Presidente Piñera confirma que en los próximos días se enviarán al Congreso los proyectos de la agenda antiabusos
Se trata de tres iniciativas mediante las cuales se busca entre otras medidas aumentar las sanciones de los casos de colusión.
El Presidente Sebastián Piñera confirmó que en los próximos días el Ejecutivo enviará al Congreso los tres proyectos de ley que conforman la agenda antiabusos que fue anunciada por el Mandatario en cadena nacional a inicios de diciembre.
“Frente a los abusos que se cometen contra algunos, y los privilegios de que disfrutan otros, en los próximos días vamos a enviar al Congreso tres proyectos de ley: el primero para combatir con mayor eficacia los abusos que significan las colusiones, los carteles que abusan de los consumidores y también para combatir y castigar mejor los llamados delitos económicos”, dijo Piñera en el marco de su discurso en la ceremonia de conmemoración de los 30 años de la democracia en Chile.
Asimismo detalló que “el segundo es un proyecto de ley para fortalecer la capacidad del Estado de proteger los derechos de los consumidores, y el tercero es un proyecto de ley para fortalecer la capacidad del Estado de proteger también los derechos de los trabajadores”.
Tal como adelantó el Mandatario en marzo, la agenda contempla fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, organismo público que debe velar por la libre competencia, con nuevas herramientas para prevenir, investigar y denunciar los carteles y las conductas anticompetitivas, herramientas como el alzamiento del secreto bancario y la protección de las pruebas físicas o digitales de conductas anticompetitivas.
Además se aumentarán las sanciones penales con penas de cárcel efectivas, para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos y se elevarán las sanciones penales y las multas para los delitos tributarios, el uso de información privilegiada y la divulgación de información falsa en los mercados financieros.
Se creará la figura del Denunciante Anónimo, para que cualquier ciudadano, en forma anónima o con identidad protegida, pueda denunciar actos de colusión o delitos en el sector público o privado y se establecerá que las empresas que vendan productos al Estado informen en forma transparente la identidad de sus dueños personas naturales.
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