peaje de Angostura, fiscalizando el transporte de carga que ingresa a la Región Metropolitana.
“En actividades de punto fijo en las que un equipo de fiscalizadores permanece en el establecimiento por un tiempo determinado, con el objetivo de determinar in situ el comportamiento tributario del contribuyente), dependiendo de su tamaño, puede requerir 2, 4 o incluso más personas. Lo mismo ocurre con los controles carreteros móviles. También realizamos acciones especiales coordinadas entre distintas Direcciones Regionales del SII, con apoyo de las policías, lo que podría requerir un equipo en terreno más numeroso”, puntualizó.
Y el último eje de este plan es el combate al crimen organizado.
En este punto, destacó el Procedimiento Judicial Simplificado para el levantamiento del Secreto Bancario, que será sin oposición del contribuyente en delitos tributarios. También relevó el rol del denunciante anónimo y una norma que se aprobó hacia el final de la discusión legislativa sobre limitar las operaciones en efectivo.
Otro punto que destacó fue la creación de una oficina de Crimen Organizado. “Esta oficina perseguirá legalmente la evasión tributaria de estas mafias, como robo de automóviles, salmones, abastecedores del comercio ambulante, cables de cobre, entre otros. Se coordinará con otros organismos competentes, para el combate efectivo contra estos delincuentes”.
