Presupuesto 2025: Marcel acuerda con parlamentarios recorte de gasto de US$612 millones para viabilizar proyecto

En una nueva extensa jornada, este jueves el gobierno y los parlamentarios fueron acercando posiciones hasta finalmente lograr firmar un protocolo de acuerdo que destrabó y aceleró la votación del proyecto de Ley de Presupuestos 2025 en la Comisión Mixta Especial ad-hoc.

Y si bien durante la sesión, que comenzó a las 9 de la mañana, fueron aprobándose distintas partidas, en paralelo se desarrollaron intensas negociaciones en los pasillos del Congreso Nacional para llegar, ya en la noche, a un pacto marco que terminó por viabilizar el trámite del proyecto.

Así, cerca de las 21 horas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, leyó el texto de 4 páginas. En lo central, el secretario de Estado detalló que habrá un recorte del gasto fiscal previsto para 2025 de $543.539 millones (unos US$612 millones). Esto es más que la primera propuesta que presentó Hacienda a los legisladores el miércoles, que era una rebaja de US$500 millones. “Este ajuste se realizará en la forma de una rebaja de los subtítulos correspondientes a gastos operacionales y transferencias de capital en un porcentaje parejo, más el Tesoro Público, la que se implementará mediante uno o más decretos que el Ministerio de Hacienda deberá emitir dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Con este objetivo se ingresará una indicación que materialice dicho mandato”, explicó el ministro.

Tal recorte excluirá a los servicios de salud, las policías de Carabineros e Investigaciones, Gendarmería sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda. A su vez, con esta rebaja, el crecimiento del gasto para el próximo año, más reajustes y leyes especiales, se reducirá de 2,7% a 2,0% contra la Ley de Presupuestos 2024, ascendiendo ahora a cerca de US$92.400 millones.

Este ajuste del gasto en plena discusión parlamentaria del erario fiscal 2025, se considera “inédita” por parte de varios analistas, puesto que lo usual es que durante el debate legislativo del proyecto de ley se realicen reasignaciones y que los recortes ya sean durante el año en curso.

Además, se estableció que si la evolución de los ingresos en 2025 no sigue la proyección entregada por Hacienda, el gobierno irá contrayendo adicionalmente el gasto durante el ejercicio.

También se incluyó el contar con una asistencia técnica “de un organismo internacional especializado para la revisión y actualización de los modelos de proyección de ingresos, para que entregue una opinión previa sobre la metodología y el cálculo de los ingresos fiscales, antes que se presente la ley de presupuestos”.

El texto señala al respecto que el objetivo será evaluar la metodología de proyección de los ingresos fiscales de corto y mediano plazo, incluyendo los ingresos tributarios mineros y no mineros (o “Resto de Contribuyentes”), y proponer mejoras o metodologías alternativas.

Asimismo, deberá sugerir procesos de validación de información, como revisión de los insumos y supuestos para la proyección. En especial, con el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. Y tendrá que “sugerir metodologías de análisis de sensibilidad ante diferentes escenarios macroeconómicos, con el fin de que las proyecciones sean robustas y permitan analizar los posibles riesgos para su materialización”.

Otro compromiso que se adoptó es que se hará una evaluación del tratamiento de las medidas tributarias en la proyección de ingresos.

Las propuestas que entregue esta asistencia técnica deberán recoger los aportes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y se materializarán, en lo que corresponda, con anterioridad a la presentación del primer Informe de Finanzas Públicas de 2025.

Otro de los ejes que aborda el acuerdo es que en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2025 se actualizará la proyección de ingresos efectivos y estructurales del Gobierno Central, considerando la recaudación efectiva de 2024 y la actualización de proyecciones macroeconómicas para el año. Sobre esta base, la Dirección de Presupuestos determinará el nivel de gastos compatible con el cumplimiento de la meta fiscal del año, correspondiente a –1,1% PIB, y a partir de ahí, los ajustes que se requieran para su logro.

Por último se materializó una indicación sobre el uso de los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que dice que cada vez que el gobierno quiera hacer uso de ese fondo por más de US$1.000 millones, tendrá que haber una autorización de parte del Congreso.

