Un panorama actualizado de las inversiones en proyectos de infraestructura hídrica en el país ofrece el primer catastro de proyectos de desalación y reúso de aguas, confeccionado en forma conjunta por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades).

El levantamiento de información arrojó que, actualmente, a nivel nacional existen 24 plantas desaladoras de agua de mar de tamaño industrial, con una capacidad superior de producción de agua más de 20 litros por segundo, que, en total, suman una capacidad instalada de 10.500 litros por segundo (l/s).

Entre ellas destacan la planta más grande de América, operada por Minera Escondida, con capacidad para producir 3.858 l/s; la planta desaladora de Econssa operada por Aguas Nuevas en Caldera; y la planta de Aguas CAP que abastece operaciones mineras, consumo humano y riego agrícola.

Sin embargo, el catastro también da cuenta de los proyectos e iniciativas que integran tecnologías avanzadas para el reúso y la desalación de agua de mar, así como sistemas de transporte eficientes para traslado del recurso hídrico, y que buscan incrementar esa capacidad actual.

A enero de 2025 se registran 34 proyectos en etapas de ingeniería o construcción relacionados con el reúso de aguas servidas tratadas, la extracción y transporte de agua salina y la desalación de agua de mar, entre otros. En conjunto, los 34 proyectos representan una inversión total estimada de US$ 19.054 millones, y la utilización y/o transporte de 38.864 l/s. De ellos, once están directamente relacionados con la minería, otros once con la generación de hidrógeno o amoníaco verde, ocho con fines multipropósitos y sólo 4 con el consumo humano, aunque uno igualmente es multipropósito.

Los resultados del catastro suponen como diagnóstico de “un sector económico dinámico”, dijo Rafael Palacios Prado, director ejecutivo de Acades, remarcando que “en un país que crece al 1% no son muchos los sectores que están realizando proyectos y al mismo tiempo mostrando de parte de inversionistas extranjeros y locales, interés por seguir desarrollando este tipo de infraestructura”.

Y aunque admite que los montos de inversión “no son grandes cifras”, afirmó que “tampoco es despreciable, sobre todo considerando que el agua finalmente es habilitante para otras industrias”. En esa línea, sostiene que “gran parte de la cartera minera de inversión está apalancada en que estos proyectos se lleven a cabo”.

Sobre consumo humano, remarcó que el éxito de las empresas sanitarias al momento de dar cobertura a gran parte del territorio nacional “no implica que, si uno hace una proyección, es muy probable que algunas ciudades, en el mediano, algunas en el corto, otras en el mediano plazo, tengan que incorporar plantas desaladoras en su suministro”.

En eso, recordó la planta desaladora de Coquimbo que está licitando la Dirección General de Concesiones, pero también otras, como en Valparaíso.

Al mirar por ubicación geográfica, la mayor parte de los proyectos catastrados se concentran en la Región de Antofagasta, principalmente por las iniciativas ligadas a la minería, pero además por usos para hidrógeno verde.

Hacia adelante, Palacios plantea que hay dos tendencias que ya se están viendo a nivel mundial, y que debieran tener su correlato en Chile. “Por un lado, los proyectos existentes deberían agrandarse. Y, por otro, también podemos ver que los proyectos son cada vez mayores”, afirma.

Y ejemplifica. “Acá va a pasar con Aguas Pacífico, un proyecto de 1.000 litros por segundo, que acaba de ingresar un Estudio de Impacto Ambiental para ampliarse al doble, 2.000 litros por segundo”, y agrega que “eso es algo que yo creo que vamos a seguir viendo, que las instalaciones existentes se amplíen en la medida que puedan entregar agua a distintos clientes”.

Sobre el mayor tamaño de los proyectos, sostiene que ello apunta a “economías de escala” que permiten reducir el costo del litro de agua.

Así, remarca que la mayor parte de los proyectos migrarían hacia usos multipropósito. “A medida que los proyectos se agrandan, van siendo multiclientes. Y, por lo tanto, puedes tener un cliente de ancla minero y, al mismo tiempo, una sanitaria. Actualmente, el principal desafío que todavía nos queda es tener un offtake, que sea una operación agrícola”, agrega Palacios.

Un aspecto que sigue complicando el despliegue de la industria de desalación en el país son los largos tiempos de tramitación de permisos, tanto ambientales como sectoriales.. En esa línea, Palacios plantea que “la mayor parte de los proyectos de este catastro ya deben tener al menos presentada la solicitud de concesión marítima”, trámite que puede llegar a tardar ocho años.

Consultado sobre las iniciativas de ley que buscan acelerar la tramitación de este tipo de permisos, Palacios dice que “hasta el momento, según la situación actual, más bien obstaculizan y demoran las autorizaciones no ambientales”.

“Yo diría que la situación se ve igual o un poquito peor”, agregó, y remarcó que “se necesita una legislación o una iniciativa que pueda fortalecer la certeza jurídica de estas inversiones y ojalá acelerarlas”.

En esa línea, desestima que la idea del Ministerio de Economía de tramitar en forma paralela las autorizaciones sectoriales -y no secuencialmente- pueda reducir drásticamente los tiempos que toma conseguir dichos permisos, que para las desaladoras son al menos 20 autorizaciones distintas. Y ejemplifica: “Aún cuando tú puedas hacerlas en paralelo, el inversionista que es más adverso al riesgo va a optar de todas formas por hacerlo secuencial. Porque, por ejemplo, si tú no tienes la concesión marítima, tú no vas a invertir en hacer una línea de base en un lugar que todavía no sabes si vas a hacer tu proyecto o no”.