Los grandes damnificados del Presupuesto el próximo año serán los Carabineros ya que la Comisión Mixta rechazó definitivamente disponer de gastos reservados para dicha institución.
La historia es intrincada. La Cámara había aprobado la entrega de casi $ 500 millones de gastos reservados a Carabineros, pero justo cuando pasó el proyecto al Senado ocurrió la muerte de Camilo Catrillanca, lo que llevó a los legisladores a rebajar tal ítem a $1.000 y US$1.
El lunes el gobierno llegó a un acuerdo con la bancada DC para sumarse a los votos del oficialismo y por 87 votos se rechazara el cambio del Senado y el tema se revisara en la Comisión Mixta donde el Ejecutivo propondría dejar esta partida en el piso de $343 millones.
Pero en esta instancia reunida ayer en la tarde no hubo agua en la piscina: "Le dijimos que nosotros no éramos parte de ningún acuerdo y para evitarse una derrota, el Ministerio de Hacienda decidió no proponer su solución", explicó el senador Jorge Pizarro (DC).
Entonces se votó la norma original de la Cámara ($500 millones) y se rechazó. "Ahora, si el gobierno quiere entregarles ese monto deberá reasignarlo de otra partida, pero eso es un problema de ellos", recalcó el legislador.
Lo que sí se repuso en la Mixta fueron los gastos reservados para el Ejército por $1.444 millones y US$2,2 millones.
Otro tema que no prosperó, pese a la insistencia de los diputados, fue la idea de que los otros poderes del Estado y los organismos autónomos pudieran disponer libremente de sus erarios sin solicitar la autorización de la Dirección de Presupuesto para las asignaciones.
Se mantuvo también la propuesta del Senado en la partida de Educación para permitir el uso del Fondo Solidario del Crédito Universitario para otorgar becas internas o créditos especiales para estudiantes que pierdan beneficios estudiantiles regulares como la gratuidad.
En la jornada de miércoles la Cámara de Diputados y el Senado deberán aprobar o rechazar el informe de la Comisión Mixta en su conjunto. Tanto si se aprueba como si se rechaza, se da por despachado el proyecto de ley, dado que se cumple el plazo legal de 60 días para su tramitación.