Finalmente, el gobierno reveló su plan de recuperación inclusiva. Y si bien durante las semanas previas se fueron conociendo algunos detalles del contenido del paquete fiscal, este jueves el Presidente Gabriel Boric lo anunció en una actividad en Maipú junto a varios de sus ministros, entre ellos el de Hacienda, Mario Marcel, y de Trabajo, Jeannette Jara.

El plan de recuperación inclusiva, bautizado como “Chile Apoya”, incluye una serie de medidas enfocadas en apoyar a distintos grupos afectados por la pandemia y por el contexto económico mundial.

Según el gobierno, el plan tiene tres objetivos específicos: Hacer frente al alza creciente del costo de la vida; apoyar a quienes han salido del mercado laboral para ejercer labores de cuidado -principalmente las mujeres- e impulsar la generación de empleo; y ayudar a los sectores que han quedado rezagados en la economía.

“Sabemos que este Plan de Recuperación es un punto de partida, los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana y para que sean cambios que sean sostenibles en el tiempo deben ser responsables en su implementación”, señaló el mandatario.

El costo total de este plan es de US$3.726 millones, fondos que, según informó el gobierno, no están fuera del marco presupuestario. En el detalle, Boric dijo el plan contempla más de US$1.300 millones en aportes directos al bolsillo de las familias; cerca de US$1.400 millones en generación de empleo y en apoyo a los sectores rezagados, mujeres, jóvenes, las industrias del turismo, la cultura; y US$1.000 millones en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.

“Es importante dejar claro que este es un plan que no va a alterar los balances fiscales que están programados para este año, tal como lo señaló en su momento el Presidente Boric al hablar del compromiso de ejecutar la política fiscal dentro de los márgenes del actual presupuesto” planteó el ministro Mario Marcel en la presentación del plan en Maipú, durante la conferencia de prensa.

Del total de los US$3.726 millones que incluye el plan, el 37% se destinará a las medidas de generación de empleo y apoyo a sectores rezagados con la idea de generar 500 mil puestos de trabajo, donde al menos 250 mil serían para mujeres. El 36% de los recursos de “Chile Apoya” se destinarán a aportes para apoyar el bolsillo de las familias, mientras que el 27% irá en ayuda de las empresas de menor tamaño.

El plan contempla que el IFE laboral se extienda, ampliando los plazos de postulación desde junio hasta septiembre de 2022, y con pago del beneficio hasta diciembre. El foco en grupos prioritarios: mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, mayores de 55 años y personas en situación de discapacidad. “Con eso, se fomenta la creación de nuevas relaciones laborales formales y se mejora el beneficio tanto por la cantidad de meses que se pagará como por los montos máximos que se entregarán”, dijo el gobierno.

Para mujeres, jóvenes entre 18 y 23 años, mayores de 54 años y personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios de pensión de invalidez se le pagará el 60% de la Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope hasta $300.000 mensuales. Hoy ese subsidio llega a $250 mil

El universo de beneficiarios del IFE laboral sería de 260 mil empleos, de los cuales 190 mil serían para mujeres, estimó el Ejecutivo. El costo total es de US$250 millones.

También se amplía el acceso al subsidio protege para mujeres con hijas o hijos hasta 4 años. El Subsidio Protege consiste en una bonificación de $200.000 mensuales por cada hija.

Para apoyar el empleo femenino, se reactivó el “Programa 4 a 7″, que está destinado a mujeres económicamente activas y responsables de niños y niñas de 6 a 13 años, en apoyo a su participación en el mercado laboral. Este beneficio proporciona el cuidado infantil integral para los niños y niñas al término de la jornada escolar con la extensión horaria de 16 a 19 horas. Con esta medida se busca una cobertura efectiva en cerca de 300 establecimientos educacionales, en 189 comunas a lo largo del país. Esta medida apunta a beneficiar a mujeres económicamente activas, responsables de niños y niñas de 6 a 13 años y que pertenezcan a los quintiles de ingreso autónomo I, II y III.

Se inyectarán recursos, de acuerdo con la ley vigente, a los subsidios del sistema RED (ex-Transantiago) y los sistemas de transporte público regionales y rurales regulados, de manera de congelar las tarifas por todo el año 2022. “Con esto se evitará el traspaso del alza, ocasionada por los aumentos de los precios internacionales del petróleo, al valor que pagan los usuarios”, informó el gobierno.

Se incrementarán los recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo por más de US$ 20 millones para contener el alza de la parafina o kerosene. La propuesta se materializará a través de un proyecto de ley que será ingresado al Congreso en abril. En cuanto al precio del gas, se dijo que se trabajará para ampliar la competencia en el mercado de la distribución de gas, siguiendo así las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica y mediante un trabajo conjunto con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se revisarán las condiciones para mejorar la distribución de gas a través de los minoristas.

El programa contempla un ajuste a la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) de 15%, elevando los actuales $ 32 mil en $ 5 mil a partir de junio de 2022. El gobierno afirmó que el aumento de la BAES -cuyo congelamiento generó la primera movilización estudiantil hace dos semanas- es un primer paso y que la idea es avanzar en una agenda conjunta entre el Mineduc y los estudiantes.

En caso de producirse un confinamiento generalizado, se activará automáticamente –vía proyecto de ley- un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de amplia cobertura para compensar a las familias que se vean afectadas por la pérdida de sus ingresos laborales. Para ello, se establecerá -también por ley- un fondo de emergencia. Este podrá aplicarse al pago de bonos, subsidios y aportes al seguro de cesantía, entre otros, y quedará asociado a la estructura de financiamiento público.

Esta medida consiste en un bono de hasta $450.000 por persona al que podrán acceder los afectados por la disminución de ingresos durante la pandemia, según criterios definidos por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.

Además, se entregará un fondo de US$ 300 millones para infraestructura de gobiernos locales, el que tendrá como principal foco un apoyo intensivo a la mano de obra, con carácter verde y con un alto efecto multiplicador sobre la actividad, el empleo y la inversión privada.

El paquete de medidas también incluye a flexibilizar algunos requisitos para acceder al Seguro de Cesantía. Es un proyecto de ley que apunta a los requisitos de acceso y eleva los beneficios del Seguro de Cesantía. Por ejemplo, se requerirá la mitad de cotizaciones para acceder al fondo solidario y se eliminará la exigencia de cotizaciones previas para acceder al fondo individual. Además, se aumentará la tasa de reemplazo a la que se puede acceder.

Para acceder al Fondo de Cesantía Solidario hoy se exigen 12 cotizaciones en los últimos 24 meses, requisito que se reduce a seis en los 12 meses anteriores o tres cotizaciones continuas en el período precio al término del contrato.

Se aumenta la cobertura de programas de apoyo a la reactivación desde Corfo y Sercotec concentrados en actividades del turismo, la cultura y el emprendimiento femenino, el cual busca beneficiar a 120.000 MiPyMEs. También se flexibilizarán los programas de garantías para apoyar a empresas que no accedieron a créditos Fogape. Y se fortalecen los programas de reforestación de bosques nativos en coordinación con los municipios. “Esta medida es una inyección importante de mano de obra -al menos 3.500 nuevos empleos directos- y va en línea con mejorar la resiliencia y adaptación a la crisis climática del país”, indicó el gobierno.

Dentro del plan, el gobierno anunció que ingresará un proyecto para elevar el salario mínimo a $400.000 brutos, aunque no precisó ayer la gradualidad de los incrementos, los que estarán determinados por la negociación que se inició este jueves con la CUT. El Ejecutivo afirmó que se diseñará un apoyo especial para las MiPymes que enfrenten dificultades.