Todos tenemos opiniones críticas respecto de la justicia en materia penal y su eficacia. Molesta que asaltantes de decenas de portonazos salgan libres al día siguiente de ser atrapados; que violadores queden libres y vuelvan a cometer delitos mientras son juzgados; que funcionarios corruptos y quienes los sobornan, tengan penas ridículas; que el narcotráfico controle barrios y poblaciones o que se quemen campos y maquinarias día a día, impunemente.

Mejorar la seguridad de las personas, combatiendo el crimen en todas sus formas, es un tema de interés político, es una necesidad social compartida y urgente. Por lo mismo, obviamente, debe ser una prioridad de cualquier campaña presidencial. Y así lo estamos viendo.

Lo que sorprende es que siendo este un tema de la mayor atención pública sea, sin embargo, abordado con ideas populistas, como es la de introducir el jurado en el procedimiento penal chileno, según proponen un candidato de izquierda y otro de derecha.

El jurado es una institución anglosajona, que todos conocemos por la TV y películas. Más allá de la ficción, su función es que las personas comunes y corrientes puedan conocer los hechos de un caso, ya investigados por un fiscal con la supervisión de un juez instructor, para luego en la fase oral del juicio, pronunciarse sobre si hubo o no un delito. Las pruebas que pueden ver son las que se produjeron y pasaron el examen de rigor del juez, tanto por quien acusa como quien defiende al acusado.

El número de personas del jurado debe ser suficiente para asegurar adecuada representación de la ciudadanía e imparcialidad. Es un deber ciudadano, que consume días y días, que se remunera pero que obliga a las personas a ausentarse de lo que sea que hacen. Las reglas que regulan cómo constituir las listas de jurados son un arte. España se pasó 200 años intentando introducir jurados con una decena de leyes y constituciones, que se prestaron para frustraciones y abusos de todo tipo. Sólo en los últimos 20 años tienen algo que funciona a medias y con crítica abundante.

Lo que cabe preguntarse es ¿qué tiene que ver la introducción del sistema de jurados en la fase de un juicio oral con mejorar la justicia penal en Chile?

La crítica a nuestro sistema no tiene que ver con la calidad o imparcialidad de los fallos cuando se llega a un juicio oral. En nuestro procedimiento un panel de tres jueces dirige el juicio, los fiscales y defensores presentan las pruebas y argumentos que han sido revisados y declarados admisibles en las fases previas. Ambas partes cuentan con derechos adecuados. Los fallos suelen ser bien fundados y cuando no es así, se revisan por los tribunales superiores y se debe repetir el juicio. ¿Para qué se necesita agregar 9 personas comunes y corrientes, dirigidas por un juez a esta etapa del proceso? ¿qué mejora?

Los problemas que percibimos se relacionan con fases previas al juicio oral. Con la incompetencia de la policía y los fiscales para llevar investigaciones que produzcan prueba aceptable. Con jueces de garantía que no consideran que un violador en serie o un ladrón reiterado, sea un peligro para la sociedad. Con que las bases de datos de la PDI, la Fiscalía y Carabineros sean distintas. Con que se llegue a salidas alternativas dudosas por los fiscales.

La justicia, cuando falta, es causa de destrucción social, porque las personas la buscan con mano propia. No juguemos. Los chilenos nos merecemos propuestas serias en esta materia, no fantasías de Hollywood.