Ex subsecretario de Hacienda por Presupuesto 2023: “Debió haber un menor crecimiento del gasto y mucho mayor estímulo a la inversión”

—El ex subsecretario de Hacienda durante la última etapa del gobierno de Sebastián Piñera y actual Decano de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián (USS), Alejandro Weber, desmenuza las principales claves del Presupuesto 2023 y cuestiona el alza del gasto y sus efectos en la inflación.

¿Cuál es su impresión del diseño del primer presupuesto del gobierno de Gabriel Boric?

Muestra la renuncia del Presidente Boric, al menos en esta ley, a su programa de gobierno, seguramente forzada y a contrapelo por el resultado del plebiscito. Los énfasis no son refundacionales sino contingentes. Es decir, tratan, aunque en forma equivocada, de hacerse cargo de las necesidades de las personas en seguridad, empleo y pensiones. Esta renuncia es una buena señal, aunque transitoria, a la espera de qué pasará con sus reformas estructurales.

El alza del gasto en 4,2%, y aun cuando una parte ya haya sido asimilada, es excesivo y va a presionar los precios al alza. Con todo, es necesario revisarlo en detalle a la luz del compromiso de balance estructural que recién conoceremos el miércoles en el IFP.

Es un presupuesto bastante engañoso. El Presidente en su discurso señaló que el 60% del incremento se usará para pagar la PGU. Pero en esto hay que ser muy claros: simplemente se cumplirá el calendario ya fijado en la ley desde su origen, lo que contempla el pago del beneficio en régimen desde 2023 para 2,3 millones de personas mayores de 65 años, todos los meses, en lugar de la implementación progresiva que debía hacerse el 2022 en su primer año. No hay gestión alguna del actual gobierno ni en aumento de montos ni cobertura.

¿Es un erario que ayuda a disminuir las presiones inflacionarias?

Estamos en estanflación, esta no es una crisis cualquiera, es una enfermedad desconocida y compleja, pero el gobierno insiste en tratarla con recetas añejas. En el semestre móvil terminado en agosto se destruyeron más de 7 mil empleos, los índices de producción industrial y minera han caído en 5% y 7%, respectivamente, en 12 meses, y vamos a cerrar el año con una inflación superior al 12%. El próximo año nuestra economía se contraerá fuertemente y la inversión caerá en torno al 4%. Los hogares hoy sufren por la inflación pero pronto lo harán por la perdida de empleos. La situación es crítica. En este contexto, este presupuesto no ayuda a enfrentar la inflación, pues presionará los precios al alza por el mayor gasto y no ayuda al sector privado a producir más y mejores bienes y servicios para reducir el déficit de cuenta corriente.

¿Permite recuperación económica e inversión?

No permitirá la recuperación de nuestra economía. El gobierno debió haber previsto un menor crecimiento del gasto y mucho mayor estímulo a la inversión. La meta de crear 200 mil nuevos empleos es modesta pero aún así difícil de lograr con una reforma tributaria que ya está frenando la inversión con el solo hecho que se esté discutiendo en el Congreso. Poco puede hacer cualquier Presupuesto contra un golpe de nocaut a la inversión y empleo como la reforma tributaria.

Entre las medidas que el gobierno anunció está un programa especial de inversión en infraestructura. Acá lo importante es la implementación y lamentablemente hemos conocido los retrasos en ejecución presupuestaria de la actual administración. Falta poner la pelota contra el piso con un calendario claro. De las buenas iniciativas destaco es mantener el IFE laboral que ha sido fundamental para recuperar miles de empleos formales en pandemia. Sin embargo, uno esperaría otros instrumentos innovadores para alentar creación de empleo.

¿Qué prioridades quedaron al debe?

El Gobierno ha insistido en la necesidad de aumentar la productividad. Pues bien, se echan de menos medidas más agresivas y al hueso para estimular el desarrollo de la economía digital, las Fintech, o la capacitación de los trabajadores.

Tampoco se observan esfuerzos sustantivos en generar incentivos tributarios para la inversión ni para formalizar a los más de 2,4 millones de personas que hoy están desprotegidas, sin salud ni previsión. Por otro lado, falta un esfuerzo real del Estado por modernizarse, reducir la burocracia y cortar el mal gasto.

El actual oficialismo ha criticado un exceso de gasto en 2021 por las transferencias directas del gobierno de Piñera..

Algunos tienen una memoria muy frágil y conveniente. El 2020 se destruyeron 2 millones de empleos, la pobreza aumentó a 10,8% y la diferencia de ingresos entre el primer y el último decil creció 10 veces. Esa era la realidad en un país con cuarentenas masivas y total incertidumbre sobre el futuro. Por eso la expansión fiscal transitoria de 2020 y 2021 fue absolutamente necesaria para recuperar rápido nuestra economía y los empleos perdidos. Algo de lo que se habla poco: la deuda pública subió 12 puntos, los mismos 12 puntos que aumentó el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, pero sin estallido social y sin pandemia. Por cierto que la recuperación económica fue fuertemente impulsada por el consumo, pero no olvidemos que los tres retiros de los fondos de pensiones inyectaron liquidez por US$50 mil millones, el doble de las transferencias fiscales. Otro gallo cantaría hoy sin los retiros, que dejaron a 4 millones de personas sin fondos, erosionaron nuestro mercado de capitales y sobrecalentaron la demanda interna. Quienes impulsaron con convicción esos retiros, causando un daño enorme, son los mismos que hoy gobiernan y critican las transferencias directas a las familias. Transferencias que fueron de cargo fiscal y no a costa de los ahorros de los trabajadores, como si lo fueron los retiros. Un poco de humildad y de honestidad intelectual serían buenas señales para los chilenos.

¿Se podrían revivir transferencias directas en 2023?

La mejor forma de generar más ingresos permanentes para las familias es con más y mejores empleos. Ahí debe estar puesta toda la energía del Gobierno y lamentablemente no lo está. En pandemia aprendimos que las transferencias directas tienen muchos beneficios: permiten a las personas decidir en qué gastar los recursos, ejerciendo su libertad, y son una forma eficiente de gasto público al no crear más burocracia. Pero debemos ser cuidadosos. Fueron útiles en un contexto en que las personas no podían trabajar por las cuarentenas. En un escenario completamente diferente, de estanflación, las transferencias del Estado deben ser focalizadas en cobertura y acotadas en monto para quienes realmente lo necesiten o para crear los incentivos correctos, como el IFE laboral, que estimulo la recuperación de empleos formales.

Este año el ajuste fiscal fue notorio. ¿Lo está haciendo bien el gobierno?

Seamos claros, el ajuste fiscal se produjo en el Presupuesto de la Nación 2022, aprobado por el Congreso en el gobierno anterior. Fue allí donde el gasto se contrajo un 22,5%, el mayor ajuste del que tengamos registro. Al mismo tiempo, fue en el gobierno anterior que se recuperaron todos los ahorros de los fondos soberanos usados en pandemia y se proyectaron las holguras fiscales por más de US$30.000 millones para los próximos años, lo que fue luego formalmente reconocido por la actual administración. La normalización de la política fiscal fue el hito final de una hoja de ruta trazada por el expresidente Piñera. Luego de ello, lo que ha hecho el gobierno actual es, en hora buena, simplemente cumplir la ley. Adicionalmente, el Estado este año tendrá más ingresos por US$7.000 millones, no precisamente gracias a las acciones del actual gobierno sino que gracias al impulso de arrastre del crecimiento del año pasado.