Presupuesto 2024: Javiera Martínez sortea primera valla en el Congreso al presentar normas que regulan traspaso de recursos a privados

“Primero nobleza obliga cuando uno hace la crítica, pero también cuando se hizo un trabajo profundo. Así que felicito a la directora por este trabajo, por esta presentación. Eso hay que decirlo”, afirmó el diputado de RN, Miguel Mellado, luego de escuchar la presentación que hizo la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos donde abordó los cambios normativos para transferencias a privados que estarán en la ley de Presupuestos 2024.

Esa frase marca el tono del debate y las interacciones que hubo en la sesión de este miércoles que se alejan de la tensa discusión de hace una semana en la sala de la Cámara de Diputados. En esta ocasión no hubo críticas políticas, sino que más bien la discusión se centró en el fondo de los cambios propuestos.

Es más, uno de los más críticos al rol de Martínez ha sido el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, sin embargo, en esta ocasión no emitió juicio alguno y sus interrogantes se concentraron en las propuestas. “Respecto a lo que pasa en las situaciones de emergencias nos preocupa lo que pasa con las asignaciones directas, ya que eso si requiere excepcionalidad para enfrentarlas”. El senador UDI, David Sandoval también se sumó “a los parabienes a los cambios” que están experimentando la norma”.

El diputado Republicano, Agustín Romero, puso el acento en las medidas relacionadas con las inhabilidades de los funcionarios publicos para participar en estas transferencias. “Hoy se habla de funcionarios públicos y no queda claro si eso corre para que los asesores de gobierno no entren en esta norma de probidad. Yo hice la pregunta, pero no me la respondieron y es algo que quedó pendiente y para nosotros es un flanco abierto que se debe cerrar”, subraya.

Martínez si bien estuvo acompañada durante la primera parte de su presentación por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ella fue la que expuso la totalidad de los cambios a las normas e incluso hubo bromas sobre la rapidez en que realizaba la presentación. “Eso mismo me decían cuando tenía que exponer en la universidad”, dijo la directora entre risas.

De esta manera, Martínez pasó la primera valla en la discusión del presupuesto que se anticipaba compleja y más crispada de lo habitual dado todos los problemas del traspaso de recursos a privados. Sin embargo, hubo un consenso entre oposición y oficialismo de que los cambios propuestas van en la dirección correcta para asegurar un mejor control.

Ya en los temas del presupuesto propiamente tal, la directora de Presupuestos detalló que se proponen más de 1.000 cambios normativos para elevar los estándares en el uso de los recursos públicos, sumando las modificaciones al articulado, a las glosas y en la reclasificación del gasto público.

Así, una de las principales transformaciones son los cambios introducidos en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos, que establece que el concurso es obligatorio para la asignación de recursos mediante transferencias corrientes a instituciones privadas, pero que actualmente permite que se generaren excepciones. Evidencia de ello es un levantamiento de información que identificó 163 glosas que habilitan la ejecución de programas determinados mediante contrato o convenios con entidades públicas o privadas.

“El proyecto de ley para 2024 refuerza contundentemente el artículo 23 ( que regula las transferencias) e incorpora nuevos artículos relacionados. Uno de los principales cambios es que a partir de 2024 se terminará con las asignaciones directas excepto por las que estén explícitas en la Ley, ya que el mismo artículo 23 señala que concurso será obligatorio para realizar cualquier transferencia a una institución privada, sea de capital o corriente”, dijo Martínez.

Se sumará también la regulación a convenios. En este caso, según explicó la Dipres, se trata del artículo 24 en el proyecto de ley, que establecerá los requisitos que deberán cumplir los convenios de transferencias, diferenciando entre beneficiario final de una transferencia (como una junta de vecinos) y ejecutor directo (mandatado por el servicio para la ejecución de un programa). A estos últimos, se les incluyen obligaciones como la garantía, dos años de antigüedad mínimo, el cumplimiento de hitos para las transferencias, la limitación de la subcontratación solo para objetos secundarios del convenio, y la prohibición de fraccionamiento.

En la misma línea de la concursabilidad y convenios para las transferencias corrientes y de capital a privados, se regula el contenido de los convenios, se exige el reintegro de los saldos no ejecutados y se establecen normativas para la inhabilitación de funcionarios públicos en casos donde existan vínculos con la contraparte (artículo 26).

Martínez argumentó que “lo que se hace con estas modificaciones es seguir la recomendación de la Comisión de probidad en cuanto a buscar asimilar lo más posible la transferencia a instituciones privadas sin fines de lucro desde el Estado con respecto a la Ley de Compras Públicas que mandata las licitaciones competitivas, procesos abiertos, transparentes, pero también cuando se tienen que inhabilitar funcionarios públicos de concursos que están haciendo sus servicios”.

Respecto a las glosas presupuestarias, el proyecto 2024 considera la remisión a la norma general (artículos 23, 24, 25 y 26) a todas las glosas de transferencias. Con esto, según afirmó Martínez, se eliminan autorizaciones de tratos directos por glosa, se racionalizaron las excepciones por glosas a transferencias que no estaban acorde con el clasificador presupuestario y se mantienen excepciones solo para glosas vinculadas a emergencias.

Además, la directora explicó que la reclasificación del gasto se realizó para que sea concordante el objeto del gasto que se ejecuta con la clasificación presupuestaria correspondiente. Los gastos corrientes, como gastos en personal y/o en bienes y servicios de consumo que estaban siendo ejecutados en algunas transferencias corrientes, de capital o de inversión, fueron reclasificados al concepto de gasto correspondiente; y se diferenció claramente entre transferencias a entidades privadas y a otras entidades públicas.

En cuanto a los Gobiernos Regionales, la ley establecerá la concursabilidad como norma general, sin excepciones y eliminando la asignación directa.