Todos estos cambios, más el resto del “articulado” del Presupuesto 2025, fueron aprobados por la Comisión Mixta Especial de Presupuestos.

Entre los parlamentarios de oposición hubo conformidad por la apertura mostrada por Hacienda. El presidente de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, Felipe Kast (Evópoli), afirmó que “el acuerdo marco, que incluye una rebaja del Presupuesto de US$600 millones para 2025, es un logro importante para la seriedad de las finanzas públicas en Chile. El ministro de Hacienda escuchó al Congreso y al Consejo Fiscal Autónomo, y eso habla bien de su disposición a escuchar”.

Mientras que el senador Juan Antonio Coloma (UDI), apuntó que “era importante en esta discusión poner bordes al Presupuesto. Sabemos que había problemas de cálculos de ingresos y por eso los gastos estaban excedidos. Lo importante era que calzaran los ingresos con los gastos para no tener que recurrir a un mayor endeudamiento”. Y el diputado RN, Frank Sauerbaum, planteó que “nos tranquiliza que el gobierno reflexionara respecto de nuestras aprensiones sobre los ingresos proyectados y el gasto propuesto inicialmente. Se Impuso el sentido común y el cuidado de las finanzas públicas”.

En cambio, en el oficialismo algunos parlamentarios expresaron dudas y críticas por este recorte fiscal. Una de ellas fue la de la senadora Claudia Pascual (PC), a quien no le pareció adecuado el acuerdo y, por ende, dijo que lo debe revisar más en detalle. Misma visión entregó el diputado DC, Ricardo Cifuentes, quien cuestionó la falta de detalles sobre dónde se concretarán esos ajustes.

Sin embargo, el diputado Jaime Naranjo (PS) afirmó que “es un buen acuerdo marco” y dijo que “nosotros no tenemos problemas en bajar los gastos, pero no estamos disponibles para bajarlos en aquellas áreas que dejen pendiente el pago de la deuda social”.

Y desde el Frente Amplio el senador Juan Ignacio Latorre también lo valoró y lo definió como “un buen acuerdo marco”. En ese sentido, apuntó que “este gobierno ha sido responsable en contener la deuda pública y reducir el déficit fiscal. El aumento de gasto está relacionado con prioridades ciudadanas como seguridad, salud, vivienda, entre otras. Por tanto, cualquier reducción de gasto no debe afectar áreas críticas y sensibles para la implementación de políticas públicas”.

El miércoles las partidas de Presidencia, Congreso, Contraloría, Servel, Relaciones Exteriores, Energía y Secretaría General de la Presidencia fueron despachadas sin mayores controversias. En la partida de Segpres, que tiene una reducción de 49% de presupuesto, se rechazó el Plan Buen Vivir por un estrecho margen.

La discusión se centró en Bienes Nacionales y Minería que igualmente fueron despachadas con algunos cambios. En Minería el debate se concentró en los recursos para la pequeña minería y el desarrollo del litio.

Quedaron pendientes Deporte, Transporte y Comunicaciones y Hacienda a la espera de la votación de indicaciones como la revisión del subtítulo 21 relacionado a nuevas contrataciones en Deporte y los recursos del Transantiago en Transporte.

Este jueves comenzó con la discusión y votación de la partida de Economía, que fue despachada con 19 votos a favor y 2 en contra. No obstante, se rechazaron las asignaciones para el programa de oficina de grandes proyectos y los recursos para el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec). La discusión en esa partida estuvo centrada en la eficiencia de los programas de recuperación para las Pymes y ayuda a emprendedores.

Junto con Economía también se despacharon los presupuestos para los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Desarrollo Social, Vivienda, Poder Judicial, Ministerio Público, Justicia y Ministerio de la Mujer. La partida de Salud se despachó con recortes presupuestarios significativos.

Las controversias se centraron en las partidas de Desarrollo Social y Defensa. La votación del presupuesto del Ministerio de Defensa tuvo que ser repetida dos veces y finalmente se rechazó el presupuesto planteado. Hasta el cierre de esta edición se mantenía la discusión de las últimas partidas, ya que el compromiso era votar hasta total despacho.