El experto tributario de Tax Advisors y presidente de la comisión tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Christian Blanche, valora los acuerdos alcanzados por el gobierno en materia tributaria, desde la perspectiva de enfrentar la crisis actual. Sin embargo, ad portas que se retome la discusión de la reforma, una vez que concluya el debate del Presupuesto 2020, dice que es fundamental que primero se retome el orden.

¿Cómo ve el panorama a poco que se reinicie el trámite de la reforma?

-Obviamente hay un antes y un después de esta crisis. El acuerdo soluciona las dificultades a las pequeñas empresas respecto del impuesto a la renta: mantienen el régimen pyme que se aprobó en la Cámara de Diputados, una tasa de 25% y la posibilidad de tributar sobre base de flujo de caja, con sistema integrado.

¿Qué opina del nuevo impuesto a los activos inmobiliarios?

-Es una medida que puede parecer injusta, porque no se descuenta el crédito inmobiliario. Hay mucha gente que está apalancada y puede que no tenga liquidez para pagar esto. Sin embargo, estamos en una situación crítica, por lo tanto, el gobierno buscó un mecanismo fácil de recaudar que no genere mucha discusión, porque es sobre el avalúo fiscal.

¿Es un buen diseño?

-Me parece bien, sin embargo, no hay que perder de vista que los $400 millones de avalúo fiscal pueden estar distribuido en varias propiedades, que el dueño esté apalancado y no necesariamente tenga un tremendo patrimonio. Es decir, no estamos tocando a los súper ricos, es clase media alta.

Varios parlamentarios han señalado que insistirán en el impuesto a los súper ricos.

-El impuesto al patrimonio es difícil de determinar, porque tienes que tomar los activos de una persona, descontar sus pasivos y valorizar esos activos. ¿Cómo lo haces? Es una de las razones de por qué se eligió que la sobretasa a los bienes inmobiliarios fuese por avalúo fiscal. Si se hubiese aplicado el valor comercial, nos habríamos entrampado en discusiones de cuánto vale, o vernos en la necesidad de hacer estudios de mercado. Entonces, lo primero que pasa con el impuesto a los súper ricos es que es difícil de determinar. Segundo, es un impuesto que hace que el capital escape, y el tercer problema es que a veces tienes el patrimonio, pero no la liquidez.

¿Qué rescata de lo que quedó de la reforma?

-Siempre fui partidario de que la Norma General Antielusión quedara como fue aprobada en 2014. Sé que soy una excepción, pero creo que la vigente es una buena norma. Otra cosa destacable es que se reforzará la Defensoría del Contribuyente, la Dedecon, pero ahí soy partidario de que la norma fuese mucho más allá.

¿En qué sentido?

-Lo primero es que su rol debería ser defender administrativa y judicialmente al contribuyente, no solo orientarlo. Eso significa que debería tener una ley orgánica constitucional y no depender del Ministerio de Hacienda, porque hoy los pequeños contribuyentes carecen de los recursos para contratar a un abogado y defenderse, solo las grandes empresas pueden hacerlo. Además, debería contemplar la posibilidad de que el propio contribuyente presente quejas por mal uso de los recursos públicos, porque gran parte de lo que hoy reclama la gente es que no recibieron el beneficio de los impuestos recaudados, no porque no hubiese recursos, sino porque los recursos fueron mal administrados.

¿Gestión deficiente?

-Según la nueva reforma tributaria, hoy se están aumentando US$2.000 millones que deben repartirse entre todos los pensionados. Pero si ingresan estos US$2.000 millones, entran al aparato del Estado y se enredan en la burocracia, tampoco es solución y de ese tema podría hacerse cargo la Dedecon, teniendo en consideración, además, que dentro de poco tendremos que definir cómo vamos a financiar el gobierno regional, donde había una ley comprometida para octubre y no se envió. Sin embargo, cualquier discusión o acuerdo requiere de algo más fundamental: orden público. Si no se restablece, no hay sistema tributario que resista.