Presupuesto 2023 superará los US$80 mil millones

El gobierno presentó el proyecto de ley de Presupuestos 2023 con un crecimiento del gasto público de 4,2% en relación a lo proyectado para 2022, lo que se traduce en un aumento del orden de $3 billones (millones de millones), unos US$3.400 millones. De esta manera el erario fiscal del próximo año llegaría a unos $70,7 billones.

De acuerdo con cálculos del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), considerando los supuestos de inflación de 6% promedio para 2023 y un dólar a $850, el monto total del Presupuesto estaría en torno a los US$83.000 millones. Esta cifra es superior a los US$75 mil millones que contempla el actual erario fiscal. Si bien cuando se presentó el año pasado el Presupuesto 2022, se anunció que el monto era de US$82.135 millones, ese nivel se estimó con un dólar menor, de $739, por lo que al ajustar con la divisa actual la cifra arroja los US$75 mil millones proyectados en el Informe de Finanzas Públicas del segundo semestre. Cabe recordar que, en 2021, para el año de la crisis, el gasto público total llegó a los US$101 mil millones.

Esta vez los énfasis están puestos en gasto social, que crece 8%; inversión en infraestructura, con un avance de 5,5%, y seguridad ciudadana, con un alza de 4,4%.

La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, detalló las implicancias del aumento del gasto fiscal. En entrevista con radio Duna este viernes, planteó que con este erario fiscal se iniciará un proceso de normalización en el que Chile volvería a operar en función de los ingresos permanentes.

La personera de gobierno destacó la relevancia que se le dará al gasto social con un alza de 8% y enfatizó en el hecho de que el 60% del aumento del gasto se destinará al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). “Tenemos una brecha respecto a los países desarrollados de gasto público en pensiones y (con este Presupuesto) estamos iniciando un camino a cerrar ese déficit”, sostuvo.

Ahora bien, en cuanto al tamaño del Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), este mayor gasto proyectado llevará a que el peso fiscal suba a alrededor de 26% del PIB -según OCEC-UDP-, considerando que la actividad económica caería del orden de 1% en 2023. Esta cifra se compara con el 24,1% del PIB previsto para este año. Además, excluyendo el año 2021, de crisis pandémica, donde el tamaño fiscal subió hasta 31,7% del PIB, el de 2023 sería el mayor nivel desde al menos 2006.

Cristóbal Gamboni, economista senior del OCEC-UDP, sostuvo que “una relación gasto a PIB sobre 26% es alta”. No obstante, acotó que “es de esperar que la relación gasto a PIB sea permanentemente más alta, por nuevas prestaciones como lo es la Pensión Garantizada Universal (PGU)”.

El excoordinador macroeconómico de Hacienda señaló que “para enfrentar la recesión del próximo año, aumentar el gasto sobre PIB parece correcto”, pero enfatizó que “el desafío está principalmente en la composición de dicho gasto, para que sea reactivador, y en que el crecimiento del gasto sea menor o igual al crecimiento del PIB en los años posteriores a 2023″.

De acuerdo a lo señalado por el gobierno, el Presupuesto tendrá un énfasis en la inversión pública. El gasto total en inversión pública crecerá un 5,5% respecto de la Ley de Presupuestos 2022. Un cambio importante que habrá en este ítem será el hecho de que el Fondo de Emergencia Transitorio pasará a ser un Fondo de Infraestructura para el Desarrollo, donde se entregarán $1,6 billones. De acuerdo, al Ejecutivo, esto permitirá seguir mejorando y construyendo carreteras, puentes y aeropuertos.

Además, se aumentarán en 6,2% los fondos de inversión municipal y en 2,9% la inversión regional que se entrega directamente a los gobiernos regionales, a quienes se les dará mayor flexibilidad y atribuciones en la gestión de los recursos mediante una nueva partida presupuestaria. También alrededor de $403 mil millones de inversión pública serán destinados al Plan Buen Vivir, que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades y habitantes de la Región de La Araucanía y de las Provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío.

Si bien los economistas valoraron este mayor énfasis en inversión pública del erario fiscal, ponen el acento en los problemas que este año ha tenido la ejecución, principalmente de la inversión en regiones. De hecho, de acuerdo al informe de ejecución fiscal a agosto de la Dirección de Presupuestos, los gobiernos regionales ejecutaron un 35,4% de su presupuesto vigente para inversiones, lo que es inferior respecto a lo registrado al mismo mes del año 2021 (46,2%).

Según señala la Dipres, la explicación de la menor ejecución presupuestaria mantiene los argumentos señalados en meses precedentes: un escenario de alzas en los costos a nivel generalizado, y en particular asociado a materiales de construcción. Tanto así que un número importante de proyectos, en condiciones de ser ejecutados al momento de realizar las respectivas propuestas públicas para su licitación terminan declarándose desiertos al quedar subvalorados.

Adicionalmente, afirman que diversas empresas ejecutoras de proyectos de obras civiles han quebrado o han puesto termino anticipado de obras.

Para paliar esta situación, la Subsecretaría de Evaluación Social, a través de un oficio ha implementado medidas que han buscado facilitar una rápida revaluación de iniciativas de inversión, lo cual, según Dipres, debería tener efecto en la ejecución del último cuatrimestre del año. Esta medida permite destrabar aquellas iniciativas que presenten un sobrecosto de hasta un 20% en el caso de los que se evalúan según la metodología de costo-eficiencia. Y para aquellos que se evalúan con criterios costo-beneficio, hay una apertura a reevaluarlos mientras sigan siendo socialmente rentables. Esta misma gestión esperan que permita mejorar el ritmo el próximo año.

Además, dado este escenario, desde el gobierno indicaron que, para acelerar la ejecución de los recursos para la inversión pública en 2023, tomarán otras medidas. Entre ellas, una mayor flexibilidad para que los gobiernos regionales administren sus recursos y puedan de esa manera buscar un mayor gasto presupuestario. Dado ello, deberán rendir cuentas de manera periódica ante el Congreso. Actualmente, estos recursos se asignan a través del Ministerio del Interior.

Otra de las medidas apunta a mejorar la gestión interna de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, quienes son actores claves para la ejecución de estos recursos. En concreto lo que se hará será mejorar los procedimientos, evitando la duplicidad de, por ejemplo, los permisos o trámites para iniciar los proyectos de inversión. Adicionalmente, en algunos casos, los trámites de las modificaciones presupuestarias de los gobiernos regionales requieren varias firmas y toma de razón de la Contraloría, lo cual está siendo revisado de forma de simplificar estos procedimientos para 2023.

“Si se concretan las medidas administrativas contenidas en la agenda proinversión, eso sería significativo. Por otra parte, una identificación temprana de proyectos, junto con un mejor traspaso de información respecto a barreras que la inversión pueda ir enfrentando durante el año, también permitirían alcanzar mayores niveles de ejecución”, subrayó Gamboni.