El presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, alertó que “no hay atajos para el logro de progresos sociales sostenidos sin crecimiento económico alto y estable”. De esta forma, recalcó en que la combinación de altas expectativas ciudadanas respecto al progreso social y el bajo crecimiento económico potencial “ha creado presiones para implementar políticas de demanda que han deteriorado varios indicadores macroeconómicos”, indicó.
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Rodríguez aseguró en el seminario “Deuda pública en Chile: riesgos y desafíos” que las políticas expansivas de demanda, tales como las implementadas durante la pandemia, generan desequilibrios económicos y reducen aún más el crecimiento potencial. Por lo que el desafío al que se enfrentan las autoridades ahora es “revitalizar estructuralmente el crecimiento económico, y mantener un gasto público sostenible, en particular para las políticas sociales”, manifestó.
Según expuso Rodríguez, estamos en un escenario en el que Chile ha observado una mayor tensión de las finanzas públicas por el incremento de la deuda pública y niveles más bajos de fondos soberanos. “En 2007 la deuda bruta llegó a un mínimo de 3,9% del PIB, mientras que en 2008 los fondos soberanos alcanzaron un máximo de 15,2% y el total de activos del Tesoro Público ascendieron a un 17,1% del producto”, recordó.
“Para 2023, de acuerdo a las estimaciones de Dipres en su último IFP, la deuda bruta habría cerrado en 38,2% del PIB, mientras que el total de activos del Tesoro Público estaría en torno a 4% del producto”, afirmó el presidente de la CFA, reiterando el llamado del consejo a estabilizar la deuda del país.
Asimismo, Rodríguez apuntó a que el mayor stress fiscal también se ha visto reflejado en los recortes de calificación crediticia que nuestro país ha enfrentado, lo que ha provocado alzas del spread soberano y de los costos de financiamiento. Esto “afecta no sólo al Estado, si no que también a hogares y empresas”, expresó.
El CFA ya ha advertido a través de sus informes distintos escenarios de riesgo que podrían presionar aún más las finanzas públicas, en los que la deuda pública sobrepasaría su nivel prudente de 45% del PIB. En esta instancia en particular, el presidente de la entidad enfatizó en el caso del “Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal” (pacto fiscal), específicamente en la implementación del componente de gasto sin contar con su equivalente componente de ingresos en montos y oportunidad.
“Esto podría ocurrir ya sea porque la recaudación efectiva resulte inferior a lo previsto, porque exista menor impacto económico o rezago de las medidas para elevar el crecimiento tendencial, o por una eventual falta de consenso político para implementar medidas de eficiencia y reasignación del gasto”, explicó.
Por otro lado, también señaló que existe una serie de gastos que podrían volverse permanentes golpeando las finanzas públicas como el aumento de la frecuencia de emergencias por el cambio climático, o los gastos de salud por el envejecimiento poblacional y la migración de personas del sistema privado de salud al público.
“El desafío identificado de volver a una senda de sostenibilidad hace necesario revisar las reglas fiscales -y la institucionalidad fiscal en general- para que sean más robustas y colaboren más efectivamente en lograr su objetivo”, remarcó, destacando la reciente incorporación de un nivel prudente de deuda y la regla dual. Sin embargo, también alertó que los desafíos de este tipo de herramientas en otros países han surgido durante su implementación.
“Es importante tener en cuenta que una regla fiscal, incluso fortalecida, por sí sola no será suficiente para garantizar la sostenibilidad. Además, se requiere construir un amplio consenso político sobre la relevancia de la sostenibilidad fiscal para la ciudadanía. Este consenso debe traducirse en fijarse metas exigentes y cumplirlas ex post, tanto de Balance Estructural como en el nivel prudente de deuda. Sin la voluntad política de los distintos actores, no habrá regla que haga el trabajo”, finalizó.