A principios de semana, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó una serie de recomendaciones para ser incorporadas en la discusión de plan fiscal que prepara Hacienda para hacer frente al crisis. Su foco: la sustentabilidad fiscal.
Una de las sugerencias que hizo el CFA para el acuerdo nacional está el incluir un compromiso creíble y transversal para una senda de convergencia estructural, “a un ritmo realista pero exigente”, ¿cuál sería la mejor fórmula?
-No hemos elaborado aún una recomendación numérica. Primero queremos enfatizar la necesidad de lograr un amplio acuerdo sobre la materia. La convergencia tolerable por el país depende mucho de las circunstancias. Si se vuelve a crecer rápidamente, existe espacio para una convergencia más ambiciosa. En un país donde el crecimiento y el empleo crecen muy lentamente, ese espacio es más reducido, y podría requerirse de un apoyo fiscal por un tiempo más extendido. En el marco del acuerdo nacional, el compromiso debe ser conceptual, en el sentido de comprometerse a hacer el máximo esfuerzo que sea posible y que, a la vez, sea compatible con una progresiva normalización de las condiciones de vida de la población más vulnerable.
También se recomienda complementar la regla de balance estructural con metas de convergencia de la deuda neta, a un nivel prudente y sostenible para un país emergente como Chile, ¿Por qué la regla de balance debe ser complementada?
-Primero, resaltamos que la regla de balance estructural debe ser complementada, no descartada. En los últimos años hemos incumplido sistemáticamente las metas de balance estructural, lo cual ha llevado después a fijar nuevas sendas de convergencia, nuevos incumplimientos y así se repite la historia. Pero en el camino, la deuda del Gobierno Central ha seguido creciendo como porcentaje del PIB y se ha deteriorado la percepción de riesgo del país, lo que lleva eventualmente a bajas en la calificación de riesgo. Ello tiene consecuencias adversas para el costo del financiamiento externo del país, el crecimiento económico y la evolución del empleo. Para evitar este tipo de situaciones, se recomienda fijar un límite para la deuda del gobierno, que evite caer en la insolvencia en caso de que la economía enfrente uno o más shocks. El objetivo es que la deuda se mantenga en un nivel sostenible, que deje un espacio para financiar esos shocks, sin caer en la insolvencia. Este tipo de reglas es utilizado por gran parte de los países de la Ocde, pero es importante notar que para países más vulnerables, como los que son dependientes de commodities o tienen instituciones débiles, el espacio a reservar como “colchón” de financiamiento debe ser mayor. Los países desarrollados, que tienen instituciones sólidas, con plena vigencia del Estado de derecho, requieren un menor espacio, y soportan mayores niveles de deuda del gobierno.
¿Es el momento de pensar en cambiar la regla fiscal solo basada en balance y buscar otros parámetros como deuda?
-Nuestra recomendación y también la de la Ocde, es incorporar este tipo de instrumentos a nuestra regla fiscal, como un complemento, para así monitorear tanto variables de flujo (como el BE) como de stock (la deuda bruta o neta). También se puede perfeccionar el resto del instrumental usado en el cálculo del balance estructural, materia que también es parte de nuestra agenda de investigación.
¿El gobierno les consultó sobre esta materia o fue una propuesta netamente surgida del CFA?
-Las recomendaciones para el acuerdo nacional que ha realizado el CFA, las hace en el marco de su mandato legal de contribuir con el manejo responsable de la política fiscal. No hemos tenido conversaciones con la autoridad fiscal al respecto. Pero los organismos internacionales con los cuales nos relacionamos recomiendan este tipo de herramientas, y consideran que su adopción representaría un avance positivo para la institucionalidad fiscal del país.
