Primer revés para Motta en nuevo juicio por caso Cascada: Daza sigue en el juego

A las 9:00 horas de este viernes comenzó el nuevo juicio oral contra Aldo Motta Camp en la arista penal del bullado caso Cascada. Y tanto la defensa de Motta como el Ministerio Público y los querellantes llegaron con equipo completo.

Incluso el propio exgerente general de las sociedades que componen la cascada a través de la que Julio Ponce participa como accionista de SQM se hizo presente en el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

Antes de que se iniciara el juicio, se resolvió la solicitud de la defensa de Motta de quitar la legitimación activa al querellante Roberto Lobos, quien ha sido representado por el estudio de abogados de Mauricio Daza, Horvath, Daza, Farachi y Orthusteguy (HDFO). Lo anterior, pues acusan que es un querellante instrumental y que, en vista de que hay más querellantes, atenta contra la igualdad de armas.

Tras poco más de una hora de argumentaciones de las partes y con un receso de media hora entre medio, el juez presidente del tribunal, Cristián Soto, comunicó que resolvieron rechazar la petición de cautela de garantía de Motta.

El juez argumentó que para resguardar la igualdad de armas "hay otras formas de hacerlo y, como se ha dicho en este debate, es a través de la Dirección de Disciplina que tiene el tribunal para poder regular el debate y estar preocupado".

También rechazó la petición subsidiaria de establecer que los querellantes AFP Habitat y Lobos tuvieran a un único procurador que los defendiera a ambos.

Uno de los argumentos que había entregado previamente la defensa de Motta es que Lobos no tiene la calidad de víctima, ya que compró acciones en las sociedades cascadas en 2012, siete meses después de las últimas operaciones cuestionadas. Y que las adquirió con el único fin de querellarse.

"¿Por qué se instrumentaliza a Roberto Lobos? Es un hecho conocido y está en la base de datos del Poder Judicial que los abogados, los hoy día ocho apoderados de Roberto Lobos, son precisamente los abogados históricos de un empresario enemigo número 1 de SQM: Francisco Javier Errázuriz", cuestionó el abogado Marcelo Sanfeliú.

Tras comunicar esta decisión, el juez procedió a leer la apertura de autos del litigio, comenzando con la acusación del Ministerio Público, que acusa a Motta de los delitos de entrega de información falsa, de instrumentalizar el mercado y de abuso de posición dominante. A su vez, los alegatos de las partes quedaron para la próxima semana.

Como el juicio y la condena contra Motta fueron anulados, el nuevo juicio oral parte de cero. Por esa razón, se considerarán todos los hechos por los cuales el Ministerio Público lo formalizó, los que consisten en siete y conforman dos grupos.

El primer grupo de hechos tiene relación con seis casos de operaciones ficticias, simuladas o engañosas, que según la acusación de la Fiscalía tenían como objetivo "generar utilidades contables, aún a costa de provocar una necesaria y posterior pérdida financiera a la compañía o sociedad que realizaba las transacciones, finalidad para la cual se instrumentalizó el mercado de valores". El primer caso, se remonta a a diciembre de 2009, cuando Motta instruyó que Pampa Calichera comprara acciones de SQM-B y las vendiera dos días después. Lo anterior habría generado a la primera sociedad una utilidad contable ficticia y engañosa, así como una pérdida de caja cercana a $630 millones.

El caso 2 tuvo lugar en marzo de 2010. De acuerdo a la imputación, con el fin de generar utilidades contables Motta compró y vendió acciones de SQM-B con apenas cinco días de diferencia, donde provocó un perjuicio para dicha compañía de $267 millones. A pesar de esa pérdida, las operaciones habrían permitido aparentar una utilidad contable ficticia, equivalente al 70% de las ganancias obtenidas por ventas de acciones realizadas en el primer trimestre de ese año.

Al mes siguiente, el exejecutivo de las sociedades cascada compró y vendió acciones de SQM-B por Pampa Calichera con seis días de diferencia, lo que provocó utilidades contables para la empresa, pero a costa de una pérdida financiera de $130 millones.

El caso 4 corresponde a operaciones realizadas entre Pampa Calichera y Oro Blanco respecto de acciones de SQM-A, entre diciembre de 2010 y enero de 2011. En este sentido, la Fiscalía acusó que ambas compañías se compraron y vendieron títulos de la serie A de la minera no metálica en la Bolsa Electrónica, a través de múltiples operaciones directas con difusión de tres minutos y que fueron intermediadas por LarrainVial, con condiciones de pago que implicaron que las operaciones se liquidaran el mismo día. La acusación consigna que fueron realizadas "con la misma finalidad de los casos anteriores, esto es, simular millonarias utilidades contables, pero en este caso, sin que hubiere existido la voluntad real de transferir el dominio de las acciones SQM-A que fueron objeto de estas operaciones".

Otras transacciones que se le cuestionan a Motta dicen relación con la denominada arista Linzor. El 29 de marzo de 2011, en representación de Global Mining, una filial de Pampa Calichera, Motta vendió 5 millones de acciones de SQM-A al fondo de inversión Linzor. A su vez, este último enajenó dichos títulos el mismo día y con unos minutos de diferencia a Oro Blanco, sociedad que previamente obtuvo un crédito por hasta US$300 millones de Pampa Calichera, con el único fin de adquirir acciones de SQM-A, cita el documento de la Fiscalía.

Y el caso 6 apunta al supuesto nexo de Motta con Julio Ponce dentro del esquema. En 2011, Norte Grande y Oro Blanco transfirieron a precios promedio más bajos que el precio de mercado cerca de 136 millones de acciones Pampa Calichera-A hacia sociedades vinculadas y relacionadas al controlador de ellas, Ponce, para luego recomprar el mismo número de títulos a un precio mayor. Esto generó ganancias a estas últimas empresas y causó un perjuicio a las sociedades cascadas por 45.600 millones de pesos.

A su vez, el segundo grupo de hechos apunta a que Motta habría falsificado una serie de actas de sesiones de directorio de Pampa Calichera y Oro Blanco que entregó en 2012 a la entonces SVS.

Durante el primer juicio a Motta, el tribunal absolvió al exejecutivo de los casos 1, 2, 3 y de la falsificación de actas, mientras que lo consideró culpable de los otros tres casos, lo que para algunas fuentes ligadas al caso podría entregar ciertas señales para el litigio que recién comienza.