CVE Chile y oEnergy asistieron la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados para reiterar las alertas, que ya han presentado la industria de los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD), ante los efectos que ven que generaría para ellos ampliar el subsidio eléctrico con rentas provenientes de su sector.

Se busca que los PMGD, adscritos al régimen de precio estabilizado, entreguen recursos para el beneficio vía un cargo transitorio, entre los años 2025 al 2027, para los retiros de energía desde el sistema que hagan actores del Sistema Eléctrico Nacional, los que serán recaudados por el Coordinador Eléctrico Nacional, y que serán descontados de la compensación por dicho costo sistémico.

La medida busca recaudar US$150 millones, según informó el gobierno en su momento.

Ante este contexto, CVE Chile y oEnergy criticaron el proyecto y apuntaron ya existen efectos por el solo hecho de la discusión de la iniciativa.

Así, el director de asuntos jurídicos y públicos de CVE Chile, Erich Schnake, planteó un escenario en que se afectaría la estabilidad financiera de la empresa y del mercado de energía en general. Un contexto que también traería, según su análisis, incertidumbre y afectando la posibilidad de acceder a financiamiento internacional.

“Hemos completado un portafolio de financiamiento de US$ 110 millones, tenemos una segunda línea de financiamiento por US$ 180 millones, de lo cual ya se han desembolsado US$ 100 y nos quedan US$ 80 millones por desembolsar. Y en rigor, digamos, al menos, si avanza el proyecto como está hoy día contemplado, eso está absolutamente en riesgo desde el punto de vista de la empresa”, comentó Schnake.

Ante este contexto, CVE detalla que los US$80 millones que tenían previstos invertir están “entrampados” hasta que no haya claridad sobre el futuro del proyecto.

CVE Chile es una firma de capitales franceses, tiene 255,8 MW en construcción y en operación y emplea a 50 personas, según datos de su página web. Actualmente tiene 31 plantas en operación.

Schnake también apeló a que no todas las condiciones de las PMGD son iguales. A modo de ejemplo, el ejecutivo expuso la situación de que en el norte se genera más energía solar por la duración del día que en la zona central.

“No es una buena política pública, es más bien algo que genera mucha incertidumbre en el mercado y no solo en la industria de energía, sino que en cualquier industria esa política va a generar industria”, comentó Schnake.

“La aprobación del proyecto de ley nos va a forzar a hacer una revisión de los modelos financieros, ver hasta qué punto se puede pagar la deuda que se ha adquirido en este financiamiento y (...) va a facultar al financista a requerir el pago anticipado de toda la deuda. Eso lo va a hacer dependiendo de cómo vea el modelo financiero, pero el hecho de anticipar el pago de toda la deuda ya, en el fondo, gatilla una situación compleja”, agregó.

Así, CVC proyecta un escenario que “puede significar la liquidación o la renegociación de los contratos de financiamiento, con los impactos que eso tiene, a nivel de la industria y de financiamiento”.

Por su parte, el gerente de desarrollo de negocios de oEnergy, Yuri Andrade, comentó que ya el solo anuncio de la ley para ampliar el subsidio eléctrico y su potencial aprobación han afectado a la empresa, provocando la postergación de inversiones y poniendo en riesgo su estabilidad financiera.

La firma que, según sus datos, opera aproximadamente el 15% de los PMGD solares, resaltó la importancia que tiene el financiamiento externo para desarrollar a este sector. Andrade apela a que es más barato encontrar recursos afuera que en Chile.

“Nosotros en la generadora invertimos US$ 260 millones, de los cuales, aproximadamente, el 70% proviene directamente de la banca internacional. Es decir, la banca internacional creyó en los proyectos, en la jurisdicción y en la estabilidad de flujos”, comentó Andrade.

De esta forma, el representante de la firma apuntó a las consecuencias que les ha generado la discusión de la iniciativa: “El solo anuncio del proyecto de ley a nuestra empresa produjo que dos transacciones fueran postergadas de forma indefinida debido a la inestabilidad regulatoria”.

“El solo anuncio del proyecto de ley puso en nuestra empresa una presión financiera que nos ha llevado a tener que desvincular 35 trabajadores durante este último mes, a partir del anuncio que se hizo a finales de julio. Y más allá de la afectación individual a nuestro grupo económico, lo que está en jaque aquí es la credibilidad de Chile como un destino de inversión”, agregó.

Además, Andrade agregó que, según su cálculos, el disminuir los ingresos previstos generará incumplimientos a los acuerdos con sus acreedores.

“El proyecto de ley se basa en una estimación de costo que en nuestra experiencia difiere del costo efectivo real, traería consecuencias graves en el sector energético, ya que afectaría el financiamiento de infraestructura crítica para avanzar con la descarbonización”, comentó.

Andrade también cuestionó el futuro de la certeza jurídica del país en materia energética de avanzar con la iniciativa en los términos que está.

En la cita, el ministro de Energía, Diego Pardow, estuvo presente y tras la presentación de oEnergy refutó lo que ahí se dijo.

En detalle el secretario de Estado comentó que, “el proyecto de ley no se basa en una estimación de costos de ninguna industria en particular, eso no es efectivo”.

“Las expectativas de recaudación están claramente explicitadas en el informe financiero y la viabilidad de recaudar eso está más bien construida sobre la base de registro administrativo y, en particular, el hecho de que en promedio de tecnologías, digamos, la compensación a los PMGD, que se han acumulado en el último año y medio es del orden de los US$ 360 millones. Eso es un dato, no es una estimación”, apuntó.

Otro de los temas que abordó en sus reparos fue al tema de la regulación: “Aclarar que los decretos supremos no son contratos con nadie, los decretos supremos son una expresión de la facultad regulatoria del poder Ejecutivo. Pretender que los decretos supremos tienen que negociarse, consultarse, autorizarse por los destinatarios de las reglas jurídicas sería negar la existencia misma de las potestades normativas que tiene un gobierno para buscar el bien común y eso no es así”.

“Podríamos haber hecho muchas de estas cosas mediante reglamento, pero el hecho de haber presentado un proyecto de ley, insisto, tiene que ver con que en el órgano deliberativo, que como democracia nos damos, tenemos una decisión que tomar”, añadió

De esta forma, el secretario de Estado planteó el debate como que se “tiene que apoyar el proceso de estabilización, en particular a las familias más vulnerables, o tiene que quedarse, de alguna manera, en una política de fomento a pequeños medios de generación. Esa es la política, esa es la decisión de fondo, es una decisión de fondo que tenemos que adoptar democráticamente como país y yo creo que independiente de los perfeccionamientos que se puedan hacer en el instrumento, donde siempre va a estar disponible aquello, esa es la pregunta que hay que responder”.