Las cifras de pobreza iban a ser el gran termómetro para cuantificar el impacto que la crisis sanitaria está provocando en la economía, y, por ende, en las familias. Si bien había algunas proyecciones, como la del FMI esperaba que superara el 12%, la cifra entregada por el Ministerio de Desarrollo Social estuvo por debajo de esas expectativas.

De acuerdo a la Encuesta Casen 2020, publicada este lunes, la pobreza por ingreso subió de 8,6% en 2017 a 10,8% lo que se traduce en que 2.112.185 personas están en esta condición. Considerando la cantidad de población en 2017, según la proyección del INE en base al Censo 2017, la diferencia entre las tasas de pobreza equivale a un aumento de 528.134 personas.

En tanto, la extrema pobreza (cuyo ingreso mensual está por debajo de dos tercios del valor de la línea de pobreza) avanzó de 4,3% lo que equivale a que 831.232 personas están en esa condición (2,3% en 2017).

Esta es la primera alza en la pobreza desde 2000, cuando pasó de 35% (en 1998) a 36%, luego continúo su senda de reducción constante hasta el 8,6% de 2017. Todo lo anterior siguiendo la metodología más reciente, que es más exigente que la que se informaba por esos años. En el 2000 fue la única ocasión desde 1990 en que se había producido un alza en la pobreza por ingresos, impactada por los efectos de la crisis asiática en la economía y, especialmente, en el empleo.

A pesar del alza informada hoy, que incorpora el fuerte impacto de la crisis sanitaria, la cifra es menor a lo que se registraba en 2015 cuando el porcentaje llega a 11,7%, y muy lejos del 68% de pobreza que había en 1990 medida según la metodología actual comparable.

Regiones

Tal como en las mediciones anteriores, la mayor tasa de pobreza se registra en la región de La Araucanía, anotando 17,4%, seguida de Ñuble, con 14,7%; Tarapacá, con 14% y Biobío, con 13,2%. En la Región Metropolitana la pobreza llegó a 9%. Los mayores saltos en pobreza entre 2017 y la medición actual se registraron en Magallanes (+171%), Tarapacá (+118%), Antofagasta (+82,4%), la Metropolitana (+6,7%) y Valparaíso (+59.2%).

De acuerdo a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, la merma más importante que hubo en esta medición fueron los ingresos del trabajo que cayeron 11% pasando de $843.821 en 2017 a $746.865 en 2020. Asimismo, este ítem se ve magnificado en los sectores de menores ingresos: en los hogares de los dos primeros quintiles fue de 40% real entre 2017 y 2020 pasando de $283.562 a $171.335. Sin embargo, parte de esto fue compensando por los subsidios fiscales, los que aumentaron entre 2017 y 20202 58% en términos reales -es decir, después de la inflación-, desde $33.789 a $53.412 en promedio. En tanto, para los dos primeros quintiles de menores recursos, el aumento también fue de 58% real, pasando de $58.626 a $92.710.

Candia acotó que ahora el foco debe estar “en avanzar hacia fortalecer este proceso de recuperan pensando que es una crisis de los ingresos laborales. Esto pone un desafío enorme a la política pública para fortalecer el empleo para los sectores que lo necesitan”.

De hecho, sin estas ayudas la tasa de pobreza, según Cepal, habria sido de 13,7%, es decir, 2.679.345 personas lo que implica que cerca de 567 mil personas lograron evitar caer bajo la línea de pobreza por las ayudas.

A pesar de esta alza, Chile es el país de la región con la menor alza en la tasa de pobreza post pandemia, al ser de 2,2 puntos porcentuales. En Argentina, por ejemplo, se espera un alza de 10 puntos, desde 32% a 42%. Asimismo, el nivel de 10,8% informado además es el más bajo, menor a la de Uruguay, que pasó de 7,9% a 11,6%, según datos de Cepal.

En las ayudas el gobierno clarificó que el 10% de los retiros no está contemplado como ayuda hacia las personas. “No está contemplado los retiros de los 10% de los fondos de pensiones, porque es un desahorro, no son mayores ingresos, por ende, no está contemplado como contención de la pobreza, porque no es consistente con la metodología, y lo que se contempló con respecto a ayuda es bono Covid y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”.

Desigualdad

Las ayudas monetarias también ayudaron a contener el aumento de la desigualdad, la que subió por segunda medición consecutiva. De acuerdo a los datos de la encuesta, el índice Gini considerando solo los ingresos del trabajo subió de 0,501 a 0,527 (a número más alto más desigualdad), mientras que el Gini de ingresos monetarios, que considera las transferencias estatales, subió de 0,488 a 0,510.

La mayor desigualdad se debió a la fuerte caída de los ingresos laborales de los deciles más bajos. De hecho, solo considerando ese tipo de entradas, la relación entre el ingreso recibido por el 10% de hogares de mayores ingresos y el del 10% de hogares con menores ingresos (índice 10/10) saltó de 39,1 veces a 416,6 veces. En los ingresos autónomos, que considera otras entradas, la relación pasó de 30,8 a 251,3 veces. Pero, en los ingresos monetarios -con las transferencias del Estado- la diferencia fue mucho más acotada, pasando de 17 a 27,4 veces, aunque de todas maneras se produjo un aumento.

El primer decil en 2017 concentraba 2% de la distribución de los ingresos monetarios de los hogares del país, mientras que en la medición actual bajó a 1,3%. Todos los deciles entre el primero y el octavo mostraron bajas en su porcentaje de ingresos, solo el noveno y décimo (lo dos más altos) tuvieron alzas. El noveno pasó de 15,2% a 16,7% y el décimo de 34,1% a 35,2%.

“Si algo está mostrando la Casen en Pandemia es que efectivamente cuando una crisis sanitaria como esta golpea a las familias, golpea a los hogares de todos los quintiles, pero cuando golpea de una forma tan fuerte y tan brusca en la caída de empleos, el golpe sobre los hogares más vulnerables es un golpe que es muy difícil de atenuar. Por lo tanto, más allá que la Red de Protección Social tuvo un rol como el que pudimos ver en los números e indicadores de la misma Cepal, lo cierto es que en la medida en que nosotros no seamos capaces de recuperar esos empleos formales, no vamos a ser capaces probablemente de sacar a esas familias de la pobreza y de la extrema pobreza. Tenemos dos caminos simultáneos: uno de protección directa transversal a las familias con especial visibilidad en los más vulnerables que vamos a mantener por el tiempo que sea necesario, y repensar, probablemente, transferencias directas de protección permanente, como son el Ingreso Mínimo Garantizado”, señaló la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

En una línea similar, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que “lo que necesitamos es crecimiento económico. Las ayudas sociales se van a mantener, pero es importante volver a crecer. Como Gobierno, hemos tratado y hemos buscado mecanismos para crear empleos”.

De hecho, en 2017, cuando el índice Gini subió de 0,482 a 0,488, el factor principal del alza fueron las bajas de crecimiento económico de esos años, alertándose ya en ese momento sobre el impacto que una menor actividad, y una menor creación de empleo, tienen en la desigualdad.