El proyecto que busca consolidar la deuda de las personas ha tenido varios intentos, sin buenos resultados. Un reflejo de ellos es que una década ha pasado desde que ingresó al Congreso la primera iniciativa que buscaba consolidar en un registro único a los deudores de instituciones financieras del país.
Desde entonces, el Banco Central ha reiterado en varios Informes de Estabilidad Financiera la necesidad de contar con esa política. Sin embargo, hasta ahora existe un vacío de información por parte del regulador.
Así, el gobierno ingresó un nuevo proyecto que crea un Registro de Deuda Consolidada, el que sería administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde se obliga a que determinados oferentes bancarios y no bancarios deberán reportar a este nuevo padrón información respecto de las operaciones de crédito de dinero de sus clientes u otras obligaciones de carácter financiero que defina la CMF.
Si bien el proyecto comenzó su discusión en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el martes 4 de enero, con la presentación del presidente del Banco Central, Mario Marcel, los legisladores de la oposición no están para nada de acuerdo con el contenido de la iniciativa, que continúa su tramitación este martes.
Así lo señaló el presidente de la comisión, Jaime Naranjo (PS) quien dijo que “dentro de los parlamentarios de la oposición no percibimos que sea una gran ayuda para los consumidores o deudores, sino más bien es para que el sistema financiero esté informado del registro de la deuda”.
Aunque afirmó que han estado escuchando la opinión de algunos expertos sobre la materia, y que se seguirá haciendo, “el ambiente que hay en entre los parlamentarios de oposición que integran la comisión, no es favorable”, enfatiza y añade que “este registro más que ayudar a los consumidores ayudará al sistema financiero a tener una información más acaba de las personas”.
Para Naranjo, el avanzar en una legislación como esta puede provocar un aumento de la informalidad. “Esto no ayuda a quienes están morosas, sino que más bien es un instrumento para que el sistema financiero tenga información acabada de cada persona. No vemos una función positiva para los consumidores, más que ayudalos los perjudica y el gran beneficiado es el sistema financiero”.
El diputado suma a su argumentación que actualmente el sistema financiero ya maneja bastante información y por ello por qué “le vamos a entregar información adicional que lo único que hará es ponerle dificultades a la capacidad de endeudarse de las personas. Cada uno sabe hasta dónde endeudarse. No es necesario”.
Así, para Naranjo es “es poco probable que avance el proyecto en este gobierno y no creo que el Presidente electo, Gabriel Boric lo impulse”.
El detalle del proyecto
El nuevo proyecto de ley crea un Registro de Deuda Consolidada, el que sería administrado por la CMF. Determinados oferentes bancarios y no bancarios estaría obligados a reportar a este nuevo padrón información respecto de las operaciones de crédito de dinero de sus clientes u otras obligaciones de carácter financiero que defina la CMF.
Así, los reportantes deberán informar a la CMF todas las obligaciones en las que tengan calidad de acreedor, especificando la identidad del deudor, su naturaleza, principales términos y condiciones, plazos, garantías constituidas, estado de cumplimiento y toda otra información relacionada que pueda determinar la CMF, entre otras materias.
Actualmente los bancos, cooperativas de ahorro y crédito con patrimonio fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y las sociedades de apoyo al giro bancario están obligadas a reportar al regulador el monto de los créditos vigentes al día y la mora, otorgados a personas naturales y jurídicas.
Sin embargo, y a pesar de que muchas tarjetas de crédito del retail al estar actualmente controladas por bancos, ya sea por asociaciones o por incorporación de los plásticos a una de estas entidades, además de una serie de normativas emitidas por el regulador, ya están dentro del perímetro de la fiscalización, pero existen una serie de oferentes no bancarios de crédito como emisores de tarjetas, compañías de seguro, proveedores de créditos automotrices y empresas de factoring que no están sujetos a esta obligación y no pueden acceder al mencionado registro.
