La situación económica de Argentina es grave, según lo ha dejado claro la recién asumida administración de Alberto Fernández. A una semana de su asunción al poder, sumó una cuarta emergencia en el país, la ocupacional (además de la económica, social y sanitaria), que busca hacerse cargo de un débil mercado laboral, junto con lo cual anunció un paquete de medidas que dan cuenta del fuerte rol que tendrá el Estado en su mandato.

"La segunda etapa de (Mauricio) Macri fue más intervencionista y se ve que eso se exacerbará con Fernández", señala Marcelo Elizondo, director consultora DNI. "Además de lo que Macri deja, como el control de cambios, el nuevo gobierno aumenta las retenciones al agro y busca mayores presiones impositivas", detalla.

Las medidas anunciadas

En efecto, los tributos a las exportaciones, en lo que se refieren al otro lado de la cordillera con las "retenciones al agro", frenarán la disminución contemplada bajo la administración de Macri. De esta manera, quedará en 30% el gravamen que se aplica a los envíos de soja; en 12% a los de maíz, trigo y girasol; y en 9% a la carne.

Por otro lado, en noticias que podrían entrampar el aporte que hace el consumidor transandino a la actividad chilena, se contempla la aplicación de un impuesto de "alrededor de 30%" a las compras que realizan los argentinos en el exterior.

"Gran parte del turismo argentino en Chile es inelástico, pero el que iba más por consumo ya venía a la baja por el impacto en el tipo de cambio y con esto queda más bajo presión", comenta Horacio Pozzo, académico de la Universidad Católica de La Plata, quien de todos modos indica que si se consigue con el plan de Fernández aumentar el poder adquisitivo de sus compatriotas, el efecto se vería compensando.

De todas maneras, el economista destaca que con este tipo de medidas, la Casa Rosada deja claro que su política para abordar el déficit fiscal no será la reducción del gasto público, sino el aumento de los impuestos. "Ellos creen que así es menor el impacto en la economía", indica Pozzo.

Emergencia

La fuerza con la que operará el Estado en la economía argentina se verá reforzada adicionalmente con las declaraciones de emergencia económica, social y sanitaria que se anunciaron la semana pasada, y con la ocupacional que se presentó ayer. Esta última busca disminuir el desempleo, contemplando una doble indemnización por despido injustificado en el sector privado.

Las cuatro emergencias en carpeta deben pasar por el Congreso y otorgan al Ejecutivo atribuciones que en un escenario normal le corresponden al Poder Legislativo. Si bien la opositora Cambiemos busca retrasar su votación, Fernández ya contaría con las alianzas políticas para su aprobación, según adelanta Pozzo.

Por su parte, Elizondo dice comprender el porqué de estas emergencias, aunque plantea sus dudas por el riesgo de deterioro de las instituciones durante su implementación.

Una visión más crítica ofrece al respecto Miguel Boggiano, CEO de Carta Financiera, quien señala que estas medidas dan "potestad para poner impuestos nuevos y avanzar sobre el sector privado en defensa de la solidaridad".

En esa misma línea, asegura que la doble indemnización es una acción "demagógica para frenar los despidos por seis meses, pero no contribuyen en nada a crear empleos".

Lo que sí respaldan los economistas consultados por PULSO son las medidas para respaldar la actividad de las pequeñas y medianas empresas. "En la ley de reordenamiento económico, las pymes se van a ver muy favorecidas, fundamentalmente en el trato impositivo", señaló ayer Fernández en radio Mitre. También detalló que habrá una rebaja de 8% de los medicamentos y un aumento de las jubilaciones.