Tal como se anticipaba, este jueves el pleno de la Convención Constitucional rechazó la mayor parte de la propuesta integrada en el primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. De un total de 40 normas, incluyendo dos transitorias, solo seis consiguieron superar los 103 votos a favor necesarios para ser aprobadas en general.

De esta manera, fueron rechazados, para volver a su comisión con la posibilidad de retornar al pleno tras su revisión, los ocho artículos relativos a bienes comunes naturales; los cuatro sobre principios ambientales, entre ellos, el que consignaba la imprescriptibilidad de los delitos medioambientales; tres sobre gestión de residuos, construcción en armonía con la vida y biodiversidad, y dos transitorios.

Además recibieron la negativa del pleno dos artículos sobre crisis climática, siete sobre derechos de la naturaleza, cuatro sobre democracia ecológica y uno de derechos animales. Pero fue en estos ítems donde se encuentran las seis propuestas que sí consiguieron avanzar para ser votadas este viernes en particular.

Lo que consiguió avanzar

El Artículo 1 fue el primero en conseguir el visto bueno, concitando la mayor cantidad de votos a favor de los que fueron aprobados (110). Consigna en sus incisos que “el Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana”, en función de lo cual debe “desarrollar acciones y adoptar medidas en todos los niveles para la gestión de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica”. Asimismo, señala que “el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza”.

Luego, referido a derechos de la naturaleza y con 108 votos a favor, avanzó el Artículo 5, el cual sostiene que “es deber del Estado garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental”. Por otra parte, precisa que “la restauración de la naturaleza comprende adoptar las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas de la actividad humana”.

En materia de derechos de los animales, lograron la venia del pleno los artículos 23 y 25. El primero consigna que “el Estado protegerá a los animales, reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato”, mientras que el segundo detalla que “el Estado fomentará una educación basada en la empatía hacia los animales y propenderá, a través de la ley, sus órganos y políticas públicas, al bienestar animal”.

En materia de democracia ecológica también fueron aprobadas dos normas, la 33 y la 37. Así, se votará en particular el “derecho de participación ambiental”, en el cual “se reconoce el derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales”; y el “derecho de acceso a la información ambiental”.

A la luz del resultado, Juan José Martin, coordinador de la comisión en cuestión, aseguró que reciben “de buena manera todas las normas que se devuelvan, con el fin de perfeccionarlas” y recalcó que para ello “hay un muy buen precedente con la comisión de Justicias, donde las normas de vuelta ayer (el miércoles) lograron grandes consensos debido a que lograron perfeccionarse mucho más”.

Por otra parte, el convencional representante del distrito 12 y parte de Independientes No Neutrales, indicó que lo que quieren es “lograr una Constitución ecológica con normas lo más perfeccionadas posible, con normas que logran grandes acuerdos. En ese sentido no nos apuramos, no queremos pasar normas porque sí. Si hay normas que el pleno considera que deben volver a ser trabajadas para llegar a sus mejores versiones, así será, tenemos toda la disposición”.

Férreo crítico del informe presentado, Bernardo Fontaine, también parte de la comisión , señaló que “los artículos rechazados deben volver a la Comisión a reescribirse con más sentido común”. Desde su punto de vista esto presenta “una oportunidad para encontrar formas eficaces de proteger el medioambiente, con más acuerdo y técnicamente mejor hechas”.

Debate en el pleno

Durante la deliberación en el pleno, previo a la votación, se advirtieron ciertas coincidencias entre quienes rechazaron más decididamente. Se hizo referencia a problemas de redacción, al abordaje de asuntos que debieran ser materia de ley en lugar de estar en el texto constitucional, o a que la propuesta era maximalista.

Vamos por Chile fue el colectivo más crítico y uno de los que enfatizó con especial fuerza el cuestionamiento respecto a señalar como sujetos de derecho a la naturaleza y a los animales. “Es totalmente distinto a lo que jurídicamente entendemos en una adecuada estructura”, indicó Rodrigo Álvarez. Plegándose a las otras críticas, además sostuvo que la propuesta “es un buen ejemplo de lo que hemos visto en esta discusión: un maximalismo absoluto, visiones gigantescas y desmedidas de lo que debe tener un texto constituyente”.

A lo mismo apuntó el ex PPD, Felipe Harboe, quien manifestó que en el informe hay “buenas intenciones”, pero “muy mal logradas”. Desde su punto de vista, además de avanzar a asuntos que son materia de ley, “e incluso reglamentación”, algunas propuestas “carecen de toda evidencia científica y responden más bien a dogmas, consignas, sueños, desahogos legítimas, pero no para imponerlas a la sociedad en una Constitución”.

Aunque adelantando el rechazo a varios de los artículos, Jaime Bassa, convencional del Frente Amplio, intentó ver el vaso medio lleno. “Es una buena noticia, viendo el tipo de diálogo que se genera entre pleno y comisiones, en Justicia, en Cultura y Forma de Estado. Ese es un diálogo que nos hace bien”, indicó ante el resultado. El exvicepresidente de la Convención además destacó que el tema medioambiental “forma parte de la identidad del proceso constituyente”, por lo que asume que hay “un desafío en clave de ecoconstitución que tenemos que ser capaces de satisfacer”.

En un tono similar, Patricio Fernández, del Colectivo Socialista, aseguró que “ningún proceso constituyente atento a la realidad que vivimos hoy podría ignorar esta preocupación y soslayar la obligación de dar un giro”. Dicho esto, indicó que rechazaría muchos de los artículos. Precisando que está “esencialmente de acuerdo” con gran parte de las normas, planteó que “varias de ellas quedarían bien sintetizadas en unos pocos artículos bien escritos, otras debieran ser resueltas en otros espacios constitucionales, otras se adentran en el terreno de la ley”.

En tanto, Benito Baranda, de Independientes No Neutrales, fue uno de los primeros que intervino a favor del informe- “Es esta comisión la de mayor complejidad de esta Convención, en medio de una emergencia climática nunca antes vista por la humanidad y de una visión economicista depredadora que ha avasallado la naturaleza, sin hacer caso a la evidencia científica”.

En ese marco, sostuvo que “es incoherente señalar la importancia de cuidar y proteger el medioambiente y, por otros lado, no aceptar las modificaciones urgentes que son necesarias realizar para efectivamente transformar el cómo estamos las personas ubicadas y relacionadas con la naturaleza”.

Por su parte, Ivanna Olivares, ex Pueblo Constituyente y actual miembro de la Coordinadora Nacional y Popular, uno de los colectivos que aprobó gran parte del informe, indicó que “si rechazan el corazón de este informe no es porque haya problemas de redacción, ni porque se trate de materias legales, sino porque están contra o tienen miedo de hacer el cambio radical que el momento nos exige”.

Desde su punto de vista “tenemos la responsabilidad histórica de dar una señal de que somos capaces de construir un acuerdo democrático que refunde la relación entre personas y la naturaleza. Refundar, sí, porque la única manera de hacernos cargo de la crisis ambiental y ecológica que ya empezó es un cambio radical en nuestra forma de concebir nuestro lugar en el mundo”.